México aún no termina de ayudar a damnificados por huracanes de 2013
A ello se suman más afectados, destacan las autoridades de protección civil de Guerrero
los huracanes se fortalecen más rápido ahora que hace 30 años. Crédito: Foto Archivo
MÉXICO – El bochorno del mediodía no impidió que Elizabeth Nava, habitante del fraccionamiento El Mirador, en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, y decenas de manifestantes bloquearan la Autopista del Sol, una de las principales carreteras de la región, para denunciar que desde hace cuatro años no tienen vivienda a pesar del dinero que se dio para los damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel.
“Cada mes nos hacen firmar que vivimos en una casa prestada” dijo la mujer ante la prensa local.
El 15 de septiembre de 2013, los ciclones tocaron de manera simultánea en el Pacífico y el Golfo de México y provocaron la declaratoria de desastre en 401 municipios, 157 muertes y afectaciones a más de 900,000 personas, la mayoría de ellas en el estado de Guerrero.
A estos damnificados que aún continúan con afectaciones por falta de entrega de viviendas, sin los servicios básicos como electricidad, agua y drenaje o aún sin recibir las casas se sumarán aproximadamente 854, 636 habitantes damnificados más, según la Secretaría de Protección Civil de Guerrero.
La causa de este cúmulo de afectados por desastres naturales recae principalmente en el gobierno del estado, pro también el federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y también la Secretaría de Gobernación sin que hasta la fecha haya una investigación formal por parte de las autoridades de procuración de justicia.
En la revisión de las cuentas públicas de 2013 y 2014, la Auditoría Superior de la Federación detectó 22 terrenos en los que se construirían casas para las personas afectadas que se compraron a un precio mayor del real y se estimó un daño a la Hacienda Pública por alrededor de 1.5 millones de dólares en su equivalente en pesos.
Otro problema que detectó la ASF es la falta de transparencia: no existe un padrón sobre el número de víctimas reubicadas en nuevas propiedades con ayuda oficial, sus datos generales, la extensión recibida y evidencia de que tanto las propiedades como las escrituras fueron entregadas.
En este caso se encuentra Nava y los inconformes de Chilpancingo de las últimas horas.
En casos peores, las viviendas ni siquiera se construyeron.
El delegado de la Sedatu en Guerrero, José Manuel Armenta dijo que el Gobierno federal proyectó la construcción de mil 100 casas para familias guerrerenses damnificadas por los huracanes ‘Íngrid’ y ‘Manuel’ de 2013, pero funcionarios de Guerrero sólo entregó 598 y gastaron como si hubiera hecho más de 2,ooo.
Por ahora dos constructoras denunciadas y dos funcionarios inhabilitados por 10 años: Héctor Vicario Castrejón, exdelegado en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y la excoordinadora de delegaciones de la dependencia, Sheila Karin Ortega Muciño. Nada más.
