Administración desmiente que esté negando pasaportes a latinos nacidos en la frontera

WASHINGTON— El Departamento de Estado negó este jueves informes de que la agencia está negando con más frecuencia pasaportes a hispanos nacidos en la frontera con México,  al asegurar que la tasa de rechazos está en su punto más bajo, pero grupos cívicos sopesan posibles medidas legales.

La agencia, a cargo de la emisión de pasaportes, respondió así a un informe de ayer del diario “The Washington Post” de que la Administración está negando esos documentos de viaje a un creciente número de personas en la zona fronteriza, en particular a quienes nacieron con la ayuda de parteras, y de paso, poniendo en duda su ciudadanía estadounidense.

Una portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo a la prensa que la negación de pasaportes, en particular de personas nacidas con la ayuda de parteras, está en su punto más bajo en los últimos seis años, aunque hubo un repunte en 2015.

El informe del “Washington Post”, según Nauert, es “un esfuerzo irresponsable por crear división y alentar el miedo entre ciudadanos estadounidenses, a la vez que intenta atizar las tensiones sobre inmigración”.

La agencia indicó en una “hoja de datos” que durante décadas, a cambio de cierta compensación, algunas parteras y médicos en la zona fronteriza “dieron certificados de nacimiento estadounidenses a bebés que en realidad nacieron en México” y es un “problema viejo que  no es único a la Administración Trump”.

Según datos del Departamento de Estado, desde 2013 el porcentaje de pasaportes aprobados a personas bajo sospecha de usar documentos fraudulentos ha sido siempre mayor que el porcentaje de documentados negados.

En 2017 y 2018, ya bajo la Administración Trump, los porcentajes de pasaportes aprobados fueron del 71,9% y 74,2%, respectivamente. Los porcentajes de rechazo en ese periodo fueron del 28,1% y 25,8%, respectivamente.

Bajo la Administración Obama, las tasas de aceptación y rechazo fueron más o menos similares, salvo en 2015, cuando el porcentaje de aceptación fue del 64,1% y 35,9%.

En todo caso, las personas bajo sospecha tienen que entregar pruebas adicionales de su nacimiento en Estados Unidos, y si no logran demostrar su ciudadanía entonces el gobierno les puede negar el pasaporte.

Los acusan de fraude

Según el diario, la Administración Trump está acusando a “centenares, y posiblemente miles, de hispanos a lo largo de la frontera de usar actas de nacimiento fraudulentas desde que eran bebés” y está combatiendo el fenómeno con amplias y severas medidas.

En algunos casos, agregó el diario, las autoridades están encarcelando y poniendo en vías de deportación a personas que solicitan pasaportes y muestran certificados de nacimiento estadounidenses. En otros casos, ha revocado pasaportes de personas que intentaban reingresar a EEUU.

Todo eso encaja, según activistas, en la estrategia de la Administración Trump no solo de combatir la inmigración ilegal sino también reducir la inmigración legal. Además, la Administración ha dicho que reevaluará algunos casos de ciudadanía que posiblemente se lograron mediante el fraude.

La Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) impugnó hace casi una década la práctica de negar pasaportes a ciertos ciudadanos en la frontera y logró un acuerdo con el gobierno en 2009 pero, según el diario, el problema ha resurgido con la Administración Trump.

Los residentes en la región fronteriza con México son en su mayoría hispanos, y hace unas décadas era común el uso de parteras, especialmente entre familias pobres que carecían de recursos para acudir a una clínica u hospital.

Activistas sopesan medidas legales

La posibilidad de que ahora la Administración esté negando pasaportes o cuestionando la ciudadanía de quienes nacieron con la ayuda de parteras en la zona fronteriza –incluyendo a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Patrulla Fronteriza y de la policía local— ha generado críticas de líderes demócratas del Congreso, de la ACLU y otros grupos defensores de los inmigrantes.

El Caucus Hispano del Congreso (CHC) condenó la retórica y políticas “anti-inmigrantes” de la Administración y calificó la práctica de negar pasaportes “como desvergonzada” y una afrenta a los valores estadounidenses.

Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, dijo en una declaración escrita que “el esfuerzo de la Administración de negar pasaportes a residentes estadounidenses de larga data en áreas fronterizas es apenas un acto inhumano más en una serie de acciones ilegales”.

“Estamos investigando y explorando posibles pasos legales”, afirmó Gelernt.

Por su parte, André Segura, director legal de ACLU en Texas, señaló que para los residentes del sur de Texas un pasaporte es una parte vital de sus vidas, precisamente porque al vivir en una zona fronteriza  “trabajan, hacen compras, acuden a consultorios médicos y tienen familias en ambos lados de la frontera”.

“La ACLU impugnó la práctica (de negar pasaportes) hace una década para asegurar que se ponía freno a la negación arbirtraria y discriminatoria de pasaportes. No podemos permitir semejante ataque descarado contra los derechos civiles de los estadounidenses”, enfatizó Segura.

En entrevista telefónica con este diario, Carlos García, miembro de la Junta Directiva del Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP, en inglés), dijo hoy que su grupo no ha recibido quejas pero si surgen evidencias de esa práctica, entonces sería importante investigarla.

“No he hablado con los abogados (de TCRP) pero si es que hay un incremento en el número de rechazos, si escuchamos que a mucha gente les están negando (pasaportes) de forma sistemática, entonces definitivamente es algo que estudiaríamos”, dijo García.

García afirmó que no tiene conocimiento sobre un aumento de rechazo de pasaportes pero “es algo que ha ocurrido durante muchos años” en la frontera, no sólo ahora.

“La gente que nació con ayuda de parteras viene y me dice que el Departamento de Estado está viendo con lupa sus solicitudes” o les niega el pasaporte, y “creo que esto es un ataque contra nuestra comunidad porque es contra gente que no tuvo recursos para nacer en un hospital”, señaló García