Legisladores de California rechazan medidas para contar y analizar pruebas de ADN en casos de violación
Defensores de víctimas de delitos sexuales han identificado 8,998 pruebas que han quedado en el olvido
Se estima que hay cientos de miles de "rape kits" almacenados en departamentos de policía y laboratorios forenses a lo largo del país. Crédito: Archivo | La Opinión
Cada año, miles de víctimas de violación son sometidas a exámenes forenses exhaustivos con fin de encontrar el ADN dejado atrás por el agresor.
Estas pruebas de violación sexual pueden durar varias horas, periodo durante el cual la víctima es examinada de pies a cabeza. Además de muestras biológicas, las autoridades también toman fotografías de cualquier herida. A la información recopilada se le refiere en inglés como rape kit .
Aunque el ADN conforma solo parte de la evidencia en una investigación, las autoridades lo pueden utilizar para identificar al agresor. Incluso, el ADN puede ayudar a conectar crímenes, revelando delincuentes reincidentes. Un informe realizado por el Departamento de Justicia, por ejemplo, reveló que la ciudad de Detroit logró identificar a más de 400 violadores seriales después de someter a investigación sus rape kits almacenados.
No obstante, no todos los exámenes son evaluados por las autoridades.
Defensores de víctimas de delitos sexuales estiman que hay cientos de miles de estos exámenes almacenados en departamentos de policía y laboratorios forenses a lo largo del país. En el estado de California, la Fundación Joyful Heart ha identificado 8,998 exámenes que han quedado en el olvido. La cantidad precisa, sin embargo, se desconoce debido a que la mayoría de estados, incluyendo California, no llevan un registro de los rape kits.
Las autoridades pueden optar por no analizar los exámenes por varias razones. Puede que el caso se resuelva sin necesidad de más evidencia, que la víctima y el atacante concuerden que el delito no se llevó a cabo, o que los agentes no lo estimen de gran prioridad. Pero la decisión también puede ser cuestión de dinero, ya que la evaluación de cada rape kit puede costar de $500 a $1,500 dólares.
En California, las medidas legislativas para contar o someter los exámenes a análisis han fracasado repetidamente. La oposición a estas propuestas ha sido encabezada por cabilderos de las fuerzas policiales, quienes siempre alegan que realizar los análisis agotaría los presupuestos de las agencias. Este año podría ser igual a los anteriores.
En marzo, el asambleísta David Chiu (D- San Francisco) presentó una propuesta de ley que obligaría a las autoridades a llevar un registro de los rape kits. A pesar de que no tendrían que someterlos a análisis, la Asociación de Sheriffs del Estado de California se opone a la propuesta, diciendo que la carga financiera sería demasiada onerosa—aunque ese costo probablemente sería reembolsado por el estado.
Los legisladores del Senado han puesto la medida de Chiu en el comité de apropiaciones, donde dos medidas parecidas fueron eliminadas anteriormente.
Asimismo, la AB 132 de la asambleísta Lorena González Fletcher (D- San Diego) prohibiría la destrucción de rape kits de casos pendientes por hasta 20 años.
Estando al tanto del reclamo habitual de la oposición, el asambleísta Evan Low (D-Campbell) presentó la AB 280, la cual busca una forma alternativa de financiar el análisis de los rape kits almacenados. De ser aprobada, cuando una persona presente su declaración de impuestos, tendrá la opción de donar directamente a una reserva para pagar por los análisis.
Esta idea, sin embargo, no ha sido bien recibida por defensores de víctimas de delitos sexuales, quienes agradecen el esfuerzo de Low pero sostienen que la financiación para los análisis debe ser parte del presupuesto estatal.
A lo largo del país, los estados de Arkansas, Iowa, Louisiana y Minnesota requieren que las autoridades lleven un registro de los rape kits. En Connecticut, Illinois, Ohio y Michigan se require analizarlos dentro de un cierto lapso.
