El jefe de Backpage se declara culpable de conspiración y lavado de dinero en California y Texas

Carl Ferrer, director ejecutivo de Backpage.com, el sitio web de publicidad sexual recientemente confiscado por el gobierno federal, se declaró culpable ayer, jueves, de un cargo de conspiración, tres cargos de lavado de dinero en California y un cargo de lavado de dinero en Texas. Además, la compañía se declaró culpable de tráfico humano en Texas.

En su acuerdo federal, Carl Ferrer, de 57 años, se declaró culpable de conspiración para facilitar la prostitución utilizando una instalación en el comercio interestatal o extranjero, y la conspiración para participar en el lavado de dinero, reconociendo que sabía desde hace tiempo que la gran mayoría de los anuncios en Backpage para servicios de “adulto” y “acompañante” eran en realidad anuncios de prostitución.

Además, el director ejectuvo reconoció que él y otros funcionarios de Backpage, empresa creada en 2004, habían utilizado cuentas bancarias pantalla y empresas de procesamiento de criptomonedas para ocultar la fuente de sus ingresos.

Los alegatos a nivel estatal fueron requeridos por los acuerdos de declaración de culpabilidad federal que Ferrer y Backpage ingresaron el 5 de abril en el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Arizona. En comunicados de prensa del jueves, los procuradores generales Xavier Becerra de California y Ken Paxton de Texas hablaron de “las principales victorias en la lucha contra la trata de personas“.

Los acuerdos requieren que Ferrer cierre Backpage.com en todo el mundo, proporcione los datos del sitio web a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y coopere en el enjuiciamiento de sus fundadores, Michael Lacey y James Larkin (que se han declarado inocentes, al igual que varios empleados de Backpage). A cambio, enfrentará sentencias máximas de cinco años en cada caso.

La decisión se dio a conocer un día después de que Donald Trump firmara la ley contra el tráfico sexual. Esa legislación, que cuenta con un amplio respaldo bipartidista en el Congreso, brinda a los fiscales más herramientas y suspende las protecciones de responsabilidad para las compañías de Internet cuyos sitios alojan contenido ilegal.

La legislación y la acusación federal han sido celebrada por los activistas contra la trata, pero algunas organizaciones que defienden a las personas que ejercen el trabajo sexual argumentan que el cierre de Backpage las obligará a afrontar situaciones más peligrosas.