Demócratas del Senado promueven iniciativa para frenar separación de familias

WASHINGTON—La Administración Trump afronta demandas de grupos cívicos y la condena internacional por su política de separar a las familias inmigrantes en la frontera sur, y ahora un grupo de 32 senadores demócratas promueve una medida para frenar esa práctica.

La medida fue presentada un mes después de que la Administración Trump anunciara una política de “cero tolerancia” a la inmigración ilegal, ordenando el enjuiciamiento de toda persona que cruce ilegalmente la frontera.

Además, la Administración mantiene una campaña de presión para que el Congreso elimine las protecciones para los niños no acompañados de Centroamérica y para solicitantes de asilo que, a su juicio, son “lagunas legales” que invitan al fraude migratorio y alientan la inmigración ilegal.

“La Administración está haciendo todo lo posible por disuadir la inmigración ilegal, y seguir criminalizando a nuestra comunidad cuando los inmigrantes intentan la vía legal, como es el caso de los solicitantes de asilo en la frontera”, señaló a este diario Isabel Sánchez, experta en política de la oficina en Washington de CHIRLA.

Bajo la Administración Obama “no había en realidad la intención de separar a las familias, y lo que estamos viendo ahora es una política de cero tolerancia en la que se vale separarlas”, agregó Sánchez, cuyo grupo respalda la iniciativa demócrata.

En febrero pasado, el Senado rechazó una medida que incorporaba los cuatro pilares del plan migratorio del presidente Donald Trump, que incluía protección para los “Dreamers” a cambio de la construcción del muro fronterizo y el reforzamiento de las medidas policiales contra los inmigrantes indocumentados.

Estrictas condiciones para separar a familias

El proyecto de ley, titulado “Acta para Mantener Juntas a las Familias”, está liderado por la senadora  demócrata por California, Dianne Feinstein,  y, salvo excepciones, prohíbe que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) separe a los niños de sus padres en la frontera sur o en una periferia de 100 millas dentro de la zona fronteriza.

El Congreso tiene la obligación moral de exigir un cese a la “inmoral” separación de familias, muchas de las cuales huyen de una “terrible violencia” y buscan protección y asilo en EEUU, explicó Feinstein.

“Una agencia no podrá separar a un niño de su padre o guardián legal solo por la meta política de disuadir a individuos de emigrar hacia EEUU, o por la meta política de promover el cumplimiento de las leyes civiles migratorias”, precisa el texto de la legislación.

La medida, que debe ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, precisa que los agentes del DHS podrán  separar a las familias solo si, por ejemplo,  un tribunal estatal elimina los derechos de tutela de un padre por el bienestar del menor, o si las autoridades no pueden establecer los vínculos familiares.

También si hay sospecha de que el menor ha sido víctima de tráfico de personas o está en riesgo de serlo; si corre peligro de abuso o negligencia de sus padres o guardianes legales, o si es un peligro para sí mismo o los demás.

Con el objetivo de exigir rendición de cuentas, la medida pide a los agentes acompañar sus arrestos de documentación y evidencias que respalden la separación familiar.  Además, el gobierno debe implementar una guía y capacitación para los agentes sobre asuntos relacionados con el desarrollo infantil, y le de seguimiento en un informe anual.

También exige que en un plazo de seis meses, el DHS divulgue una guía bilingüe pública sobre cómo los padres de familia pueden localizar a sus hijos tras una separación familiar.

En la actualidad, los niños no acompañados son enviados a albergues a cargo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y posteriormente entregados a sus padres o familiares cercanos, aunque algunos van a parar a casas de crianza temporales, conocidos en inglés como “foster homes”.

Pero, cada vez con más frecuencia, las autoridades también separan a los niños de sus padres cuando son detenidos en la frontera.

Durante una audiencia el pasado 24 de mayo ante el Senado, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) dijo que ese mes la agencia separó a 658 niños de un total de 638 padres, o un promedio de 47 por día.

Según las cifras de mayo divulgadas esta semana por el DHS, las autoridades arrestaron a 6,405 niños no acompañados y 9,485 unidades familiares, para un total de 40,344. Desde octubre de 2017,  el total para ambas categorías asciende a 32,372 y 59,113, respectivamente.

Condena internacional

La práctica de la separación familiar se ha ganado la repulsa de organizaciones como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), Amnistía Internacional y Naciones Unidas, y grupos pro-inmigrantes en todo el país.

Es que Estados Unidos quiere dar lecciones al mundo sobre el respeto a los derechos humanos pero, según observadores, está violando sus propias leyes sobre el derecho de los inmigrantes a solicitar asilo y también convenios internacionales sobre refugiados.

“EEUU está violando las leyes con esta política brutal, que abrirá las puertas a más demandas tanto de las víctimas como de organizaciones cívicas; la Administración está yendo más allá de la intención del Congreso, porque ninguna ley exige la separación de familias“, dijo a este diario Alex Nowrasteh, analista de política migratoria del Instituto Cato en Washington.

“La Administración no va a frenar esta práctica, pero tampoco veo que el Congreso vaya a hacer algo este año sobre el tema de. Pero esto crea espacios para que las cortes se pronuncien sobre la legalidad de esta práctica“, agregó.

El miércoles pasado, un juez federal en San Diego (California), dio luz verde para que prosiga una demanda colectiva interpuesta por ACLU contra la separación de familias.

La oficina de Feinstein destacó testimonios de personas afectadas por la separación de familias.

Mirian una hondureña de 30 años, fue separada de su hijo de 18 meses cuando llegó a la frontera en busca de asilo en febrero pasado, mientras que “Mrs. C”, una brasileña que también solicitó asilo, fue separada de su hijo, y pasó 25 días en prisión bajo cargos de entrar ilegalmente al país.

Y una salvadoreña identificada por las iniciales “J.I.L” dijo que ella y sus dos hijos, de 10 y 4 años, respectivamente, fueron arrestados cuando cruzaron en marzo pasado y enviados a una “hielera” en un centro de detención. Jamás olvidará los gritos y llanto de sus hijos cuando fueron separados de ella y enviados a un albergue en San Antonio (Texas).

Sus casos forman parte de una demanda colectiva contra la Administración.

Creciente apoyo a iniciativa

Además de CHIRLA, organizaciones como la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), “Kids In Need of Defense” (KIND), “Children’s Law Center”, y el “Young Center for Immigrant Rights” apoyan la medida.

“Sabemos que experiencias altamente estresantes, como la separación familiar, pueden causar un daño irreparable en la salud de los niños, interrumpiendo la arquitectura de su cerebro y afectando su salud a corto y largo plazo”, advirtió Colleen Kraft, presidenta de la AAP.   

La iniciativa cuenta con el apoyo de una treintena de senadores demócratas, incluyendo Chuck Schumer y Kristen Gillibrand, de Nueva York; Bob Menéndez, de Nueva Jersey; Dick Durbin, de Illinois; Tim Kaine, de Virginia; Catherine Cortez Masto, de Nevada; Patrick Leahy, de Vermont; Kamala Harris, de California, y Jeff Merkley, de Oregon.

Merkley visitó el pasado fin de semana un centro de detención en la frontera en el que, dijo, encontró a niños “en jaulas” y durmiendo en colchonetas en el piso.

“Seamos claros: no existe ley que exija a esta Administración separar a los  niños de sus padres, el fiscal general (Jeff) Sessions, y la secretaria (de Seguridad Nacional, Kristjen) Nielsen están optando por separar a las familias para intimidar a quienes buscan asilo legalmente en nuestro país. Es algo extremo, desgarrador, y anti-estadounidense, y debe parar”, dijo Durbin.