Sessions receta más juicios contra miembros de caravana de inmigrantes en la frontera sur
La Administración Trump ha dicho que continuará enjuiciando a quienes crucen ilegalmente la frontera hacia EEUU
La caravana migrante en la frontera sur. Getty Images Crédito: David McNew/Getty Images
WASHINGTON—El fiscal general, Jeff Sessions, ha dejado en claro que el gobierno de EEUU continuará presentando cargos criminales contra la caravana de inmigrantes en la frontera sur y demás que crucen ilegalmente por la zona, pese a que podría exponerse a demandas por violación de leyes nacionales y el derecho internacional.
Sessions ya comenzó el lunes, al presentar cargos criminales contra once inmigrantes, incluyendo un hondureño que ya había sido detenido y deportado en una ocasión anterior.
Una fuente policial federal, que pidió el anonimato, confirmó hoy a este diario que los once acusados viajaban en la caravana de inmigrantes, cuya cifra oscila entre 150 y 200 personas, muy por debajo de la cifra original de alrededor de 1,500 mientras atravesaban México.
Aunque los documentos presentados en un tribunal federal en el sur de California tienen fecha del pasado 27 de abril, las autoridades lograron establecer los vínculos de los once inmigrantes con la caravana “mediante una inspección migratoria de rutina, e interrogatorio”, dijo la fuente.
“Criminalización” de los cruces ilegales
En el marco de la continua “criminalización” de los inmigrantes indocumentados, Sessions dijo que el Departamento de Justicia continuará trabajando con las fiscalías para “perseguir agresivamente” el enjuiciamiento de personas que crucen ilegalmente la frontera.
Según datos del “American Immigration Council”, desde que Sessions instruyó en abril de 2017 a los fiscales a dar prioridad al enjuiciamiento de inmigrantes indocumentados en la frontera, el número de casos se ha disparado. Tan sólo en diciembre de 2017, los fiscales presentaron cargos contra 4,857 personas por ingreso ilegal a EEUU, un incremento del 10% sobre el año anterior.
Sessions anunció recientemente una “política de cero tolerancia” contra los inmigrantes indocumentados, y es precisamente lo que están aplicando los fiscales sobre el terreno.
En el primer semestre del año fiscal 2018 en curso, hasta el pasado 31 de marzo, hubo 35,787 casos criminales federales y, de continuar la tendencia de ahora para el resto del año, eso supondrá un aumento del 19,5% en enjuiciamientos, en comparación con el año fiscal 2017, según el análisis de “American Immigration Council”.
Pero ni Sessions ni ningún otro miembro de la Administración mencionan a quienes podrían tener casos legítimos de asilo en EEUU.
En la actualidad, los inmigrantes en la caravana, casi la mitad de ellos menores de edad, continúan acampados en el puerto de entrada de San Ysidro, esperando a ser procesados como solicitantes de asilo.
Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) procesaron a ocho solicitantes de asilo ayer, y hoy continuaban interrogando a otros para determinar su futuro inmediato.
Las escenas de incertidumbre y demoras en esa zona fronteriza –donde se esperaba la llegada de la caravana desde que inició su marcha el pasado 25 de marzo y obtuvo enorme cobertura mediática-, reflejan las órdenes que dio el presidente Donald Trump al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para frenar el ingreso de la caravana.
Trump ganó la presidencia con una retórica decididamente antiinmigrante y desde entonces ha continuado equiparando a los inmigrantes con criminales. El sábado pasado, durante un mitin político en Michigan, acusó a los demócratas de favorecer “fronteras abiertas” y “ciudades santuario” porque sienten que los inmigrantes votarán por ellos y no por los republicanos.
En ese sentido, Trump ha vuelto a exigir la construcción del muro fronterizo y que el Congreso elimine las “lagunas legales” y agujeros del sistema migratorio que, a su juicio, alientan la emigración ilegal desde Centroamérica.
¿Y los acuerdos internacionales?
La situación en la frontera no sólo está poniendo a prueba la política migratoria de la Administración Trump sino también el compromiso de EEUU de cumplir con diversos acuerdos internacionales.
Trump no menciona en sus quejas sobre la presunta porosidad de la frontera sur que EEUU es firmante de tratados internacionales que lo obligan a proteger a quienes llegan a sus fronteras pidiendo asilo.
Entre los tratados internacionales ratificados por EEUU figuran la Convención sobre la Prevención y Castigo de Genocidios de 1987, la Convención de Naciones Unidas sobre Refugiados, y la Convención contra la Tortura de 1994.
La Administración Trump aparentemente tampoco está tomando en cuenta el costo humano de su política de deportaciones, ni el costo para los contribuyentes, ni el hecho de que los fondos públicos podrían canalizarse al combate de delitos más graves, como el tráfico de drogas y personas, según activistas.
Solo el costo por el encarcelamiento de inmigrantes indocumentados entre 2005 y 2015 totalizó $7,000 millones, según estimados conservadores, cifra que no incluye los millonarios costos judiciales y administrativos, según AIC, que el año pasado presentó una demanda contra la CBP.
Según expertos consultados hoy por este diario, EEUU debe cumplir con sus obligaciones internacionales, especialmente si exige que otros países hagan lo mismo.
“Nos preocupa que EEUU podría estar violando la Convención de la ONU sobre Refugiados, que exige a los países firmantes garantizar acceso a los solicitantes de asilo y evite enviarlos a condiciones donde afrontarán persecución”, dijo el abogado Greg Chen, de la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU (AILA).
La práctica actual del DHS de detener y referir a solicitantes de asilo a juicio por ingreso ilegal “casi con seguridad que viola las leyes estadounidenses y el derecho internacional”, advirtió Chen.
David Bier, analista del Instituto Cato, explicó, bajo la ley federal, los extranjeros tienen derecho a pedir asilo, pero todo dependerá de si pueden convencer a los agentes de que tienen un “miedo creíble” la persecución según su caso.
Las leyes permiten el enjuiciamiento de personas que ingresan ilegalmente al país, sin importar si piden o no asilo, pero “las personas que se presentan en los puertos de entrada no deberían ser procesadas por su ingreso ilegal”, aunque podrían serlo si ya habían sido deportadas, señaló Bier.
La campaña de intimidación de los inmigrantes deja de manifiesto que EEUU les niega el derecho al debido proceso, cerrándoles las puertas a la debida protección humanitaria, dijo, por su parte, Brian Griffey, un investigador de Amnistía Internacional que está con un equipo legal en Tijuana monitoreando a la caravana.
“El DHS ha tratado de tacharlos como criminales a estos inmigrantes desde antes que llegaran a la frontera. Ahora tenemos a estas personas pidiendo asilo, durmiendo en el frío, pero EEUU está violando sus propias leyes y el derecho internacional en plena luz del día, y se expone a demandas“, dijo Griffey.
Movilización de abogados y activistas
Amnistía Internacional y diversos grupos pro-inmigrantes, entre éstos la campaña “We Belong Together”, han prometido continuar vigilando el desenlace de la situación en la frontera sur, y exigir rendición de cuentas al gobierno.
La campaña “We Belong Together” está alentado al público a que llame a la CBP al (619) 652-9966, extensión 8, y exija que los agentes permitan la entrada de mujeres y niños, que desde el pasado fin de semana han pasado a la intemperie en el muro que separa a las ciudades fronterizas de San Diego y Tijuana.
Por su parte, Ur Jaddou, director del nuevo proyecto “DHS Watch” de “America´s Voice, dijo que la Administración Trump tiene todos los recursos y herramientas para responder a esta “situación humanitaria” en la frontera, y su deber, en una nación fundada por refugiados que huyeron de la persecución política y religiosa, es actuar con apego a la ley y agilizar el procesamiento de casos de asilo.
