Sindicalistas en Los Ángeles luchan por detener el caso Janus v. AFSCME

02/26/18 / LOS ANGELES/ 64 year old worker Maria Ponce joined union workers during a rally in front of the LAC+USC Medical Center, joined by faith leaders, L.A. residents and elected officials in a show of solidarity for the good union jobs that Americans need now more than ever.ÊMonday's action in Los Angeles is one of hundreds of similar actions at cities and worksites across the nation. (Photo by Aurelia Ventura/La Opinion)

02/26/18 / LOS ANGELES/ 64 year old worker Maria Ponce joined union workers during a rally in front of the LAC+USC Medical Center, joined by faith leaders, L.A. residents and elected officials in a show of solidarity for the good union jobs that Americans need now more than ever.ÊMonday's action in Los Angeles is one of hundreds of similar actions at cities and worksites across the nation. (Photo by Aurelia Ventura/La Opinion) Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion

Este lunes, mientras la Corte Suprema de Estados Unidos escuchaba argumentos orales en un caso que impactar a los sindicatos públicos, miles de trabajadores por todo el país se unieron para defenderlos.

En Boyle Heights- al este de Los Ángeles-cientos de empleados de limpieza, hospitales y otras industrias llegaron hasta el hospital general LAC+USC con la esperanza de que sus testimonios impidan que se apruebe el caso Janus v. la Federación Americana de Empleados Locales, del Condado y Estatales (AFSCME) Council 31.

Andrés Morales, de 57 años, es representante de choferes de la ciudad de Los Ángeles y miembro del sindicato SEIU 721.

“Si pasa este caso en la Corte Suprema nos van a quitar muchos de los derechos que hemos peleado por siglos para tener como pagos justos, beneficios médicos, almuerzos y descansos y el retiro”, dijo Morales, quien ha trabajado para la ciudad de Los Ángeles por los pasados 31 años. “Pero no por eso vamos a dejar de dar los servicios importantes que damos a la ciudad”, aseguró.

Agregó que a los trabajadores que él supervisa les preocupa perder una representación importante en el ámbito laboral y político.

Empleados sindicalizados durante la protesta de este lunes en Los Ángeles. (Aurelia Ventura/La Opinion)

Deanna Robles, de 48 años, también estaba presente en la protesta y dijo que ella como cuidadora de niños en Baldwin Park le preocupa que los sindicatos sean afectados. Ella es miembro del SEIU Local 99 que representa-entre otros- a dueños de negocios.

“Yo tengo una guardería y aunque recibimos ayuda no estamos donde debemos estar”, dijo Robles, asegurando que todavía faltan muchas peleas para los dueños de centros para niños en sus hogares. “Con el apoyo del sindicato hemos tenido dos aumentos… es un paso muy positivo adelante”.

El caso en los tribunales

El caso Janus v. AFSCME llega de Illinois y fue interpuesto por Mark Janus, un especialista en manutención de menores para el Departamento de Servicios de Salud y Familia de ese estado. Janus no es miembro del sindicato pero en Illinois y en otros 21 estados se exige a los trabajadores que paguen ciertas tarifas, sean o no parte de la unión, porque todos se benefician de las actividades de negociación. Janus se opone a que le quiten dinero de su salario para cuotas de sindicato argumentando que los sindicatos públicos utilizan estos fondos para fines políticos, algo con lo que no esta de acuerdo.

La supervisora Hilda Solís, quien se unió a la protesta en Los Ángeles, dijo que los sindicatos son fundamentales para garantizar que los trabajadores tengan voz en las salas del poder y una oportunidad justa para que alcancen su “sueño americano”.

Hilda Solis, supervisora del condado de Los Ángeles, se unió a la protesta de este lunes. (Aurelia Ventura/La Opinion)

“Los intentos de silenciar a los trabajadores organizados debe fracasar”, dijo Solís frente a una audiencia eufórica. “La historia del movimiento laborista americano está llena de inspiración, con ejemplos de dificultades difíciles superadas por la determinación de los trabajadores que sabían que estaban en el lado correcto de la historia”.

Representantes sindicales concuerdan que el caso fue designado para debilitar a los sindicatos porque pelean por mejores condiciones de trabajo en los contratos y por su alto poder en la política.

“El ataque no es nada nuevo, esto siempre ha sucedido, pero debemos ver que estamos ante un ambiente antitrabajadores, antisindicato, antiobrero y debemos seguir luchando unidos para sobresalir”, dijo Gilda Váldez, representante del sindicato SEIU Local 721.

Sin embargo, ninguna decisión de la Corte Suprema o campaña financiada por los multimillonarios va a dividir a los sindicatos, dijo Váldez agregando que estos últimos les temen porque los sindicatos tienen una voz y poder político.

En un comunicado, la Federación de Maestros de California (CFT) dijo que probablemente la mayoría conservadora de la Corte Suprema vote para anular décadas de precedentes y elimine la capacidad de los sindicatos del sector público de recaudar cuotas justas o de agencia.

“La decisión es una amenaza directa a nuestra capacidad para abogar por el salario, los beneficios y las condiciones de trabajo que necesitamos para llevar a cabo nuestro importante trabajo”, dice el presidente de la CFT, Josh Pechthalt. “Al buscar eliminar nuestra capacidad para abogar por nuestros trabajos, nuestras escuelas y nuestros servicios públicos vitales, aquellos que están detrás del caso Janus amenazan directamente nuestro sistema de educación pública y los estudiantes y familias a quienes servimos”.

Por su parte, Mark Mix, presidente de la Fundación Nacional de Defensa del Derecho al Trabajo, indicó que “encuesta tras encuesta demuestra que el pueblo estadounidense cree abrumadoramente que la membresía sindical y el apoyo financiero deben ser voluntarios y no forzado”.

“Ahora esos pagos sindicales obligatorios están directamente ante la Corte Suprema, con los derechos de la primera enmienda de más de 5 millones de maestros, bomberos, policías y otros trabajadores del gobierno como Mark Janus en juego”.

Se espera que el caso pueda ser resuelto tan pronto como para finales de marzo o para el verano, dependiendo de la agenda de la Corte Suprema.

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