El estado con más indocumentados en EEUU agudiza guerra contra Trump en los tribunales

El gobierno busca proteger las prácticas de ICE y la patrulla fronteriza
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El gobierno sigue en su carrera judicial para asfixiar económicamente a las "ciudades santuario"
Foto: Scott Olson / Getty Images

El fiscal general de California, Xavier Becerra, presentó hoy una demanda contra la Administración Trump por no cumplir con una solicitud para entregar información sobre las prácticas federales en temas de inmigración.

El pasado 29 de junio Becerra se unió a los fiscales de Massachusetts, Iowa, Maryland, Oregon, Washington, Hawai, Illinois, Nueva York y el Distrito de Columbia usando la Ley de Libertad de Información (FOIA) para exigir al Gobierno de Trump que entregue los detalles de cualquier orden, memorándum, política, procedimiento o manual que instruya a las autoridades migratorias para realizar arrestos.

“El secreto de la Administración Trump vinculado a los cambios en sus prácticas de aplicación de inmigración está sembrando confusión y aumentando la ansiedad entre los inmigrantes. Es por eso que pedimos a la Administración que sea transparente con el público y nos diga qué está haciendo en esta área”, dijo el fiscal general.

“Las autoridades federales tienen una clara obligación legal de responder a nuestra solicitud FOIA”, agregó.

La solicitud exige que se entregue información específica sobre las políticas de arrestos en los llamados “lugares sensibles” que incluyen escuelas, iglesias, hospitales y paradas de autobuses, entre otros.

Y es que las denuncias de la comunidad tienen preocupados a los fiscales, a pesar de que los portavoces del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) siguen asegurando que sus agentes respetan estas áreas.

“Como fiscal general estoy comprometido a ayudar a informar a los californianos acerca de cómo las políticas federales realmente han cambiado y cómo esos cambios afectan sus derechos”, insistió Becerra.

Para California, la tensión con el Gobierno federal podría aumentar tras la aprobación de la Ley SB 54 que declara al estado un santuario para los inmigrantes.

Los fiscales también quieren obtener información sobre los solicitantes de Acción Diferida (DACA) en sus estados y los registros de detención y deportación de los jóvenes amparados por este beneficio, entre otros datos.

Igualmente, piden recibir registros relacionados con solicitudes de detención del ICE y de la Patrulla Fronteriza (CBP), y datos de los detenidos como su nacionalidad, entre otros.