Sessions: “ciudades santuario” perjudican la seguridad ciudadana

Ciudades “santuario” perjudican la seguridad ciudadana porque dan refugio a “criminales”
Sessions: “ciudades santuario” perjudican la seguridad ciudadana
Trump ha prometido quitar fondos federales a las ciudades santuario, algo que las autoridades locales consideran ilegítimo.
Foto: Aurelia Ventura / La Opinión

WASHINGTON.- Inmerso en una guerra sin cuartel contra la población indocumentada, el fiscal general, Jeff Sessions, viajó este viernes a Filadelfia (Pensilvania) con un mensaje contundente: ciudades “santuario” como ésta perjudican la seguridad ciudadana porque dan refugio a “criminales”.

En un discurso de 20 minutos, Sessions repitió su conocida crítica de que las autoridades locales que establecen ciudades “santuario”, como en Filadelfia, le hacen un flaco favor a sus comunidades.

“Le urjo a la ciudad de Filadelfia y a toda ciudad santuario que reevalúen el daño que le están haciendo a sus residentes”, enfatizó.

Sessions se refirió a la negativa de algunas jurisdicciones en el país de cooperar con el gobierno federal en tareas de Inmigración, en particular para entregar a pandilleros y demás criminales extranjeros a las autoridades migratorias.

“A esas políticas con frecuencia se les llama políticas de santuario – subrayó- pero no le están dando santuario a ciudadanos que obedecen las leyes en nuestras comunidades, sino a los criminales”.

Sessions aprovechó su visita a una de centenares de jurisdicciones en la mira del Departamento de Justicia, para destacar que semejantes políticas han permitido que residentes de Filadelfia sean “víctimas” de criminales.

El fiscal general argumentó que políticas como las de “santuario” no sólo “atan” las manos de la policía frente a la delincuencia sino que ponen en riesgo a los ciudadanos y a la propia policía.

“Si vamos a frenar el aumento de los crímenes violentos, tenemos que trabajar juntos”, argumentó Sessions, quien abordó también asuntos como el combate a la pandilla “MS-13”, la crisis del abuso de opiáceos y recetas médicas fraudulentas.

El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, y autoridades policiales, sin embargo, han dicho que no ha habido un aumento de crímenes en la ciudad debido a su postura migratoria y que, en todo caso, las tareas migratorias son terreno del gobierno federal.

Kenney, quien dejó en claro en enero pasado que no cumpliría con la orden ejecutiva de Trump contra las “ciudades santuario”,  no fue invitado al discurso de Sessions.

El mes pasado, en una carta enviada al Departamento de Justicia, indicaron que están haciendo cumplir las leyes aún si se niegan a recabar información sobre el estatus migratorio de sus detenidos, y que entregan a los detenidos a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) solo con una orden judicial.

Centenares de entidades policiales, líderes demócratas y grupos cívicos en todo el país mantiene su propia campaña de presión en contra de los esfuerzos de la Administración Trump -y de líderes republicanos del Congreso- de eliminar fondos a las “ciudades santuario”.

Además, contrario al argumento de la Administración Trump, numerosos estudios han concluido que los inmigrantes indocumentados conforman un bloque con menor índice de criminalidad que el resto de los inmigrantes y de la población en general, en parte porque precisamente no quieren llamar la atención o persecución de las autoridades policiales.

La visita de Sessions  se topó con decenas de manifestantes dispuestos a defender las ciudades “santuario”.

Sessions viajó a Filadelfia al final de una semana que le trajo malas noticias en varios frentes.

El jueves, un juez federal en San Francisco (California), William Orrick, rechazó en un dictamen de 20 páginas la petición de la Administración Trump de permitir la puesta en marcha de una orden ejecutiva para restringir los fondos federales a las ciudades, condados y demás jurisdicciones  “santuario”.

Además, tuvo que aplacar rumores de que renunciaría a su cargo tras las críticas a su gestión del presidente Donald Trump, en particular su decisión de recusarse de las investigaciones sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016.