Empresa privada desafía orden de gobierno de delatar a visitantes de su página web
El portal disruptj20.org, un sitio web de DreamHost que ayudó a organizar las protestas del 20 de enero, está siendo desafiado por la orden del gobierno
Miles se movilizaron en todo EEUU para protestar durante la toma de posesión de Trump. Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion
WASHINGTON – El Departamento de Justicia exige datos de los 1,3 millones de personas que visitaron una página web detrás de las protestas contra la investidura del presidente Donald Trump en enero pasado, pero mañana viernes la empresa, DreamHost, se verá cara a cara con los abogados del gobierno en un tribunal federal.
La empresa DreamHost creó una página web para coordinar las protestas y actos de desobediencia civil durante la investidura de Trump el pasado 20 de enero.
Algunas de las protestas se tornaron violentas y más de 200 manifestantes afrontan hasta 80 años en prisión, pero la empresa está decidida a luchar contra “los excesos” del gobierno.
DreamHost supports #freespeech. That's why we're pushing back on this request from the DOJ: https://t.co/HSi1o7WaSD
— DreamHost (@DreamHost) August 14, 2017
El mes pasado, el Departamento de Justicia emitió una orden de cateo para exigir que DreamHost entregue todo dato relacionado con la página web, incluyendo sus operadores y la dirección “IP”, o número identificador de los 1,3 millones de personas que visitaron la página a través de sus computadoras.
Tanto la empresa, como activistas y grupos defensores de los derechos civiles y del derecho a la vida privada, consideran que la orden es otro ejemplo de los “excesos” del Departamento de Justicia, y su “cruzada” contra los opositores de Trump.
DOJ is demanding visitor info for every person who visited the #DisruptJ20 website. This is massive overreach. Silence from "small gov' GOP https://t.co/UVcy657SZF
— People for Bernie (@People4Bernie) August 14, 2017
https://twitter.com/MrBouche/status/897325701967355904
Normalmente, este tipo de órdenes de cateo se utilizan cuando se sospecha actividad criminal, como la piratería de productos o pornografía infantil, y rara vez se aplican a actividades relacionadas con la libertad de expresión, consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución.
Ahora, en lo que algunos consideran un caso de “David contra Goliat”, la llamada “Fundación de la Frontera Electrónica” (Electronic Frontier Foundation, EFF) encabeza la defensa de DreamHost y ha presentado una moción para que el tribunal federal rechace la orden del Departamento de Justicia por violación a la Constitución.
Para EFF, la petición del Departamento de Justicia es excesiva porque abarca a todos los visitantes de la página web, sin importar si participaron o no en las protestas.
Listen: EFF's Executive Director shares details of landmark EFF cases and the need to defend free speech and privacy https://t.co/HJ6XU3L7PV
— EFF (@EFF) August 17, 2017
“Los archivos de las visitas de millones de visitantes –activistas, reporteros o tú (si abriste este enlace) serían entregados al gobierno. La orden también pide la entrega de todos los correos electrónicos vinculados con la cuenta e incluso contenido no difundido públicamente, como borradores de blogs y fotos”, explicó EFF.
Aunque las direcciones de IP no contienen datos personales de los usuarios, para el gobierno no sería muy difícil averiguar a quién pertenecen las computadoras.
“No hay una explicación creíble para una orden de este alcance, si no es para extender una red policial digital lo más grande posible, y la Cuarta Enmienda prohíbe este tipo de pesca…el Departamento de Justicia está investigando a una página web que se usó para planear y realizar actividades protegidas por la Primera Enmienda”, enfatizó la organización.
En declaraciones hoy a este diario, Chip Gibbons, abogado del grupo “Defending Rights and Dissent”, coincidió con EFF en que el Departamento de Justicia está “dando palos de ciego” a ver qué pesca, y el propósito real de su orden de cateo es “silenciar la disensión e infundir temor para que la gente no proteste”.
“Hay muchos asuntos en esto, comenzando con el hecho de que es una orden muy amplia y viola la Cuarta Enmienda”, que prohíbe órdenes de cateo sin causa probable, dijo Gibbons.
“Los tribunales han dicho que cuando una orden de allanamiento implica los derechos protegidos bajo la Primera Enmienda (libertad de expresión), entonces con mucho más razón merece un mayor escrutinio”, explicó el abogado.
Por su parte, Alfredo López, codirector del grupo “May First/People Link”, dedicado al uso de la tecnología para avanzar causas sociales, dijo que aunque se ha vuelto común la práctica de exigir a los proveedores información sobre sus usuarios, la exigencia del gobierno “representa un nuevo nivel de violación y nos complace que DreamHost está dando la lucha”.
“Creemos que todo nuestro movimiento debe apoyar esta resistencia y promover una resistencia a cualquier orden de su tipo en el futuro”, afirmó López.
