Salvar al país de la destrucción de Trump

Cada vez que Donald Trump dice otra de sus barbaridades, los analistas repiten el cansado libreto de que es “indignante”, que “no es presidencial”, que “no respeta las normas”, que es “prejuicioso”, que “estamos indignados”. Eso ya lo sabemos y padecemos. La pregunta es qué vamos a hacer al respecto. Cómo se puede cambiar la ecuación. Cómo se puede frenar de algún modo el asalto de este individuo a nuestras instituciones, al decoro, a sectores completos de nuestra sociedad, comenzando por los inmigrantes.

Pensemos que solo en materia migratoria el gobierno de Trump ha hecho lo siguiente en los pasados días:

Creó una crisis humanitaria por gusto. Separó a niños, incluso de meses de nacidos, de sus madres y padres y todavía es la hora que no los reúne; de hecho, el viernes solicitó más tiempo para cumplir con una orden judicial para reunificar a estas familias. Se supone que este martes 10 de julio reuniera a 102 niños menores de 5 años con sus padres. ¡Cien niños y no puede cumplir con la orden! ¿Qué pasará con los miles restantes? Al menos 46 de los padres de estos 101 niños están detenidos; 19 ya fueron deportados, y otros 19 fueron liberados pero el gobierno desconoce dónde están.

Peor aún, el diario The New York Times reportó que aparentemente los récords que establecen el parentesco entre padres y niños se extraviaron o fueron destruidos.

El relato de una madre que se reunió con su niño tras 85 días de separación ilustra la crueldad de este presidente y de sus habilitadores. El niño estaba sucio y cubierto de piojos, dijo la madre, “como si no lo hubieran bañado durante los 85 días que estuvo separado de nosotros”.

Y si se pensaba que la guerra de este presidente es solo contra los inmigrantes indocumentados, Trump y su gobierno han demostrado que es contra los inmigrantes en general, sin importar su situación migratoria, y es obvio que siente especial desdén hacia los latinos.

En la semana que se conmemoró la Independencia de Estados Unidos, la prensa informó que el gobierno de Trump, silenciosamente, ha estado dando de baja a militares inmigrantes a quienes había prometido una vía rápida a la ciudadanía. Muchos alegan que ni siquiera saben con certeza por qué son dados de baja, pues las autoridades militares citan “asuntos” en sus historiales sin ofrecer más explicaciones. Muchos de estos militares inmigrantes fueron reclutados a través de un programa que atrae candidatos que puedan ofrecer destrezas especiales, incluyendo el conocimiento de más de 44 lenguas de interés estratégico para la milicia.

Por otra parte, los ciudadanos naturalizados también están en la mira de Trump. Se anunció que se están llevando a cabo revisiones para determinar si hubo instancias de fraude que conduzcan a la revocación de la ciudadanía. Si existe una Fuerza de Deportación, aparentemente ahora habrá una Fuerza de Desnaturalización. La pregunta es por qué hacer tan público un proceso existente de revisión para garantizar que personas no hayan obtenido la ciudadanía con identidades falsas o que hayan mentido o cometido fraude. ¿Se trata de otra forma de intimidar a los inmigrantes para que no obtengan la ciudadanía? Muchos dirán que si nada hay qué esconder, no habría problema en solicitarla; pero con base en este gobierno de intimidación, la gran interrogante es qué se considerará un error.

El gobierno de Trump también advirtió que muchos inmigrantes comenzarán a recibir citatorios ante jueces de inmigración que pueden conducir a una deportación. Lo siniestro de la propuesta es que convierte en prioridad de deportación casos que previamente no lo eran, y eso incluye, por ejemplo, a víctimas de abuso, de tráfico humano o incluso quienes son familiares de ciudadanos.

El mes pasado USCIS anunció que los no ciudadanos que soliciten cambio de estatus pueden ser colocados en proceso de deportación si ese cambio les es denegado.

Y no olvidemos las propuestas del Secretario de Justicia, Jeff Sessions, que buscan minar las leyes de asilo restringiendo incluso a víctimas de violencia doméstica y de pandillas, algo específicamente dirigido a los centroamericanos que vienen huyendo de esos grupos violentos.

El denominador común de todas estas propuestas es la intimidación. Otro denominador común son sus impulsores ―Sessions y el asesor presidencial Stephen Miller―, quienes avalados por un presidente extremista y prejuicioso, han dado rienda suelta a las políticas públicas que durante años intentaron infructuosamente impulsar en el Congreso. Ahora lo hacen sin intervención de ese Congreso, que de todos modos no haría nada por detenerlos pues de momento está controlado por Trump.

Y si este presidente resulta airoso con la nominación que este lunes haría a la Corte Suprema, solidifica el ala conservadora del máximo tribunal y en cierto modo garantiza la continuidad de políticas migratorias ―y en otros rubros― que puedan ser retadas en los tribunales.

Esto sin contar los otros asaltos de Trump a las minorías, al medio ambiente, a los derechos de las mujeres, a las comunidades LGBTQ, a nuestras instituciones, incluyendo nuestro sistema electoral al rehusarse a reconocer que Rusia atacó nuestras elecciones en 2016 e insistir en defender al líder ruso, Vladimir Putin. Súmele a eso sus insultos, burlas y ataques a su objetivo du jour.

Con todo, y a cuatro meses de las elecciones que determinarán quién controla el Congreso, el entusiasmo de los votantes, particularmente hispanos, es motivo de debate.

La retórica de Trump ya se manifiesta en sus políticas públicas. En inmigración, conduce una purga. Si eso le indigna, le alarma y le preocupa, debería ser motor suficiente para movilizarlo y votar, porque con Trump se comprueba cada día que las elecciones tienen serias consecuencias.