Loreto, Zacatecas, de la migración al crimen organizado

La entidad ocupa el octavo lugar nacional en asesinatos, secuestros y desapariciones
Loreto, Zacatecas, de la migración al crimen organizado
Violencia no cesa en México.
Foto: EFE

MEXICO.- El médico Alfredo Garza, habitante de Loreto, Zacatecas, un municipio de alrededor de 45,000 habitantes, rompió en llanto. “Quiero ver crecer a mis hijos’’, dijo frente los medios de comunicación a los que citó en un arranque de desesperación después de dos secuestros y un intento de asesinato que salvó de milagro tras el ataque de cuatro sicarios.

Garza se ha convertido en los últimos días en el rostro simbólico de las víctimas de la violencia en el estado otrora reconocido por su alta migración Estados Unidos y la solidaridad de su diáspora; hoy, rehén de cinco grupos de la delincuencia organizada como bien reconoce el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Francisco Murillo.

Del cártel del Golfo y  los subgrupos separados de los Zetas (el Cártel del Noreste y Los Talibanes); de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que mantienen a la región en el octavo lugar nacional en asesinatos, secuestros y desapariciones proporcional a su número de habitantes.

Porque  el estado de Zacatecas no suma ni un millón de pobladores y, sin embargo,  sólo en 2017, se registraron oficialmente 750 ejecuciones y 71 secuestros, una cifra que —según las mismas autoridades— debería multiplicarse por 10 dado el nivel de desconfianza que existe hacia las autoridades para hacer las denuncias.

La suspicacia es producto de la corrupción de algunas policías y  funcionarios municipales que se han ligado a  los criminales. En julio de 2014, el gobierno local intentó hacer una depuración después de aplicar exámenes de control de confianza y  redujo las plantillas hasta 10 elementos por municipio, pero,  aún así siguieron las quejas.

El medico Garza, trabajador de la Secretaría de Salud de Zacatecas desde hace 26 años, –quien secuestrado dos veces en menos de cinco meses durante 2017–, asegura que Miguel Arenas González, director de seguridad pública del municipio de Loreto, junto con sus agentes fueron quienes lo “levantaron’’ por órdenes del crimen organizado.

“Ármense de valor, defiendan su vida y la de sus hijos porque nadie los va a cuidar’’, dijo frustrado por la pasividad de sus paisanos, ante el silencio que han impuesto los criminales. “Quiero paz. Estoy cansado.

El gobernador del estado, Carlos Tello garantizó  protección para el médico,   identificó al grupo que opera en Loreto: “es un grupo que llegó de Aguascalientes y San Luis Potosí (la prensa local dice que son los Talibanes)’’,  prometió arreglar las cosas con “más educación, oportunidades y empleo“ además  de las acciones que realiza la Policía Estatal Preventiva (PEP).

El decomiso de armas por parte de la PEP en los últimos dos años dan cuenta del tamaño del problema: en una sola redada, los estatales han llegado a asegurar hasta 13,000 dosis de drogas diversas, 3, 120 cargadores desabastecidos para arma larga AK-47 y cientos de camisolas y pantalones que simulan ser de las diferentes fuerzas del orden.

No obstante la hostilidad y muerte contra la población continúa. Quedarse en medio de fuegos cruzados o ser intimidados para dar información a uno u otro grupo (como ocurrió a la mujer cuya cabeza abandonaron en plena plaza central en 2012) son situaciones comunes igual que los raptos para fines de lucro o desapariciones de gente de todas las clases sociales.

Entree los últimos casos,  Rosalía Ramírez y Antonio Troncoso, dos funcionarios públicos que desaparecieron en octubre pasado cuando fueron a pagar facturas a gasolineras ubicadas en los municipios de Ojocaliente, Loreto y Pinos o Cinthia Nayhelli Vázquez, estudiante de preparatoria de 16 años de edad, que sigue sin ser localizada luego de que fue secuestrada cuando se dirigía a su colegio, a principios de octubre, y el médico Garza, uno de los pocos sobrevivientes que ha dado rostro.