¿Por qué la migración?

Ésta no es una pregunta retórica ni tiene una respuesta rápida o ingenua. Existen muchísimas razones por las que la gente emigra de sus países y busca mejores formas de vida. Cabe decir que la mayor parte de la gente que emigra no lo hace precisamente por gusto o como una especie de flâneur que va recorriendo el mundo sólo por el gusto de encontrarse con novedosas y exóticas formas de vida. La gente que emigra, en términos generales, aspira encontrar mejores oportunidades laborales, educativas, salariales; lo cual quiere decir que estas oportunidades en sus países respectivos no existen, o al menos no para todos. De modo intrínseco la migración conlleva turbulencias familiares, emocionales, afectivas, desconfianza, crisis de identidad, entre otras más.

El migrante que es definido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como “cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de su condición jurídica, causas de desplazamiento o duración de su estancia”, parece exigir un enfoque menos mediático y sí más de fondo, menos de tirar culpas y lamentar las políticas migratorias de otros países y sí enfocarse de modo interno y responsable acerca de lo que se hace en cada país para minimizar sus causas. Porque habría que decirlo, mucho del enfoque para hablar de migración apunta hacia realzar los efectos y minimiza o silencia las causas.

Pongamos el caso de los salarios. Mientras en México el salario mínimo en 2017 subió a 80.04 pesos por día, en Estados Unidos el salario mínimo fluctúa entre 8 y 12 dólares por hora. Con 80 pesos diarios la gente en México no puede satisfacer ni siquiera sus necesidades básicas, aunque algunos políticos digan que sí. A esto habría que sumar el nivel de inflación: en Agosto pasado se registró en México, según el INEGI, el porcentaje de inflación más alto desde 2001, llegó a 6.66%. Los salarios no aumentan y la inflación sí, lo cual genera una pérdida del poder adquisitivo de los salarios. El tema de los salarios es un tema que, por cierto, genera muchas controversias en la discusión del TLC y en el discurso político de cada país. La brecha salarial entre México, Canadá y Estados Unidos, es bastante amplia. Mientras en México el salario es muy bajo comparativamente con los otros dos países y eso permite atraer inversión, al mismo tiempo genera pérdida de empleo en los Estados Unidos.

Desde la visión de la gente que emigra de México o Centroamérica hacia Estados Unidos o Canadá el tema salarial y laboral es una de las principales causas del fenómeno migratorio: en sus respectivos países no tienen ni las oportunidades laborales ni los salarios que requieren para una vida más digna. Y lo que menos importa es el riesgo. La migración origina la pérdida de miles de personas anualmente, así también suscita extorsiones y violaciones, desapariciones y un clima de gran violencia hacia estos individuos, hombres y mujeres, que buscan alcanzar el sueño americano.

De acuerdo con la misma Organización Internacional para las Migraciones, durante 2017 el número de víctimas fatales asciende a 3,514 a nivel mundial. En este mismo año, según esta misma Organización, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha aprendido a 165,033 migrantes y han muerto 249 migrantes. Sólo como pregunta: ¿si se reduce el gasto público en las campañas electorales y se castiga verdaderamente la corrupción no habría recursos para invertir en desarrollo económico y social? Aunque seguramente el problema no estriba en la falta de recursos, sino en la forma en cómo son ejercidos… y distraídos.

Sólo tres ejemplos, dos de corrupción y uno del costo electoral para 2018: La primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas señaló que “en 2016 los negocios y empresas de todos tamaños en México tuvieron que pagar mil 600 millones de pesos por actos de corrupción en la realización de pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con autoridades federales, estatales o municipales”.

La más reciente es la estafa maestra, trabajo publicado por Animal Político y que evidencia cómo el gobierno federal mexicano, a través de 11 dependencias, ha desviado miles de millones de pesos. Parte del documento señala: “Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones. Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad.

La jornada electoral para 2018 en México tendrá un costo extraordinario: se gastarán de los recursos públicos la cantidad de 2 mil 138.3 millones de pesos, según el INE, la autoridad electoral en México. En 2012 costaron mil 680.5 millones de pesos. A modo de preguntas: ¿Con este costo, tendremos una mejor democracia? ¿Será que la corrupción también es culpa ajena? Lo más preocupante: ¿Será esta una página más de la corrupción que pasará a la historia de la impunidad?

To dream or no to dream

El reciente anuncio del Ejecutivo estadunidense de poner en manos del Congreso las cuestiones referentes al programa DACA pone en jaque a 800 mil personas que se encuentran dentro de este esquema. Muchos especialistas señalan que, dentro de las grandes consecuencias, esta medida afectará de modo importante la economía de los Estados Unidos debido a la necesidad de contar con mano de obra calificada para los diferentes rubros que componen la economía nacional.

A modo de ejemplo: CNN ha señalado que los agricultores en California reportaron “pérdidas por 13 millones de dólares por fresas, verduras y otros cultivos que no se recogieron, debido a la escasez de trabajadores, según la Asociación de Cultivadores y Transportistas de los condados de Santa Barbara y San Luis Obispo”.

Aunado a esto habría que señalar que según la National Federation of Independent Business (NFIB) en su encuesta de Julio pasado indica que 60% de empresas contratando o tratando de hacerlo aumentó en 6 puntos pero el 87% de aquellos contratando o tratando de hacerlo, reportaron que sólo unos cuantos aplicantes estaban calificados para la posición en la que trataban de aplicar. Estos problemas son particulares en los ámbitos de la construcción y la manufactura. El mismo informe señala que 35% de todos los propietarios reportó que abrieron fuentes de empleo que no se pudieron llenar por las mismas razones. Este es el número más alto desde Noviembre de 2001. Sobresale la acotación que hace la National Federation Independent Business acerca de que el “Congreso americano todavía tiene la llave para un crecimiento más rápido, así que esperemos que abran la puerta”, señala el informe.

Sin duda, una gran mayoría de los llamados dreamers tienen las capacidades y los talentos para desempeñar un trabajo digno y mejor remunerado que en sus países de origen. La cuestión no es sólo cuestión de humanitarismo o de buena voluntad, la cuestión radica en la configuración de un marco legal que ofrezca a estas personas contar con un estatus jurídico que les permita vivir con más tranquilidad y productividad. Debe recordarse que para inscribirse al programa debían cumplirse varios requisitos, de los cuales destaco los siguientes: “Estar actualmente en la escuela, haberse graduado u obtenido un certificado de finalización de la escuela secundaria, haber obtenido un certificado de Desarrollo de Educación General (GED) o ser un veterano con licenciamiento honorable de la Guardia Costera o de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos”.

Además: “No haber sido condenado por un delito grave, delito menor significativo o tres o más delitos menores, y de ninguna otra manera constituye una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública”. Es decir, no cualquier persona ha podido inscribirse a este programa.

Gobernanza legislativa

Un tema que no se puede soslayar dentro de un esquema de gobernanza es el que refiere al trabajo legislativo, son los Congresos locales y federales quienes tienen la posibilidad de construir leyes que permitan una mejor convivencia. No se trata de hiperjuridificar la vida pública sino de hacer frente y resolver aquellas cuestiones de interés público. Sin embargo, por muchas razones la actividad legislativa se ha visto paralizada, a veces por intereses particulares, a veces porque las agendas públicas no son propicias para el ambiente electoral del momento: no dejan votos y sí pueden dejar derrotas e impopularidad, el resultado es que se deja de lado el interés público.

Es un tema que le da la vuelta al mundo y no deja de ser preocupante que por prejuicios, dogmas, intercambios políticos con el poder Ejecutivo, se deje de pensar en los verdaderos problemas de la vida pública. Es cierto que el Óptimo de Pareto, es decir, aquella situación o decisión en la cual se cumple que no es posible beneficiar a una persona sin perjudicar a otra no se puede trazar a cabalidad; sin embargo, el intercambio y la negociación son fundamentales para alcanzar acuerdos.

La gran expectativa respecto al Congreso americano en el caso de los Dreamers es que pueda construir un marco regulatorio que permita a estas 800 mil personas alcanzar de modo legal un estatus que les garantice trabajo, estabilidad familiar y social, es decir, un ambiente más productivo y enriquecedor. Una de las claves de este asunto reside en recordar que los Estados Unidos es un país de migrantes y que históricamente es un país que se ha caracterizado por fincar su desarrollo en la competencia, en el reconocimiento de las capacidades y, sobre todo, en la apertura a las oportunidades y al espíritu emprendedor.