Trump celebra fallo de juez mexico-americano sobre muro fronterizo
El presidente volvió a destacar que EEUU necesita "seguridad fronteriza"
El asesor Rob Porter, anunció su renuncia después de que sus dos ex mujeres le acusaran de maltratarlas física y emocionalmente Crédito: MANDEL NGAN | Getty Images
WASHINGTON— El presidente Donald Trump celebró este miércoles como una “gran victoria legal” para su prometido muro fronterizo el fallo que ayer emitiera el juez mexicoamericano que él atacó durante la contienda de 2016.
El juez mexicoamericano, Gonzalo Curiel, falló a favor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una demanda entablada por California y varios grupos ecologistas. El fallo permitirá que el DHS emita exenciones ambientales para la construcción del muro fronterizo en tramos de la frontera de California con México.
En su cuenta en Twitter, Trump emitió un mensaje esta mañana en mayúsculas, en el que reiteró la urgencia de fortalecer la seguridad fronteriza, pero señaló que la construcción del muro comenzará cuando todo el muro sea aprobado.
“He decidido que las secciones del Muro que California quiere construidas AHORA no serán construidas hasta que todo el Muro sea aprobado. Gran victoria ayer con el fallo de las cortes que nos permite proceder”, dijo Trump.
“NUESTRO PAÍS TIENE QUE TENER SEGURIDAD FRONTERIZA”, afirmó el mandatario.
Su primer mensaje sobre el fallo fue cerca de la medianoche ayer, cuando lo calificó como “una gran victoria legal” porque “se puso de lado de la Administración Trump”.
Curiel “rechazó el esfuerzo de impedir que el gobierno construya un gran Muro Fronterizo en la Frontera Sur. Ahora este importante proyecto puede seguir adelante”, dijo Trump, que en ningún de sus mensajes mencionó sus ataques contra el juez en 2016.
Pero el fallo no significa que la construcción del muro comenzará pronto, en parte porque el Congreso aún no ha aprobado sus fondos, pero sí elimina una importante traba.
Curiel presidió el caso de una demanda entablada por California y grupos ecologistas, que acusaron al DHS de saltarse normas de protección ambientales para iniciar la construcción de un muro a lo largo de varios tramos en la frontera sur.
En una declaración escrita, el portavoz interino del DHS, Tyler Houlton, dijo que los muros han demostrado su eficacia para prevenir el contrabando de drogas e inmigrantes indocumentados.
“Los muros han funcionado en Yuma, Arizona, y San Diego, California, áreas que han visto un descenso del 95% en intentos de cruces ilegales. Dicho sencillamente, los muros funcionan. El Departamento de Seguridad Nacional espera construir el muro donde nuestros operadores de primera línea dicen que es necesario, y de acuerdo con todas las leyes aplicables”, dijo Houlton.
El DHS argumentó ante el tribunal de Curiel que tenía autoridad legal, bajo ciertos estatutos federales, para obviar revisiones ambientales y proceder a la construcción de barreras en un tramo de San Diego (California), con el objetivo de mejorar la vigilancia de la Patrulla Fronteriza.
En un documento de 101 páginas, Curiel le dio la razón al DHS, al explicar que la agencia federal sí tiene autoridad para emitir exenciones para acelerar la construcción de infraestructuras que considere necesarias en la frontera.
Sin embargo, apoyándose en declaraciones que hiciera en 2012 el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, Curiel hizo énfasis en que la labor de un juez no es opinar sobre políticas públicas sino “interpretar las leyes”, y son los votantes quienes deciden en las urnas el futuro de líderes que adoptan medidas con las que no estén de acuerdo.
Trump viajará a California el mes próximo para inspeccionar los prototipos ya construidos en el sector de San Diego, además de participar en un acto de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano.
Durante la contienda de 2016, Trump atacó duramente a Curiel, al insinuar que no tenía independencia jurídica por su “herencia mexicana”, algo que le generó ataques de racismo incluso de líderes republicanos del Congreso.
Curiel, nacido en Indiana, presidía una demanda de cerca de 4,000 estudiantes contra la Universidad Trump, que se resolvió con un acuerdo de $25 millones para indemnizar a los afectados.
