Acusan a forense de ignorar pruebas para proteger a policías que mataron a civiles
Dos médicos del condado de San Joaquín renunciaron, alegando que Steve Moore también los presionaba a cambiar sus hallazgos
Tras cuatro meses de escrutinio, los supervisores del condado de San Joaquín despojaron de su puesto al forense, Steve Moore, quien también fungía como Sheriff del condado ubicado en el norte de California.
Los supervisores votaron de forma unánime a favor de separar los puestos, así como implementar un examinador médico independiente a la agencia. Dicha decisión se dio tras una auditoría realizada después de que dos patólogos renunciarion, alegando que Moore estaba obstaculizando su trabajo.
De acuerdo con los médicos Bennet Omalu y Susan Parson, quienes ofrecieron proporcionar un informe de 100 páginas detallando sus experiencias, el Sheriff retenía pruebas y los presionaba a cambiar sus hallazgos, lo cual les impedía realizar su labor.
En el condado de San Joaquin y en la mayoría de los demás condados de California, un patólogo forense determina la causa de las muertes repentinas, sospechosas o violentas. Luego, el Sheriff-forense decide si se trató de un accidente, un homicidio, un suicidio o una muerte natural o indeterminada.
Una investigación de la radioemisora KQED apunta a al menos dos casos en los que civiles murieron a manos de agentes del orden y el Sheriff ignoró las opiniones de los patólogos forenses. En lugar de clasificar las muertes como homicidios como ellos recomendaba, el Sheriff las certificó como accidentes. Asimismo, la auditoría independiente divulgada la semana pasada encontró discrepancias similares al analizar varias muertes de civiles bajo la custodia de agentes en 2016.
Moore niega las acusaciones en su contra. También prometió apoyar los cambios implementados por los supervisores, y señaló que la auditoría no encontró ninguna irregularidad en su departamento.
Los funcionarios del condado aún deben determinar cómo establecer el nuevo sistema de médico forense, el cual será integrado por médicos e investigadores civiles. Se estima que el proceso podría tardar al menos un año.
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