Burócratas de Trump intervienen para que menores migrantes no aborten aunque sean violadas

El caso de una joven centroamericana en Texas destapó la nueva política que busca impedir a toda cosa la terminación de embarazos aún en menores que han obtenido una orden judicial y cumplido todas las reglas estatales
Burócratas de Trump intervienen para que menores migrantes no aborten aunque sean violadas
Muchas jóvenes escapan de América Central debido a la violencia, y son violadas en el camino. EFE
Foto: Eduardo Santana / EFE

El gobierno del presidente Donald Trump está implementando una nueva política  respecto a las menores de edad migrantes que vienen embarazadas cuando cruzan la frontera: no permitirles tener un aborto aún cuando haya una orden judicial de por medio.

De hecho, y en forma extraordinaria, el nuevo burócrata que dirige la oficina federal que coordina los refugios para estos menores ha hablado directamente con detenidas para convencerlas de que no interrumpan su embarazo.

El caso de “Jane Doe”, una migrante centroamericana de 17 años cuya identidad no ha sido revelada por abogados que la defienden, representa el giro en política y sobre todo, la mentalidad de ese funcionario que es responsable de la salud de miles de estos jóvenes.

Scott Lloyd, el nuevo director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, se involucra tanto en las vidas de los menores de edad que migran a Estados Unidos que, según consta en documentos legales, ha intervenido personalmente para convencer a niñas embarazadas que no aborten.

“Lo que el gobierno federal está haciendo no tiene justificación “, dijo a La Opinión Brigitte Amiri, abogada del proyecto de derechos reproductivos de la ACLU que está asistiendo a la menor de edad en presentar su caso en tribunales.

La joven, que llegó al país proveniente de Centroamérica cuando tenía 9 semanas de embarazo, fue arrestada por las autoridades migratorias y enviada a un refugio de ORR, como manda la ley estadounidense.

Según documentos de la ACLU, al llegar al refugio, la muchacha expresó el deseo de interrumpir su embarazo, pero burócratas de ORR decidieron mandarla a un “centro de crisis del embarazo“. En dicho centro recibió consejos en contra del aborto y la forzaron a tener un ultrasonido contra su voluntad.

Estos centros no son regulados por el estado y a menudo no están vinculados con ningún personal médico sino son de afiliación religiosa y su objetivo es disuadir a las mujeres de hacerse un aborto.

La muchacha pidió ayuda legal a la organización y a pesar de que un juez autorizó su aborto, el refugio “la tiene literalmente presa, no la quieren transportar al hospital” para obtener el procedimiento, dijeron fuentes del equipo legal de “Jane”.

“Es alarmante lo que están haciendo”, dijo Amiri. “Ella acudió a un juez para cumplir con la ley de Texas, y el juez designó a un guardián para acompañarla. Pero ORR se rehúsa a cumplir la orden”.

Este viernes, los abogados pidieron una orden de emergencia a un juez federal del Distrito de Columbia para que intervenga en favor de la joven.

La muchacha ya tiene 13 semanas de embarazo y mientras más tiempo pasa, el aborto sería más complicado y peligroso y el retraso podría terminar obligándola a tener el bebé que no quiere, señaló Amanda Bennett, portavoz de Janes´s Due Process, una organización que ayuda a menores en Texas a obtener los permisos judiciales que requieren para tener un aborto sin consentimiento paterno.

Entretanto, empleados del refugio hablan con la muchacha sobre su embarazo, preguntándole “¿Qué nombre le vas a dar al bebé?” a pesar de saber de sus intenciones de abortar.

También informaron a sus padres en Centroamérica de su estado y su decisión de abortar, contra la voluntad de la joven.

Cambio de política

El caso de la muchacha no es el único que ha ocurrido desde que Lloyd tomó posesión del ORR.

“El niño nonato es un niño que depende de nosotros”, escribió Lloyd a sus subordinados en marzo al comunicarles una directiva interna en la que también advirtió que, de ahora en adelante, cualquier decisión respecto al embarazo de cualquier joven, depende de su oficina directamente.

En marzo, Lloyd dejó claro que ningún refugio bajo contrato con su agencia puede permitir que una menor tenga un aborto, aunque cumpla con todas las otras reglas de la ley estatal, como pedir permiso a un juez (o a sus padres).

El hecho de que la inmensa mayoría de estas jóvenes son violadas en el camino hacia el norte parece irrelevante para las nuevas autoridades.

Amnistía internacional calcula que 6 de cada 10 migrantes han sido violadas. Los que trabajan con estas jóvenes aseguran que el número es más elevado, hasta 8 de cada 10.

Pero “Jane” no es la primera joven que ha sufrido la interferencia de Mr. Lloyd y su nueva política afín con sus creencias católicas de vertiente ultraconservadora.

(Lloyd trabajó como asesor de políticas de los Caballeros de Colón, una organización fraternal católica masculina y es conocido no solo por su oposición al aborto sino a los anticonceptivos)

En marzo, funcionarios de ORR trataron de impedir que una joven migrante bajo su jurisdicción, tomara una segunda dosis de una píldora abortiva que le había sido prescrita por un médico.

Este proceso, que se utiliza para interrumpir un embarazo en sus primeros estadías, requiere la toma de dos píldoras, con un par de días de diferencia.

Los antecedentes de Lloyd como abogado católico, ultraconservador y activista que opina que los anticonceptivos deben estar prohibidos porque son parte de la “cultura del aborto”, explican en parte la nueva situación.

Pero abogados que representan a la muchacha señalan que lo que ORR está haciendo es ilegal y están luchando para lograr que el gobierno federal deje salir a la joven del refugio, para obtener el aborto que otro juez ya aprobó.

La organización Jane´s Due Process ayuda a jóvenes en estas circunstancias a obtener permisos judiciales para realizarse abortos en Texas.

Las leyes del estado de Texas requieren que una menor tenga aprobación paterna o una orden judicial para pedir interrumpir el embarazo.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Estados Unidos (ORR) tiene como importante objetivo dar cobijo a los menores migrantes que llegan a Estados Unidos sin sus padres, mientras se deciden sus casos legales.