Planned Parenthood demanda a EEUU por cambios en programa de anticonceptivos

WASHINGTON— La organización “Planned Parenthood”, que ha capeado un temporal republicano desde el año pasado, presentó este miércoles una demanda contra la Administración Trump para defender el acceso de millones de mujeres a anticonceptivos.

La demanda, presentada por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) en un tribunal federal en la capital estadounidense, quiere que se anulen los cambios anunciados el pasado 23 de febreropor el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) a un programa de asistencia de planificación familiar, creado hace medio siglo y que cada año beneficia a más de cuatro millones de mujeres pobres.

El programa ayuda a 1,2 millones de mujeres hispanas, o el 30% del total, según Planned Parenthood, que recibe $500 millones en fondos federales y, por ahora, se ha capeado de recortes pese a las presiones de grupos conservadores ante el Congreso, bajo control republicano.

El llamado “Título X” del “Acta de Servicios de Salud Pública” (PHSA) facilita servicios médicos y de planificación familiar de centros médicos y clínicas  en diez regiones administrativas y Puerto Ricoy, según la demanda, la Administración Trump quiere cambiar los requisitos para la obtención de beneficios.

“Estos cambios inexplicables e injustificados contravienen el programa X tal como lo aprobó el Congreso, viola las propias regulaciones del gobierno, y amenaza con provocar daños devastadores e irreparables para las pacientes”, explicó el documento.

Dawn Laguens, vicepresidenta ejecutiva de la “Planned Parenthood Federation of America” (PPFA), afirmó que el gobierno del presidente Donald Trump “no puede eludir la ley”, y tampoco puede “imponer su ideología” en la población.

“Nuestros cuerpos nos pertenecen, y no deben estar a la merced de la Administración Trump-Pence. Vamos a las cortes para luchar por la salud y los derechos de nuestros pacientes, y por los millones de personas en este país que necesitan acceso a salud reproductiva de calidad”, argumentó.

Por su parte, Bridgette Gómez, directora de asuntos latinos de PPFA, consideró quelos cambios del HHSson otro ataque contra la comunidad latina, que ya registra el mayor porcentaje de personas sin seguro médico en EEUU.

“Restringir aún más las opciones para personas que no tienen seguro médico, es otro ataque más a nuestra comunidad. Este programa permite que millones de latinas puedan hacerse sus exámenes anuales… las latinas somos más propensas a ser diagnosticadas con cáncer de cuello uterino que mujeres de otras razas o etnias, y es importante que continuemos brindado estos servicios a nuestra comunidad”, subrayó Gómez.

“Guerra” contra el aborto

Desde que asumió el poder en enero de 2017, el presidente Donald Trump ha adoptado medidas para restringir el acceso al aborto, incluyendo el facilitar que los gobiernos estatales retiren fondos a Planned Parenthood o restrinjan el aborto, y la designación de jueces y funcionarios públicos “pro-vida”.

También promueve la protección de la llamada “Enmienda Hyde” de 1976, que prohíbe el uso de fondos públicos para costear abortos, salvo que corra peligro la salud de la madre o si el embarazo fue producto de incesto o violación.

Ahora, la Administración sopesa cambios que, de implementarse en julio próximo, restarían unos $80 millones del presupuestode Planned Parenthood, que atiende al 41% de las pacientes bajo el “Título X” aunque conforma el 13% de todos los centros médicos del programa.

Esos cambios, por ejemplo, hacen énfasis en programas de abstinencia sexual y en la cooperación con organizaciones de la comunidad de fe y, según la demanda, omiten referencias a anticonceptivos y ponen en desventaja a proveedores de servicios de salud reproductiva como Planned Parenthood.

En paralelo a los cambios que quiere adoptar HHS, grupos conservadores urgen  a la Administración a que restablezca  la llamada “regla mordaza” de la era de Reagan, que prohibiría el uso de fondos federales para referir a embarazadas a clínicas que realizan abortos.

Cambios contraproducentes

Un análisis de 2017 del Instituto Guttmacherdeterminó que quitar fondos a Planned Parenthood y canalizarlos hacia “Centros de Salud Federales Cualificados” (FQHCs) sería poco realista y contraproducente.

“No es realista esperar que estos sitios atiendan a millones de mujeres que dependen de Planned Parenthood para servicios anticonceptivos de alta calidad”, y la red de proveedores de salud dentro del “Título X” debe incluirlos pero no a costas de otros programas, advirtió el Instituto.

Es que, para gusto de los conservadores, de los más de 9,600 sitios “FQHCs”, el 40% no ofrece un amplio gama de servicios anticonceptivos, y muchos los niegan por posturas religiosas.

A nivel nacional, hay 10,700 centros de salud que proveen servicios de planificación familiar y son administrados por entidades públicas y sin fines de lucro, incluyendo Planned Parenthood, los “FQHCs”, hospitales y departamentos de salud.

En 2015, estos centros atendieron en su conjunto a 6,2 millones de mujeres, apoyándose en fondos locales, estatales y federales, pero los “FQHCs” jamás podrían reemplazar los servicios de Planned Parenthood, según Guttmacher.

La Administración “está tratando de decirle a las mujeres qué tipo de anticonceptivo deben usar” o incluso presionarlas a que opten por la abstinencia, “en lugar de ayudarlas a obtener atención médica de calidad”, se quejó Gillian Dean, directora sénior de Servicios Médicos de Planned Parenthood.

Los fondos del “Título X” son un porcentaje significativo del presupuesto de los demandantes y, si prosperan los cambios del HHS, Planned Parenthood afrontaría un déficit multimillonario que provocaría recortes en horas y servicios, despidos de personal, y hasta cierre de clínicas, especialmente en zonas remotas y con poco acceso a servicios, dijo el documento.

Planned Parenthood también ofrece servicios de prevención y detección de cáncer, pruebas de enfermedades venéreas, y otros servicios en zonas rurales y urbanas. En la actualidad, el programa del HHS provee 18 tipos de métodos anticonceptivos, incluyendo la píldora y los dispositivos intrauterinos.

Entre los sitios que reciben fondos del “Título X” figuran las clínicas de Planned Parenthood en Nueva York, la “Clínica Monseñor Romero” en Los Angeles (California) y la red de clínicas “La Maestra” en ese estado.

Ayuda para mujeres pobres

El programa a cargo del HHS fue establecido durante la presidencia de Richard Nixon, quien en su momento aseguró que ninguna mujer en EEUU debía tener restricciones en el acceso a la planificación familiar por su condición económica.

El programa establece los siete criterios que debe usar el HHS para determinar el tipo de servicios y métodos anticonceptivos, así como quiénes y cuántas mujeres pueden recibirlos en las clínicas y centros médicos participantes.

Grupos conservadores, entre éstos el “Family Research Council”, aplauden los cambios porque consideran que, de esta forma, la Administración podrá trazar “una línea roja” entre los grupos pro-aborto y aquellos con fines netamente de planificación familiar.

“Lo que tiene sobre la mesa la Casa Blanca son reglamentos de la era de Reagan que le otorgarían fondos a Planned Parenthood bajo el programa Título X, pero no en clínicas donde se practica el aborto”, dijo la organización.

La demanda contra funcionarios de alto rango del HHS también incluye a afiliadas de Planned Parenthood en Wisconsin, Ohio y Utah, WilmerHale y la Asociación Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva (NFPRHA).