Casa Blanca usa informe sobre terroristas extranjeros como arma para reducir inmigración legal

Informe omite detalles sobre quiénes son esos terroristas, de dónde son y cómo entraron a EEUU

El más reciente ataque terrorista en EEUU fue en el Bajo Manhattan.

El más reciente ataque terrorista en EEUU fue en el Bajo Manhattan. Crédito: Spencer Platt/Getty Images

WASHINGTON — Como parte de su campaña para eliminar la “lotería de visas” y la “inmigración en cadena”, la Administración Trump divulgó este martes un informe según el cual 402 de las 549 personas condenadas por terrorismo en EEUU entre 2001 y 2016, eran de origen extranjero.

El informe de diez páginas, repleto de agujeros y divulgado con varios meses de retraso, se produjo en unos momentos en que arrecia el debate entre el Congreso y la Casa Blanca sobre cómo reformar el sistema migratorio para permitir la entrada a EEUU sólo de personas con “méritos”, como un alto nivel educativo, fuertes destrezas laborales, y el conocimiento del inglés, entre otros.

Durante una conferencia telefónica con periodistas, un funcionario de alto rango de la Administración Trump, que pidió el anonimato, dijo que el informe demuestra la urgencia de reformar el sistema para que se base en el “mérito” de los solicitantes.

No queremos ser un refugio seguro para terroristas, dijo el funcionario, al rechazar críticas de la politización del debate migratorio.

Según el informe, entre el 11 de septiembre de 2001 y el 31 de diciembre de 2016, al menos 549 individuos fueron condenados en tribunales federales por delitos vinculados al terrorismo internacional, de los cuales el 73%, o 402, eran extranjeros. De los 549 condenados por terrorismo, 254 no eran ciudadanos estadounidenses; 148 eran extranjeros naturalizados, y 147 eran ciudadanos por nacimiento.

El informe destacó ocho casos de extranjeros condenados por terrorismo, de los cuales uno entró como refugiado, otro entró a través de la lotería de visas, y uno es hijo de un residente legal. Los cinco restantes entraron tras obtener visas por vínculos familiares, que no fueron detalladas.

Desde septiembre de 2001,  ha habido cerca de 1,716 extranjeros deportados por motivos de seguridad nacional.  En el año fiscal 2017, 2,554 extranjeros estaban en una lista del FBI sobre presuntos terroristas, de los cuales 335 intentaron entrar por tierra, otros 2,170 lo intentaron mediante vuelos, y 49 por tierra.

Defienden informe

El llamado “Informe de la Sección 11”  cumple con una orden ejecutiva  emitida por el presidente Donald Trump el 6 de marzo de 2017, que exigía su divulgación en un plazo de seis meses,  a más tardar en septiembre pasado.

Para el funcionario, el que la Administración lo haya difundido ahora que el Congreso intenta dar solución al futuro de “DACA”, “es una mera coincidencia”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, defendió el informe durante una audiencia ante el Senado,  y afirmó que Trump jamás se refirió a ciertos países subdesarrollados como “países de mierda”, una polémica frase que ha empantanado las negociaciones para legalizar a los “Dreamers”.

En un comunicado conjunto, tanto Nielsen como el fiscal general, Jeff Sessions, remacharon el mensaje de que el sistema actual expone a EEUU al riesgo de que “miles” de terroristas extranjeros intenten ingresar al país y “con suerte” lo logren en tan solo una ocasión.

“Este informe revela una indiscutible y seria realidad –nuestro sistema de inmigración ha minado nuestra seguridad nacional y seguridad pública. Y la información en este informe es apenas la punta del iceberg: en la actualidad, tenemos investigaciones relacionadas con el terrorismo contra miles de personas en EEUU, incluyendo centenares que entraron acá como refugiados”, dijo Sessions.

Omisiones del informe

Sólo que el informe, elaborado por los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, contiene muchos agujeros y no sustenta los argumentos de la Administración contra la “lotería de visas” y las visas otorgadas por vínculos familiares.

Por ejemplo, el informe no desglosa la nacionalidad de los condenados por terrorismo internacional, ni explica el tipo de visas que obtuvieron, ni el porcentaje de extranjeros terroristas vinculados con la “lotería de visas”, por lo que es imposible determinar la magnitud del problema.

El documento tampoco precisa los niveles educativos ni las destrezas laborales de los extranjeros implicados en casos de terrorismo, y excluye casos de terrorismo doméstico, en los que buena parte de las personas implicadas pertenece a grupos nacionalistas blancos.

El informe tampoco presentó pruebas de que en EEUU presuntamente se cometen cada año entre 23 y 27  “asesinatos de honor”  contra inmigrantes que deshonran las tradiciones culturales o religiosas de sus familias.

A cada pregunta sobre las omisiones, el funcionario no tuvo respuestas claras pero sí insistió en que cada caso citado en el documento es “un ejemplo de inmigración en cadena”, y que la Administración divulgará más datos posteriormente.

Sin embargo, el funcionario rechazó que el informe haya seleccionado deliberadamente sólo unos cuantos casos que respaldan sus argumentos para reducir la inmigración legal.

Aunque el informe no menciona a países por nombre, el funcionario dijo que entre los que tienen  problemas terroristas figuran el Yemen, Somalia, Siria, Sudán e Irak, pero negó estar sugiriendo que los inmigrantes musulmanes tienen problemas de integración en EEUU.

El reporte refleja que estos inmigrantes con vínculos terroristas fueron condenados en tribunales federales en este país. Preguntado sobre por qué entonces EEUU no traslada al resto de los presuntos terroristas en Guantánamo para que sean enjuiciados en suelo estadounidense, el funcionario dijo que eso “no estaba en los parámetros de este informe”.

Por otra parte, señaló que la Administración Trump ha tomado “pasos sustanciales” para mejorar el proceso de revisión de solicitantes de visa, pero “muchas de estas mejoras son clasificadas”.

El funcionario repitió un argumento ampliamente utilizado por grupos ultraconservadores y “nativistas” en el sentido de que EEUU ya no tiene las condiciones de hace 150 o 200 años para tener “fronteras abiertas”, y que el sistema migratorio debe tener base en el “mérito” de las personas y “servir al interés nacional”.

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