Editorial: Fraude inexistente

La Comisión para la Integridad Electoral nombrada por el presidente Donald Trump busca demostrar que el fraude en las urnas es tan grande que le robó la posibilidad de ganar el voto popular en 2016.

Este panel tiene la misión de confirmar un problema gigantesco que no existe. De ratificar que en noviembre pasado más de tres millones de votos recibidos por la candidata demócrata Hillary Clinton provinieron de votantes que no eran ciudadanos o que votaron en varios estados, entre otros motivos.

No hay ningún motivo para pensar en eso, más allá de un presidente cuyo ego le impide reconocer que puede perder en algún momento, incluso cuando ganó la Casa Blanca. De alguien que tampoco desperdicia oportunidad alguna para culpar a indocumentados e inmigrantes de las frustraciones, incluso cuando son personales.

Los autores de los reportes que se utilizan para argumentar que el fraude electoral es un problema, han denunciado las malas interpretaciones de su trabajo. Pero igual se repiten esas conclusiones por individuos que detrás del argumento del fraude, quieren ganar elecciones frenando el acceso al voto a los más pobres y a las minorías.

La Comisión está a cargo del secretario de Estado de Kansas, Bob Kobach, uno de los principales en culpar a los inmigrantes de fraude. Junto a él está Hans von Sapkovsky, un analista del Instituto Heritage con un historial de bloquear el derecho al voto. Este es un ejemplo de lo que se encuentra entre los 10 integrantes del panel.

Ellos son como pescadores en un lago donde no hay peces. Por eso lanzaron una red gigantesca pidiendo a los Estados los padrones electorales, los nombres de los votantes, las direcciones, afiliaciones políticas, prontuarios, historial de votación y los últimos cuatro números del Seguro Social. La esperanza es que algo caiga.

Esta es una acción sin precedentes y temible en manos dedicadas a bloquear el ejercicio de la democracia, aunque se aclare que solo pide información pública.

Por fortuna, hay una gran cantidad de estados que se niegan a proveer esta información.

La Comisión, tanto por sus integrantes como por su misión, no merecen la confianza para recibir esta información. Estos datos pueden ser manipulados para descalificar votantes y para obstaculizar el acceso a las urnas a determinados electores.

El presionar a los estados diciendo que no la dan porque tienen algo que esconder, ignora que hasta el procedimiento seguido fue inadecuado para estos casos.

El almacenamiento de estos datos, que están diseminados en 50 fuentes distintas, en un solo sitio, también los expone a ser hackeados.

Hay muchos aspectos por corregir e investigar en el proceso electoral, desde el voto por correo a la influencia rusa. Eso no le interesa a esta comisión porque su único propósito es reforzar al presidente y perjudicar a su oposición electoral.