Corrupción se extiende a todos los niveles de gobierno en México

MÉXICO.- En las últimas horas, un presidente municipal fue arrestado por la Marina y la Procuraduría General de la República (PGR), el alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales, por robo de combustible para lucro; tres expolicías de El Salto, Jalisco, condenados a 15 años de prisión; y el exsubdirector veracruzano, Isaías Salas, detenido por fraude.

Los hechos son de un tirón una muestra del grado de corrupción que ha venido documentando en crecimiento tanto la PGR, la Auditoría Superior de la Federación, y de los cuales da cuenta económica la Secretaría de la Función Pública con la publicación de cifras.

En 2015, detectó montos de manejo ilícito de recursos públicos por parte de burócratas por alrededor de US$14 millones de dólares. Este año, el monto detectado es por US$42 millones de dólares, pero, ¡sólo en la suma de enero a junio!, según un documento de la Secretaría de la Función Pública.

“La falla de la justicia mexicana que desemboca en el incremento de los delitos de cualquier tipo es que casi siempre actúa de manera política, es decir, que no persigue de manera sistemática a los corruptos, sino sólo a algunos como chivos expiatorios”, observó el analista político Jorge Romero, de la Universidad Autónoma Metropolitana.

El arresto de Morales, por ejemplo, se da tras un enfrentamiento en el municipio entre ladrones de combustible (huachicoleros, según la jerga local) el pasado mes de mayo, que concluyó con un muerto y decenas de heridos y detenidos.

Se supo entonces, por atención de la Secretaría de Hacienda, que el alcalde y sus hermanos tenían una red de gasolineras ilegales para vender el botín.

Como éste, otros casos han sido prioritariamente atendidos para matizar escándalos en la opinión pública, pero muchos otros siguen en espera.

El diputado federal Juan Carlos Ruiz calcula que sólo tienen la sanción correspondiente tres de cada 10 funcionarios acusados de corrupción: violación a las leyes y a la normatividad presupuestal; a los procedimientos para las contrataciones; cohecho, extorsión y uso indebido de funciones.

“Hay una falta de acción tanto de la PGR como de la SFP para recuperar los activos por actos de corrupción detectados”, dijo. “En 2015 sólo se recuperó el 26% del total de desvíos de la cuenta pública”.

Para este año la mayoría de las dependencias de gobierno registradas por la SFP suman al menos un funcionario que ha sido inhabilitado, suspendido o destituido por presuntos actos de corrupción que van de los US$15 dólares en el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, a los US$14 millones de dólares por parte de 65 funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.