Tres prácticas que revelan la “guerra sucia” de ICE contra inmigrantes

"La Migra" aplica tres acciones para "cazar" a indocumentados

Las redadas de ICE continúan.

Las redadas de ICE continúan. Crédito: ice.gov

Como ya hemos publicado, la oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE) se ha valido de varias prácticas para lograr los objetivos migratorios del presidente Donald Trump, como órdenes directas para destacar a “criminales” de los detenidos en redadas, aunque su único “delito” haya sido ser indocumentados.

Sin embargo, dentro de sus prácticas hay tres sobre las que defensores en derechos humanos están alertando:

  • La detención de menores e integrarlos a listas de “delincuentes” sin que necesariamente lo sean.
  • Divulgar información sobre su estado migratorio.
  • Obtener de los tutores o cuidadores de esos menores su estatus migratorio para luego detenerlos.

La primera de esas prácticas fue la que alertó a organizaciones de derechos humanos, ya que en las redadas para buscar a miembros de pandillas, “La Migra” detuvo al menos a 400 indocumentados, mucho de los cuales sólo por su estatus migratorio, es decir “arrestos colaterales”.

Sin embargo, al ir más a fondo, grupos como el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes y Americanos para la Justicia de Inmigrantes y otras seis organizaciones decidieron demandar a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional por divulgar la información migratoria de los detenidos.

La otra razón de la demanda es que al detener a los jóvenes y no ser adultos, debían notificar a sus cuidadores, por lo que eran citados en oficinas de ICE y a muchos de ellos los detuvieron, publicó la revista virtual Pacific Standard.

“Las quejas alegan que las acciones de ICE violan las leyes nacionales e internacionales de refugiados”, indica la revista, por lo que fueron presentadas “en la Oficina de Derechos Civiles del DHS y en la Oficina del Inspector General”.

En un comunicado de prensa que anuncia las quejas, Diane Eikenberry, directora de políticas asociadas de NIJC, dijo que los funcionarios del DHS “han amenazado a niños, han engañado a sus cuidadores y les han negado protecciones constitucionales fundamentales”.

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