Editorial: California: sí a las leyes SB54 y SB29
No está bien lucrar con los inmigrantes en desgracia
ICE achaca esta situación al flujo de inmigrantes en la frontera sur Crédito: Scott Olson | Getty Images
California está en la mira del Departamento de Justicia en su cruzada contra los indocumentados. Los recursos para proteger a estos inmigrantes son limitados. No obstante, hay que hacer lo que sea necesario para mitigar el atropello.
Los proyectos de ley SB54 y SB29 de los senadores Kevin de León y Ricardo Lara, respectivamente, son dos medidas importantes al respecto. Son leyes que el gobernador Jerry Brown tiene que promulgar con su firma.
La SB54 es necesaria para recuperar la confianza de las comunidad inmigrante con su autoridad local del orden.
Ya hay departamentos de policía, entre los cuales están Los Angeles y San Francisco, que están comprometidos a no cumplir con las exigencias de las autoridades de inmigración. La SB54 extiende este proceder a todo el Estado.
La medida cuenta solamente con la oposición de la Asociación de Sheriffs de California. La Asociación de Jefes de Policía de California se había opuesto en un principio, pero cambió de posición después de una negociación entre de León y el gobernador.
No hay motivo para que no sea firmada por Brown.
De igual manera, la SB29 pasó por una revisión con el fin de obtener el consenso necesario.
No debería haber problema en creer que los inmigrantes detenidos en las cárceles de California deberían ser tratados bien. O al menos mantener el estándar establecido en 2011 por el gobierno. Pero no es así.
A la administración Trump no le preocupan las condiciones en que viven quienes esperan su momento ante el juez migratorio. A muchos sheriffs de California tampoco les interesó respetar las normas más humanas establecidas por el gobierno de Obama.
Hoy son estos sheriffs los que rechazan la propuesta de Lara diciendo que para ellos debe ser suficiente con cumplirla guías actuales. A ellos solo les importa el dinero que reciben de Washington DC para otros fines y gastar lo mínimo en el trato a los detenidos.
No está bien lucrar con los inmigrantes en desgracia.
Por eso la SB 29, no permite la renovación de los contratos que tienen cuatro ciudades de California con cuatro prisiones privadas. Además de exigir un estándar más elevado en el trato de a los indocumentados alojados en las cárceles municipales y condales.
Los malos antecedentes de la industria presidiaria es suficiente como para que salgan del Estado. Hay que ayudar a las ciudades que cuentan con ellos para sus empleos. Lo intolerable es aceptar maltratos y muertes que ocurren allí, tal como lo documentó una investigación federal.
Creemos que Brown tiene que promulgar ambos proyectos. Este es un momento importante para decir que California quiere proteger la seguridad pública y evitar el abuso contra los inmigrantes.
Se negoció y adaptó las medidas para que sean leyes. Ahora solo falta la firma.
