Estados Unidos recibe miles de millones anuales en impuestos de inmigrantes indocumentados

$ 7,000 millones en ventas, $ 3,600 millones en propiedad y $ 1,100 millones en renta

Trump anuló el programa de Acción Diferida que protegía de la deportación a unos 690.000 jóvenes que llegaron al país de niños, los "soñadores".

Trump anuló el programa de Acción Diferida que protegía de la deportación a unos 690.000 jóvenes que llegaron al país de niños, los "soñadores". Crédito: EFE / ALEXANDRA VILCHEZ

La población indocumentada aporta cerca de $12,000 millones de dólares en tributos cada año, a pesar de que no puede beneficiarse de la gran mayoría de programas públicos. Así lo recuerda un estudio del Instituto sobre Impuestos y Política Económica, de cuyos datos se hacen eco las asociaciones proinmigrantes aprovechando que es el último día para pagar impuestos.

La cifra, que sorprenderá a muchos, incluye $7,000 millones de dólares en ventas e impuestos especiales, $3,600 millones de dólares en impuestos a la propiedad y $1,100 millones de dólares en impuestos a la renta. “Entre sus muchas otras contribuciones a nuestras comunidades y la economía, los inmigrantes indocumentados ayudan a reforzar las finanzas de programas como la Seguridad Social, de los que ni siquiera son elegibles para beneficiarse”, apuntó dijo a Efe Josh Dorner, vicepresidente de la firma de estrategia política SKDK.

Según el informe, en total los trabajadores indocumentados pagan alrededor del 8 % de sus ingresos en impuestos estatales y locales, un dato superior al 5.4 % que abona la clase más rica del país. “Los inmigrantes generan ingresos fiscales de los negocios que poseen, los empleos en los que trabajan y su poder adquisitivo, unas cantidades que desaparecerían si se vieran obligados a abandonar el país”, apuntó a Efe Philip Wolgin, director general de Políticas de Inmigración del Centro de Acción del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP).

Este es una buena fecha para recordar que se debería estar legislando para reconocer las valiosas contribuciones que los inmigrantes hacen para nuestra economía”, añadió Wolgin. Y es que estas reivindicaciones llegan un día después de que el Servicio de Rentas Internas (IRS) decidiera alargar 24 horas el plazo para pagar impuestos porque el sitio web del organismo federal sufrió problemas técnicos este martes, inicialmente marcada como fecha límite.

Lejos de reconocer el impacto positivo de la comunidad inmigrante en las arcas del país, la retórica antiinmigrante del presidente Donald Trump ha sido común desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017. Además de sus intenciones de levantar un muro en la frontera sur con México y de presuntamente llamar “agujeros de mierda” a naciones como El Salvador, Haití y varios países africanos, Trump ha cancelado varios programas que protegían de la deportación a decenas de miles de indocumentados.

“Él sigue hablando sobre inmigrantes indocumentados, que pagan cerca de $12,000 millones de dólares cada año en impuestos. Él no está contribuyendo a un sistema que dice que va a arreglar”, criticó la presidenta de Voto Latino, Maria Teresa Kumar, en una entrevista con la NBC. Entre las protecciones que Trump ha anulado se encuentra el programa de Acción Diferida (DACA), que protegía de la deportación a unos 690,000 jóvenes que llegaron al país de niños, conocidos como “soñadores”.

Según datos del CAP, el 91 % de los beneficiarios de ese programa están empleados o van a la universidad y pagan sus impuestos, lo que se traduce en más ingresos locales, estatales y federales, mientras que el 5 % de ellos inició su propio negocio. De hecho, los “soñadores” pagan un total de $1,800 millones de dólares en tributos, de acuerdo al análisis del Instituto sobre Impuestos y Política Económica.

Este centro de pensamiento progresista ha reiterado en numerosas ocasiones que es “vital” encontrar una solución para estos jóvenes indocumentados, que podrían ser deportados una vez expire la fecha de su permiso migratorio. Las últimas estimaciones del CAP apuntan a que conseguir una protección permanente para este sector de la comunidad indocumentada significaría una contribución de $39,300 millones de dólares a la Seguridad Social y al programa Medicare durante la próxima década.

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