Activistas unen fuerzas para dar rotundo rechazo a la ley de estado santuario de California
La organización Fight Sanctuary State apoya que autoridades federales ordene arrestos y deportaciones
Impulsan una iniciativa que busca revocar esa legislación que protege a indocumentados. Crédito: Fight Sanctuary State/Google Maps
Un grupo activista de California que rechaza la “ley de estado santuario”, sumándose a las acciones de varias ciudades y organizaciones, dijo que está impulsando una iniciativa que busca revocar esa legislación así como otras medidas complementarias.
La propuesta presentada por la organización política Fight Sanctuary State (Lucha contra Estado Santuario) busca revocar la SB 54 obligando a las autoridades locales a cooperar con las autoridades federales y a notificarles cuando tengan un indocumentado en custodia.
Igualmente, establece penas criminales para los funcionarios del gobierno que obstruyan la aplicación de las leyes federales de inmigración y prohíbe que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California otorgue licencias de conducir a personas que están ilegalmente en el país.
“Los políticos de Sacramento han estado mintiendo a la gente de California”, afirmó el grupo. Las “leyes del ‘estado santuario’ no protegen la privacidad de simples inmigrantes que trabajan duro y no están designadas para mantener a las familias unidas”, aseguró la organización.
Por el contrario, estas leyes “protegen delincuentes extranjeros ilegales de enfrentar las consecuencias de sus acciones y les permiten volver a las calles para cometer más crímenes”, según indican los líderes principales de la organización, Ben Bergquam, Agnes Gibboney y Don Rosenberg.
Bergquam aseguró que la medida busca “revocar la SB 54, revocar la prohibición de cooperar con las autoridades de inmigración y revocar la emisión de licencias para indocumentados”.
“Eso es lo que vamos a hacer en California”, aseguró durante el anuncio de la iniciativa en su programa de radio a través de Frontline América.
Por ello, Bergquam invitó a respaldar la propuesta que podría ser incluida en la votación de 2020.
Por su parte, Gibboney indicó que “las familias de las víctimas no tienen derechos en los tribunales y son tratadas como los criminales, en lugar de los inmigrantes ilegales delincuentes“.
Según informó el grupo, un hijo de Gibboney, una inmigrante “quien vino a Estados Unidos legalmente desde Hungría”, fue asesinado por “un hombre que había sido deportado previamente y volvió (al país) ilegalmente”.
En cuanto a Rosenberg, “un liberal de larga data”, éste desarrolló su activismo luego de la muerte de su hijo de 25 años, luego de ser atropellado en su motocicleta en San Francisco en 2010, por un inmigrante hondureño indocumentado que recientemente había recibido el Estatus de Protección Temporal (TPS).
La iniciativa anunciada se suma a otros rechazos que la ley ha enfrentado recientemente en California, incluyendo una decisión de la junta de Supervisores del Condado de Orange de unirse a la demanda del Departamento de Justicia contra la medida, al igual que el rechazo en el concejo de otras ciudades como Alamitos y Huntington Beach.
