Editorial: Peña Nieto en el ojo del huracán

El combate a la mafia del narcotráfico requiere las armas más sofistiscadas, la tecnologia más avanzada para poder rastrear a los peores delincuentes. El problema es cuando los gobiernos deciden usarlas contra sus críticos internos.

Este parece ser el caso de México. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto lo niega, exige pruebas mostrando que existió un espionaje interno en contra de periodistas, abogados de derechos humanos y activistas en contra de la corrupción.

La credibilidad del mandatario está por los suelos. Como respuesta adecuada se necesita más acción que un rápido desmentido.

El informe: “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores humanos” publicado en parte por el New York Times, es un relato de cómo la investigación del uso de un programa maligno o malware, llamado Pegasus, en contra del activista Ahmed Mansoor, de los Emiratos Arabes, desembocó en la denuncia de la utilización de este programa en México.

El malware envía mensajes de texto desde sitios de internet falsos y cuando el usuario hace clic, se instala en el teléfono móvil. Citizen Lab de la Universidad de Toronto, reconoció que una gran cantidad de estos sitios falsos estaban registrados en México durante la investigación del caso de Mansoor.

Un estudio posterior realizado por la organización de libertad de prensa Article 9, de R3D y Social Tic, identificaron las intercepciones realizadas a cinco periodistas incluyendo a Carmen Aristegui, a su hijo menor, y a Carlos Loret de Mola. A tres personas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dos del Instituto Mexicano para la Competitividad y dos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Los espiados tenían los casos de los 43 normalistas desaparecidos, de la ejecución de Tlatlaya y los sobrevivientes de Atenco. El resto denunciaba corrupción en México, ya sea como la presidencial con la “casa blanca”, en transparencia para la rendición de cuentas en órganos del gobierno y los casos de corrupción e impunidad en sistemas públicos y privados de México.

Según el estudio, se sabe que todos ellos recibieron la mayoría de los mensajes con malware en momentos críticos, cuando trabajaban con temas del gobierno federal.

Además, se conocen las entidades del gobierno federal que han comprado este programa, como la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. En México hay buena clientela para este malware, además de los mencionados.

Es importante aclarar quién manejó este espionaje o los motivos por los cuales es incierto que lo haya realizado el gobierno.

Si alguien lo ha hecho a espaldas de Los Pinos, es un interés de Peña Nieto investigar quién fue. El mandatario es el que queda mal cuando se espía a los periodistas que denunciaron el caso de la “casa blanca”.