La política y la retórica antiinmigrantes afectan derechos básicos y la economía familiar

La política y la retórica antiinmigrantes, que se han expresado en numerosos allanamientos y redadas por parte de ICE (US Immigration and Customs Enforcement), está agudizando la exclusión social de las comunidades de inmigrantes indocumentados. Esta situación ha propagado el miedo y generado una crisis económica y un aumento de la pobreza.
En California la fuerza laboral indocumentada alcanza los 2.6 millones de trabajadores, es decir uno de cada diez trabajadores es indocumentado. De ellos, 45% labora en el agro y 21% en la construcción. Según un grupo de expertos reunidos por la organización mediática New America Media, la situación deja ver la necesidad de que los empleadores protejan a sus trabajadores y que las familias tomen las medidas necesarias para proteger su dinero y sus bienes.
Las herramientas que ICE utiliza son las mismas del pasado. “Continuamos viendo la colaboración entre las fuerzas policiales locales y agentes federales de inmigración. Esa es la forma principal como identifican individuos para deportarlos”, dijo Grisel Ruiz, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes de San Francisco.

Las embestidas de ICE

Pero Ruiz dijo que también se están viendo nuevas formas de operar de ICE: “La identificación individual. Allanar la casa del individuo, donde muchas otras cosas pueden pasar, por ejemplo, pueden terminar llevándose a otras personas de la casa, incluidos ‘mis seres queridos’…”.

Al momento de ser detenida, cualquier persona tiene el derecho de quedarse callada y de no permitir que los agentes entren a sus casas. No se debe firmar nada que no entienda o que no lo haya leído un abogado. Los empleadores también tienen derechos. Si los agentes vienen al lugar de trabajo, estos pueden negarle la entrada porque es una propiedad privada. “Existen derechos constitucionales que todavía tenemos y estos derechos se aplican para todos, sin importar su condición migratoria… Si un agente viene a su casa es muy importante mantener la puerta cerrada. A los agentes se les requiere una orden judicial para allanar…, que raramente la tienen”, dijo Ruiz.

Los empleadores tienen que ejercer su derecho de pedir una orden judicial para permitir un allanamiento. Antes de entregar cualquier documento con la información personal de los trabajadores, los empleadores también tiene el derecho de exigir una citación judicial. “Las redadas de ICE en los lugares de trabajo tienen implicaciones negativas, muy serias”, dijo Michael Young, de la Federación Sindical de California (California Labor Federation) en la ciudad de Oakland.

“Nosotros creemos que los empleadores tienen una obligación con sus trabajadores. Los empleadores tienen el deber de proteger a sus trabajadores, sus derechos laborales, de seguridad, de privacidad y derechos al proceso legal. No podemos cambiar o regular las leyes federales de inmigración pero podemos cambiar el comportamiento de los empleadores; podemos demandar que los empleadores asuman una obligación de proteger a sus empleados. La idea es limitar el acceso de ICE a los lugares de trabajo lo mas que se pueda”, dijo Young.

Impacto financiero

Según Young, la detención y deportación de trabajadores tiene por consecuencia la suspensión o reducción de las entradas económicas de la familia. También se produce una baja de los salarios y una disminución en las oportunidades de empleo para todos los trabajadores. Las redadas de ICE interfieren con las posibilidades que los trabajadores tienen para ejercer su derechos laborales en los lugares de trabajo. Como los trabajadores tienen miedo y no protestan, las condiciones laborales, de salud y seguridad se empeoran.

Para luchar contra las arremetidas de ICE, dijo Mohan Kanungo, lo más importante es educar a la comunidad para que esta cree un plan de emergencia y proteja sus bienes: su dinero y sus pertenencias. Kanungo es director de programas del Fondo de Bienes de la Misión en San Francisco, una organización que ofrece préstamos asequibles para aquellas familias atrapadas en el círculo vicioso de deudas de prestamistas de poca monta.

Según esta organización, el promedio nacional del costo de una fianza es de $10,000; un abogado cuesta promedio entre $3,000 y $5,000 o más; el cambio legal de tutela a menores, para dejar a sus hijos con un familiar o amigo, cuesta entre $2,000 y $4,000; y de $5,000 a $25,000 cuesta en promedio un abogado para atender un caso de deportación.

“La gente siente miedo e incertidumbre, porque han escuchado que se les podría intervenir sus cuentas de cheque. Mucha gente pregunta si debe cerrar la cuenta de cheques. Las comunidades de inmigrantes están siendo también atacadas debido a su desconfianza en el sistema financiero. Nos aseguramos de que la gente tenga acceso a su dinero, de que las cuenta sean pagadas con tiempo, que tengan acceso a sus cuentas a través del internet para asegurar un rápido traslado de fondos”, aseveró Kanungo.

El impacto del miedo

En Los Ángeles se han dado casos de empleadores que golpean a sus trabajadores. “Lo que estamos viendo es una normalización de la violencia en todos los ámbitos” dijo Cal Soto, coordinador de la organización Derechos de los Trabajadores Nacionales (National Workers Rights).

Soto informó de un incremento en los crímenes por odio racial. “A partir de las elecciones presidenciales mucha gente sintió que ahora tienen todo el apoyo del gobierno federal. La administración Trump y grupos de odio racial y antiinmigrantes son bastante efectivos en crear miedo. El factor de lo impredecible de las redadas tiene un escalofriante e increíble efecto”, dijo Soto

La gente tiene miedo de enviar a sus niños a las escuelas, de atender a las citas, no están seguros si continuarán teniendo los servicios sociales que acostumbraban a tener. El impacto en la comunidad ha sido considerable, indican los expertos. “Desde las elecciones hemos visto un nuevo miedo que está marcando un nuevo impacto en la comunidad inmigrante”, dijo Ruiz.