Procurador Sessions quita a jueces migratorios poder de cerrar casos de deportación
La decisión en Castro -Tump elimina precedentes que han permitido esta herramienta durante 30 años y puede abrir la puerta a la reapertura de casos de deportación para cientos de miles si los fiscales de DHS así lo piden.
Crédito: Alex Wong / Getty Images
El procurador Jeff Sessions desechó años de precedentes legales para decidir que, de ahora en adelante, los jueces de inmigración no tienen la autoridad de cerrar casos administrativamente.
La decisión de Sessions en el caso de Castro-Tum significa que 350,000 personas cuyo caso de deportación fue cerrado por diversas razones -incluyendo para permitirles que pidieran otro beneficio migratorio- podrían ser reabiertos si los fiscales del gobierno así lo piden.
El cierre administrativo equivalía a poner casos en un archivo “inactivo” cuando se trataba de personas no peligrosas, que tendrían acceso a un beneficio más adelante o que no eran prioridad de deportación.
La herramienta fue utilizada con mayor incidencia durante el gobierno de Barack Obama, cuando los jueces cerraron 180,000 casos en todo el país.
Esta cantidad fue mayor que el total de los 22 años anteriores, debido a que entonces, la Casa Blanca instó al tribunal a usar su discreción para manejar la inmensa cantidad de casos pendientes y dar prioridad a la deportación de delincuentes.
Los jueces cerraron muchos más casos a partir de 2012, cuando la Junta de Apelaciones de Inmigración dictó que se podía cerrar casos sobre la objeción de una de las partes (por ejemplo DHS).
Sessions, como procurador general, puede tomar una decisión legal como esta e invalidar precedentes anteriores porque los tribunales de inmigración no son independientes, sino dependen del departamento de justicia.
Dana Leigh Marks, presidenta honoraria de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración dijo que la decisión de Sessions era decepcionante y que tiene el potencial de engrosar aún más la excesiva carga de los jueces migratorios.
“Tenemos más de 700,000 casos pendientes y esto amenaza con ponernos por arriba del millón”, dijo la jueza en reacción al fallo de Sessions, emitido el jueves a última hora de la tarde.
La asociación de jueces había enviado una carta a Sessions pidiendo que mantuviera la autoridad de cerrar casos para poder manejar los grandes rezagos en manos de cada juez migratorio.
“No sabemos cómo reaccionará DHS, si pedirán abrir solo casos graves o si pedirán abrirlos todos”, dijo Marks.
Sin embargo, la de Sessions podría no ser la última palabra, dijo Marks.
“Sabemos que siempre habrá un abogado creativo que busque la manera de apelar esta decisión”, apuntó.
Trina Realmuto, abogada del Concilio Americano de Inmigración, una organización pro inmigrante, acusó a Sessions de “distorsionar la ley para cumplir sus propósitos políticos”
“Esta decisión es mala política y será dañina a los inmigrantes y sus comunidades, aparte de ser consistente con las declaraciones de Sessions como senador y procurador, en las que ha demostrado sus prejuicios contra los inmigrantes”, dijo Realmuto.
