El gobernador Jerry Brown protege la reforma de la justicia penal en torno al robo organizado en comercios

Dos perspectivas opuestas han ocasionado una pelea en Sacramento sobre cómo solucionar las deficiencias percibidas en una serie de reformas de la justicia penal apoyadas por el gobernador Jerry Brown y aprobadas por los votantes de California en los últimos años.

Por un lado está un grupo que cree que California se ha alejado demasiado de las leyes contra el crimen que proliferaron en los noventa. Se está impulsando una medida que revocará muchos de los cambios de libertad condicional defendidos por Brown, ampliará la recolección de ADN para incluir a las personas condenadas por delitos menores y aumentará las penas para las personas condenadas por robo.

Por otro, están el gobernador y los defensores de la reforma de la justicia penal, que dicen que la medida va demasiado lejos y están apoyando un proyecto de ley que apunta a cerrar lo que los críticos ven como una escapatoria en una de las recientes propuestas de ley de justicia penal, la Proposición 47.

El Proyecto de Ley 1065 de la Asamblea crearía un nuevo delito para el robo organizado en el comercio, para que las personas que están robando como parte de una red de robo y operando en diferentes condados puedan ser acusadas de delito. Es un cambio que los minoristas, que patrocinan la medida, han deseado durante años. Así lo expone Bill Dombrowski, presidente de la Asociación de Minoristas de California: “como industria, hemos visto un aumento en el robo y la violencia en nuestras tiendas: es una tendencia nacional; hemos querido un estatuto de delincuencia minorista organizado en California por más de 10 años, con lo que que vemos esto como una oportunidad”.

Dombrowski no culpa a la Proposición 47, pero los críticos dicen que el robo organizado empeoró cuando se aprobó la medida electoral en 2014, conocida por hacer que la mayoría de los cargos por posesión de drogas sean delitos menores en lugar de delitos graves. Pero también aumentó el umbral para robos y robo de delitos mayores por primera vez en décadas: de 450 a 950 dólares, lo que significa que las personas atrapadas robando bienes por un valor inferior a 950 ahora están siendo acusados ​​de un delito menor en California, en algunos casos incluso si lo hacen una y otra vez. AB 1065 permitiría a los fiscales acusar a ladrones en serie como delincuentes.

Pero los partidarios de una propuesta de ley propuesta argumentan que AB 1065 no va lo suficientemente lejos. Entre ellos se encuentra el asambleísta demócrata Jim Cooper de Elk Grove, un ex oficial de policía que está respaldando la iniciativa electoral, la cual sus partidarios han apodado la Ley de Reducción del Crimen y Manteniendo la Seguridad en California de 2018. Dicen que las disposiciones sobre el robo de la Proposición 47 no son el único problema: que otra medida electoral, redactada por Brown, permite la liberación de criminales peligrosos. La Proposición 57 hizo más fácil para muchos delincuentes obtener libertad condicional de la prisión estatal, especialmente si participaron en programas de rehabilitación tras las rejas.

Cooper recientemente escribió un artículo de opinión en el Sacramento Bee, argumentando que había un “defecto oculto” en la Proposición 57: “si bien prometió mantener a los delincuentes violentos en prisión, la lista de crímenes considerados violentos según la ley de California es notablemente corta. No incluye violar a una persona inconsciente, el proxenetismo ni golpear a un cónyuge. Claramente, pocos votantes sabían esto”. Inusualmente, el gobernador respondió con una carta al editor: “no se dejen engañar por la última estratagema del asambleísta Jim Cooper para asustar a los californianos a fin de que respalden su cínica y profundamente defectuosa iniciativa electoral, que destripará las disposiciones clave de la Propuesta 57 y otras reformas de la justicia penal”; aprovechando para expresar su apoyo a AB 1065 en una declaración escrita a KQED: “apoyamos esta legislación y creemos que es un enfoque medido para ayudar a abordar las preocupaciones planteadas por las industrias minoristas y de comestibles”.

Llevar a cabo una campaña de iniciativas en California es costoso, y Dombrowski dijo que su grupo minorista no tiene interés en respaldar la medida. “La iniciativa propuesta nos ayudaría, probablemente, en la cuestión del hurto en tiendas, pero también contiene problemas que disgustarían a los defensores de la reforma de la justicia; es un tercio de lo que queremos, pero dos tercios de aquello que ni queremos tocar, con lo que, como industria, no estamos participando en la iniciativa de Cooper”.