L.A. aprueba $3.5 millones en pagos por mala conducta policial
$2.5 millones para la familia de un joven esquizofrénico asesinado y $1 millón para una chica que sufrió abusos
06/05/18 / LOS ANGELES/ The Los Angeles County SheriffÕs DepartmentÕs TacticÕs and Survival Training Unit, Norwalk and Cerritos SheriffÕs Station Personnel, Metro State Hospital Police Personnel, and Los Angeles County Fire Department conducts an active shooter response drill at Metro State Hospital. The training simulated a shooting at the facility where sheriff, police and fire personnel responded and took simulated action. (Aurelia Ventura/La Opinion) Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia / La Opinión
La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó dos pagos de liquidación el martes por un total de $3.5 millones de dólares por incidentes que involucran a las agencias de aplicación de la ley. Las demandas se debieron a los disparos recibidos por un hombre mentalmente enfermo por parte de los agentes del sheriff y el asalto sexual contra una adolescente por parte de un oficial de libertad condicional.
Así, la junta aprobó un pago de $2.5 millones de dólares por el Departamento del Sheriff para el hijo y los padres de Johnny Martínez, un hombre de 28 años que se cree que padecía esquizofrenia y fue disparado 36 veces por agentes del sheriff fuera de su hogar Vermont Knolls en 2014.
Los agentes de Century Station respondieron a un reporte de asalto del vecino de Martínez, José Hernández, quien dijo que él lo había apuñalado en la cara con un cuchillo. Los oficiales confrontaron a Martínez y le ordenaron que colocara sus manos detrás de su espalda. Cuando se negó y blandió su cuchillo, desplegaron un Taser, rociaron gas pimienta y finalmente dispararon tres docenas de balas, una de las cuales rebotó en una puerta cercana y golpeó a Hernández, quien llegaría a un acuerdo con el condado. Martínez fue declarado muerto en la escena, pero el fiscal concluyó que los agentes actuaron legalmente.
Un resumen del plan de acción correctiva del Departamento del Sheriff identificó su falta de investigación de la enfermedad mental de Martínez antes de contactar con él como una “causa raíz” del incidente. Desde entonces, el departamento ha capacitado al personal de recepción y de campo de Century Station para que responda e interactúe con personas mentalmente enfermas. El 78 % de su personal de patrulla juramentado ha visto un video de capacitación sobre el tema.
El segundo acuerdo aprobado el martes, por $1 millón de dólares, involucró a una adolescente que estuvo detenida en Camp Scudder, un centro de detención juvenil en Santa Clarita. De abril a junio de 2015, el oficial de libertad condicional Oscar Calderón atacó sexualmente a la chica semanalmente, besándola, acariciándole los senos e insertándole el dedo en la vagina, de acuerdo con una demanda de derechos civiles presentada en un tribunal federal.
Según la denuncia, la adolescente no informó del comportamiento porque temía represalias, con lo que los supervisores de Calderón no pudieron evitar el abuso. “Este acuerdo no puede eliminar la pesadilla que esta adolescente experimentó mientras estaba bajo custodia del condado”, dijo uno de los abogados de la víctima, Erin Darling. “Pero es un paso en la dirección correcta que el condado reconozca que ocurrió algo horrible… Hay un gran incentivo para que el condado se asegure de que algo como esto no vuelva a ocurrir“.
Calderón fue arrestado en enero de 2017 y acusado en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles de cometer actos lujuriosos y lascivos con niños y de agredir a cuatro mujeres amparándose en su autoridad. Se declaró culpable el pasado otoño de dos cargos de asalto y fue sentenciado a 364 días en la cárcel, pero cumplió menos de un mes, sin tener siquiera que registrarse como delincuente sexual.
Los pagos se aprobaron en un momento de aumento de los gastos de litigación para el condado. En el año fiscal 2016-17, el año más reciente para el que hay datos disponibles, el condado pagó $146 millones de dólares en gastos de litigio, incluidos $80 millones de dólares en juicios y acuerdos. Dichos gastos han aumentado constantemente desde 2012-13.
