Un año de Trump: giro brutal y anti inmigrante en política migratoria

Un año después de la elección de Donald J. Trump como presidente de los Estados Unidos de América, el candidato que presentó a los inmigrantes y a los mexicanos como delincuentes y narcotraficantes, está en la palestra por el arresto de una niña de 10 años con parálisis cerebral.

Rosa María Hernández, una niña indocumentada del sur de Texas, fue liberada a sus padres el viernes pasado tras una intensa campaña nacional, pero sobre ella pende un caso de deportación.

Pero el caso de la niña es un ejemplo de qué tanto ha cambiado la aplicación de las leyes migratorias, desde los últimos años del gobierno de Barack Obama, a los primeros meses del de Trump.

“Este caso se convirtió en una vergüenza nacional”, dijo el congresista demócrata Joaquín Castro de Texas este pasado sábado.

Castro, cuya oficina trabajó con otros congresistas y grupos comunitarios para que se liberara a la niña, deploró que agentes migratorios custodiaran a la pequeña al hospital para una operación de vesícula y custodiaran su cuarto.

“Solo le permitieron hablar con su mamá por facetime”, dijo Castro. “He escuchado de asesinos convictos que tienen más permiso de visitas familiares que Rosa María”.

Observadores indican que este caso refleja la determinación del gobierno de Trump en arrestar y deportar a cualquier indocumentado que se cruce en su camino y evitar siquiera la apariencia de tener un gramo de compasión hacia las familias inmigrantes.

Personas cercanas a agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización reportan que estos consideran que Trump “les quitó todo límite” para arrestar a quien quieran, cuando el anterior gobierno había implementado prioridades y protecciones para indocumentados sin delitos.

“Esto asusta a la gente”, dijo un asesor legislativo en Texas que pidió el anonimato. “Si se lo hacen a una niña de diez años. ¿a quién diablos no se lo van a hacer?”

ICE en la era de Trump

La política migratoria fue un tema central de Trump durante su campaña para atraer el voto de la base angloamericana conservadora.

Usando como táctica divisoria el argumento de que los inmigrantes “son criminales” (mentira, en su gran mayoría), “quitan trabajos a los nativos” (falso, según numerosos estudios) y que las fronteras “están abiertas” (Obama deportó a más personas que nadie en la historia), Trump se eligió presidente.

Aunque los republicanos criticaron y hasta demandaron a Obama por usar órdenes ejecutivas para tomar medidas como DACA y para establecer prioridades de deportación, Trump ha hecho abundante uso de su mano dura y de las órdenes tipo decreto en lo que va de su gobierno.

A continuación, los principales cambios de política y práctica migratoria desde que Trump tomó posesión de la presidencia:

Ya no hay prioridades de deportación

Trump inició su gobierno dictando memorandos que implementaban cambios administrativos en políticas de arresto y deportación.

Dichos menos ampliaron las llamadas “prioridades” de deportación, que bajo Obama se concentraban en personas con delitos y órdenes pendientes de expulsión que no se habían cumplido. Los recién llegados también eran un “target” favorito de Obama.

ICE bajo Trump sigue llevando a cabo este tipo de deportaciones, aunque en la frontera tuvieron menos éxito ya que el número de cruces bajó durante los primeros meses del gobierno.

Pero como lo revelan los arrestos de padres de familia sin delitos o de niñas como Rosa María, camino al hospital, ya nadie está fuera de las “prioridades”. Todo indocumentado que entra en contacto con las autoridades, está en peligro.

Arrestos en los “check-ins” con inmigración

Por otra parte miles de personas que ganaron una deportación diferida en los últimos dos años del gobierno de Obama y que deben reportarse anualmente a ICE para renovar sus permisos, están siendo arrestadas y deportadas.

Numerosos casos de arresto y deportación de padres y madres de familia que movilizaron a activistas ocurrieron en estas citas para renovar permisos que, al fin y al cabo eran decisión de los agentes de a pie.

Suspenden “cierres administrativos” en tribunales

Una de las primeras medidas dictadas por el Departamento de Justicia sobre los tribunales migratorios fue ordenar a los jueces que dejaran de favorecer los “cierres” de casos de deportación de personas sin delitos y con familias en este país.

Esto empezó a ocurrir a principios del año.

DACA y TPS: eliminación de los programas ejecutivos

El gobierno de Trump ordenó la cancelación del programa de Acción Diferida para Arribados en la Infancia DACA instaurado por Obama en 2012 y que ayudó a casi 1 millón de jóvenes indocumentados a obtener permisos de trabajo y la legalidad temporal en este país.

Aunque Trump dijo que el Congreso debía tomar el asunto y aprobar una ley, su gobierno se reunió recientemente con legisladores republicanos, decidiendo que pospondrían cualquier legislación del “Dream Act”.

Al menos cinco proyectos de ley, varios de ellos bipartidistas, están pendientes en el Congreso para legalizar a los jóvenes inmigrantes, pero su futuro es incierto.

Se espera en cualquier momento que el gobierno de Trump anuncie la posible cancelación de los programas de Estatus Temporal de Protección (TPS) para 300,000 centroamericanos y haitianos.

Los haitianos recibieron seis meses el pasado mes de mayo para “prepararse para regresar a su país”, anticipando que no les renovarán su TPS de nuevo.

Se espera que lo mismo pueda ocurrir a Hondureños, Nicaragüenses y Salvadoreños.  El Departamento de Estado dijo la semana pasada que estos países “ya no necesitan” esta protección.

Reducción del número de refugiados

En medio de una crisis mundial de refugiados, Estados Unidos redujo hace unas semanas el límite máximo de personas que aceptará el próximo año a su nivel más bajo desde el inicio del programa en 1980, generando la crítica de grupos internacionales y nacionales de derechos humanos.

La Casa Blanca anunció este año que este país recibirá un máximo de 45,000 refugiados en el año fiscal que comienza este domingo, menos de la mitad del máximo de 110,000 que el anterior presidente Barack Obama había acordado con el Congreso para el año anterior.

Aumentan número de “detainers”

ICE aumentó la cantidad de órdenes de arresto o “detainers” civiles que envía a agencias de la ley locales para que retenga a migrantes que han cumplido sus condenas o que han sido arrestados localmente.

Aunque ICE emitía “detainers” durante el gobierno de Barack Obama, desde que el presidente Donald Trump asumió el poder, la agencia estatal, que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha rondado cerca de 11,000 de estas órdenes al mes, lo que equivale a un incremento del 78% respecto a 2016.

La resistencia a cumplir estos detainers a menos que haya un delito grave que varios estados practican informalmente y otros han codificado en forma de ley, es parte de la disputa sobre las llamadas “ciudades o estatos santuarios”.

Aumentan arrestos pero no deportaciones

A pesar del enfoque en arrestos y deportaciones, el gobierno de Trump no ha podido superar las deportaciones del pasado año, aunque sí ha arrestado a más personas.

Según las últimas cifras disponibles, ICE deportó a poco más de 210,000 inmigrantes en el año fiscal que terminó en septiembre, menos que los 240,000 deportados el año anterior, cuando Obama era presidente.

No obstante el gobierno reporta un aumento del 43% en arrestos desde que Trump tomó posesión del gobierno.  La categoría de más rápido crecimiento en arrestos en la era de Trump son los “violadores de ley migratoria sin otro delito”.

Perdón al sheriff Arpaio: rueda libre para racistas.

En Agosto, el gobierno de Trump anunció un perdón presidencial para el ex sheriff de Arizona Joe Arpaio, de 85 años. Arpaio había sido condenado por desacato criminal el pasado 31 de julio y debía recibir una sentencia de seis meses el 5 de octubre, pero Trump otorgó el perdón mucho antes de que concluyera el proceso judicial, presuntamente para honrar su medio siglo de servicio público.

Trump acompañó el perdón con elogios hacia Arpaio por hacer su trabajo y se un “gran patriota”, un acto simbólico que muchos interpretan como respaldo a agentes locales de la ley que hagan lo imposible por asistir al gobierno federal en arrestar a indocumentados, no importa las reglas locales que violen para hacerlo.

Impulsa medidas para “migración por de mérito” y reduzcir la inmigración legal.

El proyecto de ley “RAISE Act”, de los senadores republicanos Tom Cotton y David Perdue, busca reducir por la mitad la inmigración legal, de poco más de medio millón en la actualidad a poco más de 500,000 para 2027.

La legislación, pendiente en el Congreso, también crea un presunto sistema de visas con base a “méritos” y destrezas laborales elimina ciertas categorías de visas familiares como hermanos de ciudadanos y también suspende la lotería de visas.

El gobierno también publicó una “lista de deseos” o principios migratorios que quiere ver cumplidos durante su mandato con leyes en el Congreso.

En su lista de deseos, la  Administración Trump quiere eliminar el llamado “Acuerdo Flores” de 1997, que regula las normas para la detención y trato de niños no acompañados bajo custodia de las autoridades federales;  agilizar la deportación de niños centroamericanos no acompañados; un sistema de visas legales con base al “mérito”; y una reforma del sistema de asilo para evitar “reclamos fraudulentos”.

Veda anti musulmana o veda de viajes

En tres ocasiones este año, el gobierno de Trump ha iniciado órdenes que limitan la entrada al país de personas provenientes de varios países de mayoría musulmana. La última veda de viaje incluye a varios países de mayoría musulmana además de Corea del Norte (que ya recibe muy pocas visas de Estados Unidos) y a personeros del gobierno de Venezuela y sus familias.

En cada una de dichas ocasiones, los tribunales han puesto coto a la práctica, aunque el tema está pendiente de juicio en los tribunales federales.

Rechazan a solicitantes de asilo en la frontera

Una demanda presentada hace unos meses alega que desde que Donald Trump ganó la presidencia en noviembre pasado, se incrementaron notablemente los casos en los que agentes fronterizos rechazan a solicitantes de asilo en la frontera, a pesar de las leyes existentes que garantizan sus derechos.

La demanda legal indica que los agentes que están en la frontera con México rechazan a migrantes que piden asilo usando diversas tácticas que están fuera de la ley.