“Honduras y El Salvador no pueden recibir a tepesianos”

Un grupo de abogados y activistas que tiene pendiente una demanda contra el gobierno de Donald Trump por la orden de terminar con el TPS para salvadoreños y hondureños, entre otros, regresaron esta semana de una visita a ambos países tras armarse de nueva evidencia sobre la situación que empuja a decenas de miles de personas cada año a escapar de la región.

La información recabada en esos países se presentará en el tribunal federal de Boston, donde el 29 de junio habrá una primera audiencia sobre la demanda de Centro Presente, Alianza Americas y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles contra el gobierno de Trump, buscando preservar el programa.

“Nuestra observación confirma lo que ya sabíamos pero que queríamos actualizar”, dijo Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo del Comité de Abogados por los derechos civiles, quien fue parte de la delegación. “Cada uno de estos países mantiene condiciones que causan un desplazamiento interno, forzado por la violencia, la extorsión y la inseguridad”.

Los nuevos datos y testimonios vienen a reforzar lo que la migración de esos países hacia Estados Unidos ha asomado por años: que la situación económica, social y de seguridad en esos países, no es la idónea para el regreso de cientos de miles de personas que podría ser obligadas a regresar después de décadas en este país.

La demanda de estos grupos, presentada en febrero ante un tribunal federal en Boston,  alega que la decisión del gobierno de Trump no estuvo basada en un cambio positivo o mejoras a la situación de los países en cuestión, sino en actitudes discriminatorias contra esas poblaciones de parte de su gobierno.

Normalmente, el TPS es un programa temporal que se revisa cada cierto tiempo y que puede terminar si el gobierno encuentra una mejora a las condiciones que lo originaron.

 Frágil seguridad, feminicidios y débiles instituciones

El grupo estuvo en Honduras y El Salvador del 28 de Mayo al 1 de Junio sosteniendo reuniones con diversos grupos locales y, adicionalmente, integrantes de Alianza Americas también visitaron Guatemala, el tercer país del triángulo norte de donde están saliendo miles de refugiados cada día.

Guatemala no tiene TPS, como lo han tenido Honduras y El Salvador durante 18 y 17 años, respectivamente, pero la situación de violencia en ese país, la grave situación económica y ahora, la explosión del volcán, amenazan con crear más migración, dijo Espinoza-Madrigal.

En la observación realizada en esos países, que se va a plasmar en un reporte y en presentaciones al tribunal, abogados y activistas, resaltó la continua violencia contra la mujer, la violencia de pandillas en general, la precariedad económica y la falta de instituciones que protejan efectivamente a la población, dijo Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Americas.

Cancelar el TPS y ordenar el regreso de decenas de miles de personas que han vivido aquí por décadas y la consecuente pérdida de remesas y ayudas que estos envían a sus países sólo causaría más desestabilización, agregó el activista.

Según Chacón, la delegación se sorprendió de la gravedad del problema económico y de seguridad que pudieron percibir en estos países.

“En ambos países quedó claro que la brecha entre la gente que cada año entra a la fuerza laboral y la creación de trabajos es inmensa”, dijo Chacón. “En El Salvador, por ejemplo, sabemos que por cada 100 personas que necesitan trabajar, sólo hay 25 empleos”.

Deportar a cientos de miles de tepesianos sólo empeorará la situación, apuntó el activista.

La violencia de pandillas tampoco es el único problema de seguridad de esas poblaciones, agregó el activista. “Hay un patrón de abusos de poder de fuerzas vinculadas a las policías”.

“Es sorprendente el nivel de impunidad”, dijo Espinoza-Madrigal. “No hay infraestructura o instituciones para apoyar y proteger al pueblo, esto es muy diferente a lo que nosotros vivimos en Estados Unidos y el acceso que aquí tenemos a instituciones que puedan dar un remedio jurídico a los problemas”.

Otro tema que sobresalió es la intensidad de la violencia de género en la zona. “Una mujer es asesinada cada 16 horas en Honduras y cada 19 horas en El Salvador, estos son datos de organizaciones de derechos de la mujer en base a las cifras de feminicidios”, dijo el abogado.

Chacón indicó que toda la evidencia existente, incluyendo las comunicaciones de los expertos de Estados Unidos en esos países, coinciden en que ninguno de ellos está listo a recibir las cantidades de “tepesianos” que tendrían que regresar.

“Está claro que no hicieron caso a sus propias embajadas y que la decisión de terminar con TPS se llevó a cabo por razones políticas”, dijo Chacón