¡Fuera corrupción! la bandera electoral de candidatos a la presidencia de México

MEXICO.-  “El próximo presidente de México no va a cometer ni tolerar actos de corrupción’’, repite una y otra vez el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, desde que intentó por primera vez, hace doce años, hacerse de la silla; “Vamos a darle a México un gobierno honesto, con principios, con valores’’, grita en cada acto social el pre candidato de la alianza PAN-PRD, Ricardo Anaya.

“Vamos a cambiar la constitución para que el corrupto o el delincuente organizado que no pueda explicar el origen del dinero, lo regrese’’, advirtió José Antonio Meade, aspirante del PRI, al presentar su plan sobre el tema que incluye quitar los “recursos’’ quien no pueda explicar su procedencia.

La bandera de moda en la cúpula política es la lucha contra la corrupción tras la marca que dejó el sexenio de Enrique Peña Nieto por los casos escandalosos que involucró a diversos gobernadores y de su mujer, la ex actriz Angélica Rivera (por la compra de una casa en términos de adquisición dudosa), aunque es un cáncer de antaño y aunque no se puede combatir sólo desde el ejecutivo. Al menos no de raíz.

El presidente puede hacer algunas acciones aisladas como un presupuesto de egresos sin exagerar a drede en los cálculos de los gastos para luego quedarse con un exente poco transparente (como hoy lo permite el Ramo 23) o  permitir a la sociedad civil involucrarse de manera real en la vigilancia de los recursos de sus secretarías, pero no puede hacerlo en los estados, municipios o en el resto de la función pública.

“La mayoría de los cambios para erradicar la corrupción están en manos del legislativo porque requieren reformas de carácter legal, discutidas y votadas en el congreso y ninguno de los tres principales precandidatos puede asegurar que las iniciativas que proponga serán aprobada’’, advirtió Khemvirg Puente,  analista legislativo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Es muy probable que ningún partido y, en consecuencia, el presidente, vaya a tener mayoría en el congreso’’.

Combatir a la corrupción implicaría, por ejemplo, una reforma a los sistemas de justicia que diera autonomía real a los fiscales de justicia para que investiguen sin dar cuentas a sus jefes que son actualmente los gobernadores.

Significaría hacer obligatoria la Ley 3de3 que empujó la sociedad civil y a la que se opusieron todos los partidos porque fijaba declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses tanto de los funcionarios públicos como de sus familiares cercanos para evitar vicios como el uso de “prestanombres’’ (testaferros). 

Equivaldría a censurar a parientes de los líderes de partidos y funcionarios de cargos públicos de las listas plurinominales en el congreso o sanciones a las autoridades de justicia que no investiguen las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación o dejar totalmente a la ciudadanía el mando de la Fiscalía Anticorrupción, observan analistas.

¿Cómo evitar que los estados se endeuden de más, que los alcaldes se corrompan por miedo o por dinero y vendan sus territorios al narcotráfico, que los funcionarios creen empresas fantasmas para desviar recursos?

“Combatir la corrupción no es tema de una solo persona. Ni siquiera basta que se pongan de acuerdo el ejecutivo y el legislativo se requiere participación real de ciudadanos porque sin esos contrapesos no acabará el problema’’, responde el analista puente.

“Los candidatos saben que no pueden combatir solos la corrupción pero creen que, al decirlo, sumarán votos’’,  advierte Javier Romero, politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana. “Por eso hablan con generalidades y a la ligera’’.

De manera frívola, López Obrador ha comparado la batalla contra la corrupción como si fuera una casa de dos o más plantas donde “las escaleras se barren de arriba para abajo’’ e incluso ha descalificado a organizaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción, que ha documentado desvíos de en diversas áreas de gobierno, gobernadas por todos los partidos, por hasta 3,400 millones de dólares.

Por su cuenta, Anaya ha dicho que la corrupción  será “su prioridad’’ aunque previamente fue señalado de beneficiarse de los excesos del Ramo 23 para desviar dinero para su campaña exigiendo hasta el 17% de recursos que lograra de manera poco transparente para estados y municipios de su partido mientras Meade se ha lavado las manos con promesas de castigar a corruptos, una función que, en teoría, correspondería al poder judicial.