Cómo el gobierno de Trump está limitando la inmigración legal a EEUU

Cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en noviembre de 2016, muchos previeron que las cosas en Estados Unidos iban a ponerse difíciles para los inmigrantes indocumentados.

No hacía falta una bola de cristal para llegar a esa conclusión. El nuevo mandatario había prometido construir un muro a lo largo de toda la frontera con México y deportar a millones de sinpapeles.

Lo que quizá pocos anticiparon era que las nuevas políticas afectarían también a los extranjeros que residen legalmente en el país.

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La posibilidad de perder el estatus migratorio o de retroceder en los derechos adquiridos es ahora una preocupación presente entre las comunidades de extranjeros en Estados Unidos.

Movidos por este temor, muchos de los que tienen visas están solicitando la residencia permanente (conocida como greencard) y quienes pueden están pidiendo la nacionalidad.

“Muchas personas pidieron la ciudadanía en 2015 porque querían votar en las elecciones de 2016 pero desde entonces lo están haciendo porque no quieren perder su residencia permanente. Todo el mundo tiene miedo y busca tener un estatus más estable“, comenta Ruby Powers, una abogada especialista en inmigración que trabaja en el estado de Texas.

“Algunos estaban esperando una reforma migratoria pero les estamos recomendando que si pueden solicitar algún tipo de permiso que mejore su situación, que lo hagan ahora”, señala a BBC Mundo Powers, quien es miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés).

Pero, ¿tienen razón para estar preocupados realmente?

“El gobierno de Trump intenta reducir el número de inmigrantes legales en Estados Unidos, especialmente aquellos que pertenecen al grupo de trabajadores cualificados, a los refugiados y a los solicitantes de asilo”, dice Alex Nowrasteh, analista principal sobre temas migratorios del Instituto CATO, un centro de estudios conservador con sede en Washington.

En agosto de 2017, el mandatario estadounidense dio su espaldarazo durante un acto en la Casa Blanca a un propuesta legislativa llamada “Ley de Reforma de la Inmigración Estadounidense para un Empleo Fuerte”

Esta iniciativa llevaría a reducir en 50% la migración legal en Estados Unidos durante la próxima década, según estimación de sus impulsores, los senadores Tom Cotton (Arkansas) y David Perdue (Georgia).

El texto apuntaba a limitar la entrada de personas “poco cualificadas” al país, eliminar la lotería de visas y establecer un sistema migratorio basado en “méritos”.

Al igual que otros proyectos de este tipo, esta propuesta no llegó a prosperar en el Congreso.

Los expertos consideran que ante el fracaso en conseguir una nuevas reglas migratorias, el gobierno recurre a medidas administrativas para limitar la entrada y permanencia legal de extranjeros en el país.

Según Nowrasteh, la Casa Blanca está teniendo más éxito en socavar la inmigración legal que en conseguir financiamiento para construir el muro con México.

“Muchas de las vías a través de las cuales las autoridades están reduciendo la inmigración legal consisten en el aumento del número de barreras burocráticas para tramitar una visa y en un incremento del costo de las mismas al solicitar la presentación de documentos innecesarios con el objetivo de dificultar el proceso”, apunta.

Powers coincide. “En general, todos los procesos están tardando más. Intentan hacer más difícil tanto la migración legal como la obtención de ciudadanía”, dice.

Michael Bars, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), dijo que esa agencia busca salvaguardar el cumplimiento de la legislación sobre inmigración.

“USCIS está dedicada a proteger las leyes migratorias de nuestro país, ayudando a asegurar que sean cumplidas fielmente y defendiendo nuestro sistema de aquellos que buscan explotarlo a costa de los trabajadores estadounidenses y de los solicitantes que cumplen con las normas”, señaló en una declaración en respuesta a una consulta de BBC Mundo.

Trabajadores especializados

Las visas H1-B están destinadas a profesionales con trabajos especializados. Son utilizadas con frecuencia por las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley para contratar a ingenieros y expertos en informática.

El gobierno considera que las empresas se valen de estas visas para emplear a extranjeros con salarios que están por debajo de lo que cobrarían los profesionales estadounidenses.

Más de 70% de los beneficiarios de la H1-B proceden de India.

Nowrasteh afirma que el gobierno de Trump ha acumulado una nueva serie de reglas que hay que cumplir, peticiones de documentos y otras regulaciones para este tipo de visa.

“Estos cambios hacen mucho más costoso contratar trabajadores especializados en el extranjero“, señala.

Un estudio de la Fundación Nacional para una Política Estadounidense (NFAP, por sus siglas en inglés) reveló que en 2017 los requerimientos hechos para que los solicitantes de la H1-B aportaran documentación adicional aumentaron de 17,3% en el primer trimestre a 68,9% en el último trimestre del año.

En ese mismo período, la tasa de rechazos pasó de 19,8% a 22,4%.

La tramitación de este tipo de visas también se vio afectada por la decisión de USCIS de suspender la posibilidad que tenían algunos solicitantes de lograr que fueran gestionadas en un plazo más breve a cambio del pago de una prima adicional de US$1.225.

Adicionalmente, el gobierno ha informado al Congreso que tiene intención de eliminar el permiso de trabajo que se estableció hacia al final del mandato de Obama para favorecer, en algunos casos especiales, a los poseedores de visas H4 (cónyuges de trabajadores con visas H1-B), lo que afectaría a las familias de estos migrantes.

Límites a la reunificación familiar

La Casa Blanca ha cuestionado que el sistema migración actual permita a los extranjeros (con residencia permanente o naturalizados) llevar a vivir consigo a sus familiares.

Donald Trump lo llama “migración en cadena” y en sus propuestas de reforma legislativa ha abogado porque este derecho sea fuertemente limitado.

Aunque eso no ha ocurrido aún, desde el punto de vista administrativo ya se están dando pasos para dificultar este tipo de migración.

Según Powers, el gobierno está ampliando la definición de carga pública por lo que al solicitar el permiso migratorio para un familiar no bastará con demostrar que se tienen los medios económicos para darle sustento sino que, además, se tomarán en consideración otros criterios para asegurar de que no existe el riesgo de que esa persona termine solicitando ayudas sociales.

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“Eso ya está aprobado. Es cuestión de tiempo para que empiece a aplicarse”, señala la abogada.

De acuerdo con cifras ofrecidas en diciembre de 2017 por la Casa Blanca, 65% de los permisos de residencia que se otorgan cada año en Estados Unidos obedecen a la existencia de vínculos familiares.

Contrate a un estadounidense

En abril de 2017, Trump firmó una orden ejecutiva conocida como “compre estadounidense, contrate estadounidense”, en la que instruía a los funcionarios gubernamentales a aplicar “de forma rigurosa” las leyes migratorias.

La aplicación de esta norma afecta a los beneficiarios de distintas categorías de visas incluyendo la H1-B, la E2 de inversionista y la L1, que permite a las compañías transferir a algunos de sus trabajadores desde una sede en el extranjero hasta Estados Unidos.

“Esta norma es antiinmigrante desde su raíz. Ha hecho que para las compañías los trámites sean más difíciles, más costosos y más inciertos. Ahora hay más probabilidades de rechazo”, señala Powers.

Michael Bars, portavoz de USCIS, indicó a BBC Mundo que la agencia busca proteger la integridad del sistema diseñado para proteger los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores de ese país.

“El gobierno ha sido incansable en la búsqueda de una política y en una reforma migratoria basada en el mérito, incluyendo una profunda revisión de los programas de visas de trabajo para que beneficien al máximo al pueblo estadounidense, en cumplimiento de la orden ejecutiva del presidente ‘compre estadounidense, contrate estadounidense'”, apuntó.

“El USCIS seguirá decidiendo sobre todas las peticiones y solicitudes de forma justa, eficiente y efectiva sobre la base de una evaluación caso a caso para definir si cumplen con todos los estándares requeridos por las leyes, políticas y regulaciones aplicables”, agregó.

Residentes y ciudadanos

Según Powers, las nuevas medidas de regulación de la emigración afectan también a los extranjeros que cuentan con permisos de residencia permanente o incluso con la nacionalidad.

“Hay un esfuerzo renovado para arrebatar la ciudadanía a personas que ya la obtuvieron”, apunta la abogada.

Según The Washington Post, en los estados limítrofes del sur hay ciudadanos que cuentan con su certificado de nacimiento estadounidense a quienes se les está negando el pasaporte y, en algunos casos incluso, están siendo recluidos en centros de detención de inmigrantes.

Para justificar estas acciones las autoridades estarían alegando que tienen sospechas de que esos documentos fueron obtenidos de forma fraudulenta.

En el caso de los poseedores de greencard, Powers apunta que una vez que una persona cuenta con este documento usualmente su caso no es vuelto a revisar, excepto si solicita la ciudadanía.

“Hemos visto a personas que piden la nacionalidad y sus casos son revisados para verificar primero si cuando obtuvieron el permiso de residencia realmente tenían derecho al mismo y son enviados a las cortes de migración, donde tienen que luchar no para conseguir la ciudadanía sino para defender la greencard“, señala la abogada.

Las estadísticas de USCIS confirman que ha habido un aumento en las solicitudes de naturalización de 35% e indican que la cantidad de personas que cada año recibe la ciudadanía se ha mantenido en el rango entre 700.000 y 750.000.

El año pasado, esa cifra se ubicó en 716.000.

Sin embargo, en el primer semestre de 2018, hubo un incremento de las aprobaciones de casi 16% en comparación con el mismo periodo de 2017, por lo que la agencia estima que si se mantiene ese ritmo este año podría ser el de mayor número de otorgamiento de ciudadanías desde 2008.

“Cada año, los beneficios migratorios -incluyendo el gran privilegio de la ciudadanía- son alcanzables para muchos individuos respetuosos de las leyes que legítimamente buscan mayores oportunidades, prosperidad y seguridad recientemente convertidos en nuevos miembros de la sociedad y, con este fin, la agencia está muy orgullosa de ayudar a que sus sueños se hagan realidad”, señaló Bars.

Refugiados, asilados y desprotegidos

Una de las primeras decisiones que tomó Trump al llegar a la Casa Blanca fue ordenar la paralización del ingreso de refugiados procedentes de ciertos países como parte del controvertido veto migratorio.

Al mismo tiempo, limitó el número total de refugiados que aceptaría a 45.000 por año. La cifra es notablemente inferior al tope de 85.000 aplicado en 2016.

“Si las admisiones para 2018 se mantienen al ritmo que llevan, este año entrarán 75% menos refugiados que en 2016“, señala Nowrasteh.

El experto asegura que el gobierno incluso canceló un programa piloto que habría permitido a particulares o a ONG convertirse en patrocinadores de algunos refugiados y hacerse responsables de su manutención.

De acuerdo con cifras del Departamento de Estado, hasta el 31 de agosto pasado en 2018 habían sido admitidos en EE.UU. 19.899 refugiados.

Nowrasteh acusa a las autoridades de dificultar de forma directa e indirecta la posibilidad de los extranjeros de pedir asilo.

“Por ejemplo, al recortar el número de visas emitidas a ciudadanos venezolanos en 74%, en comparación con el año 2013. Ese país está en una crisis económica y política pero los venezolanos necesitan llegar a Estados Unidos para solicitar asilo. Sin embargo, no pueden hacerlo sin una visa”, destaca.

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Powers destaca, además, que el gobierno de Trump puso fin al estatus de protección temporal (TPS) que amparaba a unos 200.000 salvadoreños, unos 44.000 hondureños y unos 58.000 haitianos.

Además quiso acabar con el programa DACA, que amparaba a unos 700.000 jóvenes a quienes sus padres trajeron sin papeles a Estados Unidos cuando eran unos niños, el cual sigue operando gracias a una decisión judicial pero solo de forma limitada pues ahora sus beneficiarios solamente pueden renovar y no pueden solicitar autorización para salir del país por ningún motivo.

Pero el futuro de aquellos protegidos de la deportación por el DACA parece depender más a largo plazo de una reforma migratoria integral que luce cuesta arriba en el dividido Congreso estadounidense.

Esto los deja sumidos en la incertidumbre al igual que a muchos otros inmigrantes para quienes el sueño americano parece haberse convertido en un desvelo.

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