Por esta razón Trump no podrá deportar a todos los indocumentados que tiene en la mira

La contratación y reubicación de decenas de jueces federales no ha logrado detener la acumulación de casos y retrasos en las cortes de inmigración, y las soluciones inmediatas no se ven a la vista, advierte la Asociación Nacional de Jueces Migratorios.

“Los jueces de inmigración se enfrentan a una avalancha de casos sin precedentes y con recursos insuficientes para hacer frente a la acumulación de estos procesos extremadamente complicados”, dijo a Efe Dana Leigh Marks, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces Migratorios (NAIJ, por su sigla en inglés).

El aumento de arrestos de personas por parte de los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) bajo la administración del presidente Donald Trump ha incrementado el caudal de casos que llegan a las cortes hasta en un 23% con relación a marzo de 2016, cuando los números se acercaban a medio millón.

Actualmente hay 610,524 casos en los casi 60 tribunales de inmigración del país y los expertos aseguran que no hay nada que detenga esta espiral.

“Esto va a empeorar”, vaticina el abogado Jeremy McKinney, miembro de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

California sigue siendo el estado con mayor volumen de procesos con 114,974 expedientes por resolver, de los cuales más de la mitad se encuentran en Los Ángeles.

La situación causada por el creciente número de casos que llegan a las cortes se suma los retrasos ya existentes.

Según el último informe de TRAC, un proyecto de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, el promedio nacional para resolver un caso en una corte es de 1,019 días.

La jueza Marks recalca que NAIJ es muy consciente sobre los efectos negativos de los retrasos en el proceso de los expedientes, especialmente aquellos inmigrantes con casos graves, y agrega que irónicamente estas demoras están haciendo que los extranjeros establezcan raíces en Estados Unidos causándole un mayor daño cuando al final del proceso se ordena su expulsión del país.

Los retrasos también representan un doble o triple trabajo para los jueces que debido al tiempo entre cita y cita requieren que las pruebas y otros documentos sean actualizadas. “Las presentaciones se vuelven mucho más voluminosas y requieren mucho tiempo para revisar”, insiste Marks.

La acumulación de casos ya existía bajo la administración del expresidente Barack Obama, pero el actual Gobierno ha sumado varios factores al problema que padecen las cortes.

McKinney explicó que los fiscales que representan a ICE recibieron órdenes de oponerse a todo arreglo y de volver a colocar en el calendario casos que habían sido cerrados administrativamente.

Además, hay que sumar el aumento de detenciones de inmigrantes por parte de los agentes que han recibido instrucciones de actuar contra todos los indocumentados con los que se crucen, tengan o no antecedentes criminales.

A la lista de causas de esta situación se suma la decisión del Gobierno Trump de cambiar a algunos jueces a otros tribunales, movimientos a los que NAIJ se opone.

“Nuestros expedientes cuidadosamente manejados han caído en desorden. Los jueces han sido enviados a otras zonas, dejando los expedientes que quedan en retraso y afectados negativamente”, advirtió Marks.

La solución es tan compleja como el problema mismo.

Según Marks, para lograr la aplicación de justicia se necesita que las cortes de inmigración sean independientes. Los tribunales pertenecen al Departamento de Justicia, dirigido por el Secretario Jeff Sessions, entidad que también alberga a los fiscales del Servicio de Inmigración.

Sessions ha prometido contratar más jueces para ayudar con la acumulación de casos y poder obtener un aumento en el número de deportaciones.

No obstante, con las 80 nuevas contrataciones se ha alcanzado una cifra cercana a los 300 jueces, que deben atender unos 2.000 casos, por lo que Marks considera que se necesitarían 600 magistrados más y varias decenas de funcionarios.

Sin embargo, insiste, la solución es una reestructuración profunda que provenga desde el Congreso que permita que los tribunales de inmigración sean neutrales.

Mientras NAIJ y abogados defensores de inmigrantes esperan que el nombramiento de los jefes de tribunal llega, el 40 % de los actuales magistrados se acercan a su edad de retiro y la presión de la acumulación de casos ha puesto en riesgo la salud de muchos de ellos.

NAIJ resalta que un estudio de 2009 encontró que los jueces de inmigración tenían niveles de estrés tan altos como los guardias de la prisión y médicos en el departamento de emergencia de un hospital.

“El estrés y el agotamiento es tremendo. La moral se ha desplomado ya que los jueces no pueden controlar sus propios registros”, lamenta Marks.