Aumentan las solicitudes de ICE en las cárceles de Los Ángeles y San Francisco bajo la administración Trump
Sin embargo, la Ley Santuario de California detiene un poco la colaboración de autoridades locales con las federales
Activistas proinmigrantes llamaban al expresidente Barack Obama como el “deportador en jefe”, pero los nuevos datos obtenidos por la estación radial KQED muestran que la administración Trump ha sido aún más agresiva al identificar presos para su deportación.
El departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, que tuvo una relación más estrecha y cooperativa con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), vio que la cantidad de solicitudes aumentó entre 2016 y los primeros 10 meses de 2017, de 1,603 a 2,540.
Pero el número de reclusos entregados a ICE se mantuvo más o menos igual, alrededor de 1,000.
Los Ángeles, y todos los condados de California, ahora tienen prohibido detener a cualquier preso después de su fecha de liberación bajo la ley SB 54 (Ley Santuario de California), que entró en vigencia en enero. Según la medida, los agentes del Sheriff pueden cooperar con ICE si un recluso tiene antecedentes penales violentos.
Agentes de ICE durante un operativo en Los Ángeles. (ICE)
ICE se opone a la ley. Cuando el gobernador de California, Jerry Brown, la firmó el año pasado, el director interino de ICE, Thomas Homan, dijo que socavaría la seguridad pública y llevaría la búsqueda de ICE fuera de las cárceles a la comunidad, donde más personas podrían ser arrestadas en lo que se conoce como detenciones colaterales.
San Francisco
La Sheriff de San Francisco, Vicki Hennessy, dijo a la emisora que su oficina recibió cuatro veces más solicitudes de inmigración en 2017—el primer año que Donald Trump fue presidente—en comparación con el último año de la presidencia de Obama.
Esos pedidos provienen de ICE. Cada vez que alguien llega a la cárcel del condado de San Francisco se le identificada para saber si potencialmente ha violado leyes migratorias, dijo Hennessy a la radio. ICE podría solicitar información o emitir lo que se conoce como solicitud de detención, pidiéndole al Sheriff que mantenga a un recluso en la cárcel después de haberle permitido ser liberado de su caso criminal local.
“En una orden de detención, ellos quisieran que retengamos a alguien y les avisemos cuando terminemos con ellos para que puedan venir a buscarlos. Si se trata de una notificación voluntaria, quieren que les avisemos cuando liberemos a alguien”, dijo Hennessy en una entrevista reciente.
Agregó que en 2016, ICE emitió 133 solicitudes. En 2017, ese número saltó a 519. San Francisco no ha cumplido con ninguna de esas solicitudes, porque nadie ha cumplido con los criterios limitados permitidos por las leyes santuario estatales y locales. Esas leyes prohíben que el Sheriff retenga a alguien después de su fecha de liberación, o que comparta información con ICE sobre un recluso, a menos que la persona tenga un historial delictivo violento.
La semana pasada, ICE lanzó un amplio operativo en el área de Los Ángeles, arrestando a más de 200 personas. En una declaración, una portavoz de ICE hizo eco de las críticas anteriores a las políticas y leyes santuario, indicando que estas tienen la culpa de las acciones de la agencia.
“ICE enfoca sus recursos en individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza. Esto significa que, idealmente, estamos trabajando con la policía local y las cárceles del condado para identificar amenazas de seguridad pública bajo su custodia, que también están en el país ilegalmente, para la deportación”, dijo la portavoz Danielle Bennett en una declaración escrita.
“Si bien la gran mayoría de las ciudades en Estados Unidos cooperan con ICE, otras obligan a ICE a concentrar recursos adicionales para realizar detenciones generales en la comunidad, poniendo a los agentes, al público en general y a los extranjeros en mayor riesgo y aumentando los incidentes de arrestos colaterales. Eso es lo que ICE está haciendo ahora en Los Ángeles, y lo que ICE continuará haciendo en jurisdicciones que no cooperen. Las ciudades santuario no son inmunes a la ley federal”.