Demandan a la Ciudad por supuestamente bloquear la construcción de viviendas accesibles

No hay duda de que Los Ángeles está atravesando una de sus peores crisis de falta de vivienda de costo asequible. Cada día, decenas de familias pierden sus hogares y se ven obligadas a vivir en las calles. El último conteo de personas sin hogar de 2018 arrojó una cifra de más de 31,000 angelinos sin hogar, miles de los cuales son niños.

Dos años atrás, los angelinos aprobaron de manera contundente la Proposición HHH que autoriza $1.2 mil millones de dólares en fondos para la construcción de 10,000 unidades de vivienda asequible en todo Los Angeles. Y sin embargo, dos años después de su aprobación, todavía existen distritos angelinos donde no se han construido dichas viviendas.

¿La razón?

Según una demanda presentada la semana pasada en contra de la ciudad de Los Ángeles, la falta de construcción de viviendas asequibles responde en parte a una práctica que requiere que los concejales de cada distrito emitan una Carta de Reconocimiento (Letter of Acknowledgment, LOA) para aprobar el comienzo del proceso de construcción de este tipo de viviendas.

Una coalición formada por Public Counsel, Rosen Bien Galvan y Grunfeld LLP y Public Interest Law Project presentó la demanda en nombre de la Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE Action) en contra de la Ciudad. ACCE es una organización estatal sin fines de lucro que lucha por los derechos de vivienda de los angelinos

Según la demanda, la Ciudad utiliza un procedimiento engañoso conocido como Carta de Reconocimiento que le otorga a los concejales de la ciudad el poder de bloquear la construcción de viviendas de costo asequible.

Para poder comenzar el proceso de construcción, los concejales angelinos deben enviar esta carta a los posibles constructores. Si el concejal no la envía, las personas y empresas interesadas en construir viviendas asequibles no pueden hacerlo.

Una barrera a la creación de viviendas

Los demandantes alegan que las LOA son una barrera ilegal que impide solucionar la falta de vivienda de bajo costo que tanto necesitan los angelinos.

“Incluso antes de comenzar el proceso de aplicación para los fondos de construcción, la Ciudad automáticamente rechaza el proyecto, al no presentar la LOA requerida”, explicó Faizah Malik, de Public Counsel, la mayor firma legal “Pro Bono” del país, en entrevista con La Opinión.

“Al no presentar dicha carta, no existen rastros de documentos, lo que exime a los concejales de cualquier compromiso, transparencia o rendición de cuentas”, indicó Malik

“Y sin embargo, la Ciudad no requiere esta carta, o LOA, para otro tipo de construcciones que no son de viviendas de bajo costo. Esto causa un efecto desalentador para los posibles constructores”, agregó Greg Bonett, de Public Counsel.

Esta medida afecta principalmente a las minorías, personas de bajos recursos y a las comunidades de color.

Veto de bolsillo

“Queremos estar seguros de que remuevan este requisito (de las cartas LOA), y por ello, con la comunidad estamos haciendo todo lo posible para lograrlo”, indicó Joseph Delgado, Director de ACCE.

“El impacto de este ‘veto de bolsillo’ es enorme. Tenemos miembros, familias con niños, que están buscando un lugar donde vivir y terminan durmiendo en las calles. No hay razón para que la Ciudad imponga esta barrera a la construcción de viviendas asequibles”, agregó Delgado, refiriéndose al veto de bolsillo de los concejales.

Se conoce como “Veto de Bolsillo”, o “Pocket Veto”, al veto indirecto que pueden ejercer los legisladores cuando mantienen un proyecto de ley sin firmar, hasta que ya es demasiado tarde.

¿Cuál es el motivo de este veto?

“Realmente eso es lo que queremos saber”, respondió Bonett. Los angelinos expresaron claramente que querían más viviendas accesibles, cuando aprobaron la Proposición HHH. No entiendo por qué la Ciudad está bloqueando su construcción”, agregó.

En muchos casos, los concejales temen por las quejas de los votantes de su distrito, que si bien no siempre son la mayoría, si son los más vocales y rechazan la construcción de viviendas de bajo costo, o refugios para personas sin hogar.

La postura de “No en mi patio trasero”, más conocida como “Not In My Back Yard”, o “NIMBY” (por sus iniciales en inglés), es la postura de quienes no quieren en su distrito construcciones que alberguen a personas de color, bajos recursos o indigentes.

A la hora de cierre de edición, la oficina del Fiscal Mike Feuer no había respondido a los llamados de La Opinión.