Disminuye apoyo al proyecto de ley para la reforma del sistema de fianzas
Pese a la oposición de defensores de los derechos humanos, el proyecto avanza a pasos agigantados
Las agencias de fianza son un negocio lucrativo. Crédito: Archivo | Impremedia
La Asamblea de California aprobó ayer el proyecto de ley SB 10, el cual podría transformar el sistema de fianzas en el estado, poniéndole fin al actual sistema monetario y dándole un margen más amplio a los jueces para determinar quién representa un peligro para la sociedad.
Los cambios al SB 10 apaciguaron algunas preocupaciones presentados por jueces y agentes del orden público. Sin embargo, varios grupos de justicia criminal, así como organizaciones sin ánimo de lucro que abogan por los derechos humanos, han retirado su apoyo al proyecto. De acuerdo con este nuevo grupo de opositores el proyecto de ley le otorga demasiado poder a los jueces, lo que por consiguiente generará más personas encarceladas a la espera de juicio.
La decisión, según informó la radioemisora KQED, se llevó a cabo 14 meses después de que la Asamblea fallara en aprobar otra versión del proyecto de ley, y casi un año después de que el gobernador, Jerry Brown, se expresara a favor de una reforma y solicitara así más tiempo para llegar a un punto medio con sus contrincantes. Dicho acuerdo se develó la semana pasada.
Por otra parte es importante reconocer que de ser implementado, el SB 10 le pondría fin al actual sistema de fianzas el 1 de octubre de 2019. A partir de esa fecha los tribunales del condado tendrían que adoptar herramientas para determinar el riesgo que representa un sospechoso, así como la probabilidad de que huya.
Este proyecto de ley también exige que casi todo sospechoso acusado de un delito menor sea puesto en libertad, después de que las autoridades tomen su declaración, datos y huellas.
Los sospechosos considerados de media o baja peligrosidad podrían ser liberados bajo libertad condicional supervisada o con un grillete eléctronico, si un juez lo considera necesario.
Por ende los sospechosos considerados de alta peligrosidad, incluidas personas que hayan sido condenadas por delitos graves anteriormente serían retenidas hasta la fecha de comparecencia.
Reacciones
En entrevista con KQED, el asambleísta Rob Bonta (D-Oakland), quien lleva más de un año desarrollando la reforma, dijo que el proyecto de ley ayudaría al estado de California a “ser más justo”, ya que actualmente las personas que no cuentan con el dinero para pagar las fianzas se enfrentan a dos opciones: pedir dinero prestado para pagarla o arriesgar perder sus empleos y viviendas mientras esperan su juicio en la cárcel.
Abdi Soltani, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del norte de California, discrepa de esta postura. “Cuando una persona es detenida en la cárcel a la espera de su juicio—aunque sea (solo) por unos días—pueden perder su hogar, empleo, la custodia de sus hijos. Y eso los puede (instar) a declararse culpables cunado son inocentes”, remarcó.
Varios legisladores repulicanos y la industria de fianzas también se han expresado en contra de la reforma. De acuerdo con el portal CALmatters, desde principios de 2017 hasta la fecha, la industria ha gastado al menos $612,000 en derrotarla. También ha contribuido $129,000 en campañas electorales de candidatos que se oponen a la reforma.
Si el SB 10 se implementa, cada condado de California establecerá un procedimiento para evaluar a las personas que esperan juicio. El proyecto de ley también le da a cada tribunal de condado el poder de decidir qué tipos de crímenes pondrían a alguien en el grupo de media peligrosidad.
“Ese tipo de control local es importante,” dijo Ronald Lawrence, vicepresidente de la Asociación de Jefes de Policía de California, en entrevista con CALmatters. “Tenemos 58 condados en California, podría decirse que hemos tenido 58 interpretaciones diferentes de la ley a nivel de condado desde 1850. Creo que siempre tendrás algún tipo de inconsistencia. Así es nuestro sistema “, agregó.
Esta es la razón por la cual algunos grupos ahora se oponen al proyecto de ley, debido a que les preocupa que la justicia se aplique de manera desigual entre los condados y que finalmente los jueces decidan mantener a muchos californianos tras las rejas.
Silicon Valley De-Bug, un grupo con sede en San José, fue uno de los patrocinadores del proyecto de ley cuando se anunció a fines de 2016. La semana pasada, sus miembros viajaron al Capitolio con el fin de instar a los legisladores a votar en contra. Human Rights Watch también se opone al proyecto de ley y la ACLU, otra co-patrocinadora, también ha retirado su apoyo.
Con 41 legisladores a favor y 27 en contra, el proyecto de ley ahora avanza al Senado de California para su aprobación final.
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