Niños migrantes: la hipocresía de México
Niños centroamericanos también son separados de sus padres en México. Crédito: John Moore/Getty Images
Una de las mentiras más grandes que ha dicho Donald Trump sobre México es que el gobierno de ese país prácticamente no hace nada para impedir el paso de los centroamericanos hacia Estados Unidos. Nada más lejos de la verdad. Las autoridades migratorias mexicanas cooperan con Washington de manera irrestricta para detener a los indocumentados que quieren llegar al Norte y, para ello, no dudan en cometer, incluso contra los niños, las mismas violaciones a los derechos humanos que se dan en suelo estadounidense.
La práctica no es nueva. Se inició hace por lo menos 15 años y se ha intensificado cada vez más. Las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de Migración indican que, en lo que va del sexenio de Peña Nieto, México ha detenido a 625 mil centroamericanos. De ellos 138, 362 eran menores de edad y 55 mil con menos de 12 años.
Pero más allá de la frialdad de estas cifras, organismos nacionales e internacionales y activistas defensores de los migrantes como el padre Alejandro Solalinde han denunciado, una y otra vez, que a su paso por México los centroamericanos son víctimas de todo tipo de extorsiones, maltratos y vejaciones no solamente por el crimen organizado sino por el mismo gobierno.
En una reciente entrevista con el semanario Proceso, Diego Lorente, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, Chiapas, revela que los niños migrantes también son privados de la libertad y en ocasiones terminan separados de sus padres. Y no solo eso. Un documento del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional (CCCINM) denuncia que en los centros de detención para los migrantes imperan condiciones terribles de insalubridad y hacinamiento y los agentes a cargo de los detenidos a menudo los castigan en calabozos y los amenazan de muerte.
La situación es absolutamente inaceptable, indignante y vergonzosa para el gobierno de México que, durante años, ha hecho caso omiso del problema. Ahora vuelve a estar bajo los reflectores, especialmente porque la administración de Peña ha denunciado con virulencia las violaciones a los derechos humanos que sufren en Estados Unidos los niños centroamericanos a los que se ha separado de sus padres.
En este contexto, el reclamo de México resulta totalmente hipócrita. No se pueden denunciar los abusos de otros cuando al mismo tiempo uno comete las mismas barbaridades. A estas alturas es ilusorio pensar que el gobierno de Peña pueda hacer algo al respecto pues prácticamente ha tirado ya la batuta. Habrá que esperar a que López Obrador tome cartas en el asunto. No será, desde luego, una tarea fácil porque Trump continuará presionando para que México sea el portero que impida la entrada a los centroamericanos. Pero el nuevo gobierno tiene la obligación de implementar una política migratoria justa y de velar por los derechos humanos de todos, incluyendo los indocumentados.
