Plan de Administración de atacar programas de “acción afirmativa” afronta avalancha de críticas

WASHINGTON.- El Departamento de Justicia sopesa investigar y demandar a universidades que, a través de sus políticas de “acción afirmativa”, discriminen a estudiantes blancos, pero diversos líderes cívicos afirmaron este miércoles que eso levantaría barreras que ha costado derrumbar para los estudiantes de minorías.

Según un documento interno de la división de Derechos Civiles al que tuvo acceso el diario “The New York Times”, el Departamento de Justicia quiere contratar a abogados para realizar investigaciones y “posibles litigios relacionados con la discriminación racial intencional en las matrículas en colegios y universidades”.

El texto se interpretó como una cruzada para castigar a universidades que usan programas de “acción afirmativa” para incrementar la diversidad étnica y racial en sus recintos.

Es que, durante la contienda de 2016, el presidente Donald Trump hizo numerosas referencias a que los blancos han perdido terreno frente a los inmigrantes y las minorías, y el asunto de la “opresión” de los blancos resonó entre buena parte de quienes le dieron la victoria.

Departamento de Justicia responde

Una portavoz del Departamento de Justicia, Sarah Isgur Flores, criticó hoy la “imprecisión” de los informes de prensa y explicó que el documento interno “no refleja una nueva política” y que la agencia investiga cualquier queja de discriminación racial.

El anuncio sobre los voluntarios es para investigar una queja administrativa presentada en mayo de 2015 por una coalición de 64 asociaciones asiático-americanas que quedó sin resolución durante la Administración Obama, dijo.

En la queja, la coalición se quejó de discriminación racial contra estudiantes asiáticos en una universidad, no identificada, y la portavoz insistió en que la agencia “está comprometida con la protección de todos los estadounidenses de todas las formas de discriminación ilegal basada en la raza”.

Los programas de “acción afirmativa” fueron creados en la década de 1960 para cerrar las heridas de siglos de racismo y corregir las desigualdades que han sufrido las minorías étnicas en EEUU, ante las trabas que han tenido a través de la historia para acceder a buenas oportunidades de empleo y de enseñanza superior.

En junio de 2016, el Tribunal Supremo reafirmó las políticas de “acción afirmativa” para fomentar la diversidad, al estudiar un caso presentado por una estudiante blanca que argumentó que la Universidad de Texas la discriminó al dar trato preferencial a estudiantes negros y latinos.

Sería una “mala movida”

Por ello, la reacción al plan de escrudiñar las prácticas en recintos universitarios para asegurar que los blancos no son discriminados, se ha topado con críticas de la oposición demócrata y amplios sectores de la sociedad civil, que lo consideran una “mala movida”.

La senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, prometió usar su influencia en el Comité Judicial del Senado para asegurar que no se canalicen fondos federales para atacar la “acción afirmativa” porque “todos los estudiantes de cualquier raza, color o credo, merecen la oportunidad de ir a la universidad”.

Para los activistas, el plan en ciernes es preocupante, tomando en cuenta que, bajo el liderazgo del fiscal general, Jeff Sessions, el Departamento de Justicia ha tomado posturas conservadoras en torno a asuntos como el derecho al voto, la reforma policial, o los derechos de los homosexuales.

John B. King, el segundo secretario de Educación bajo la Administración Obama ( 2016-2017), dijo a este diario que la diversidad beneficia y enriquece a las comunidades, escuelas y a la propia población estudiantil,  y es un principio reafirmado por el Tribunal Supremo y avalado en el mundo académico y entre el empresariado.

“Me decepciona que la Administración parezca tomar una línea dura contra los esfuerzos por ampliar la diversidad estudiantil en los recintos, en vez de centrarse en responder a la persistente brecha de oportunidades de los estudiantes de minorías y familias de bajos recursos”, dijo King, presidente del grupo “Education Trust”.

A su juicio, no es el momento de dar marcha atrás a iniciativas que fomenten la diversidad estudiantil o de impedir que las universidades hagan lo correcto en sus recintos y comunidades, porque de ello depende la prosperidad de EEUU.

Ryan J. Smith, director ejecutivo de “The Education Trust-West”,  señaló que en lugares como California, que tiene una gran diversidad demográfica, la Propuesta 209 promulgada hace 20 años prohibió la “acción afirmativa” en el sector público y, ahora, los estudiantes afroamericanos, latinos y algunos de la comunidad asiática tienen una baja representación en las universidad públicas estatales.

“El incremento de la diversidad en los colegios y universidades es parte de alcanzar el Sueño Americano. Deberíamos estar haciendo más, no menos, para ayudar a estudiantes que han sido marginados” a través de más “esfuerzos de inclusión en los recintos en todo el país”, dijo.

Dennis Parker, director del programa de justicia racial de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), dijo que el plan “es una afrenta a la justicia y envía una peligrosa señal de que no seguirá protegiendo a los más vulnerables”, y pondrá en peligro los avances en los derechos civiles en las últimas décadas.

Vanita Gupta, presidenta de “The Leadership Conference on Civil and Human Rights” señaló que el presunto plan atacaría la propia misión de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

Algunas puertas siguen cerradas

Aún con los programas de “acción afirmativa”, las minorías siguen afrontando barreras sistémicas y una baja representación en instituciones universitarias estatales.

Según un análisis de octubre pasado del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, en inglés),  las puertas a las principales universidades públicas en EEUU siguen “firmemente cerradas” para la mayoría de estudiantes latinos y afroamericanos en programas de licenciatura, en un patrón que se repite en casi todos los 50 estados.

“En casi todos los estados, estos estudiantes tienen una alta representación en universidades públicas con programas de cuatro años pero que tienen menos prestigio, en comparación con sus pares blancos y asiáticos”, advirtió ese informe.

De los 10 millones de estudiantes de licenciatura matriculados en universidades públicas en otoño de 2014, 2,8 millones era de las minorías negra e hispana, pero tenían una mayor representación en colegios universitarios con carreras técnicas y en universidades regionales.

En cambio, en las universidades públicas de mayor prestigio, los afroamericanos conformaron el 9% y los latinos el 12%.

Estas desigualdades tienen un impacto en cada paso de la carrera universitaria o profesional de los estudiantes: las universidades de mayor prestigio tienen más y mejores recursos para investigaciones y, a largo plazo, registran mejores resultados.

En la actualidad, solo el 21% de los afroamericanos y el 16% de los latinos tiene diplomas de licenciatura, muy por debajo del 43% que registran los blancos y el 63% que tienen los asiáticos, según el informe de CAP.

“Cuando los afroamericanos y latinos son excluidos de las mejores universidades, el sistema de enseñanza superior de EEUU no puede servir como motor del ascenso social”, advirtió.