Fue un crimen de Estado la masacre de Tlatelolco, en 1968, reconoce gobierno mexicano

Las violaciones a los derechos humanos siguieron después de la matanza el 2 de octubre, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

La masacre dejó 400 muertos, afirman activistas

La masacre dejó 400 muertos, afirman activistas Crédito: EFE

MÉXICO – A solo unos días de que se conmemore el 50 aniversario de la matanza estudiantil en Tlatelolco, por primera vez, un órgano del Estado mexicano reconoció oficialmente que la masacre registrada el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en 1968 fue un crimen de Estado.

El sorpresivo anuncio lo hicieron integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dependiente de la Secretaría de Gobernación que emitió por primera vez medidas de satisfacción colectivas, las cuales fueron dirigidas a quienes padecieron el ataque en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

“Fue un crimen de Estado el empleo de francotiradores que dispararon, a fin de crear caos, terror y una narrativa oficial para criminalizar la protesta”, indicó Jaime Rochín, titular de la CEAV.

La recomendación, divulgada este día durante un coloquio sobre el Movimiento de 1968 “constituye la primera reparación colectiva que reconoce una de las páginas más trágicas de la historia reciente de México“, señaló la Comisión en un comunicado.

“Fue un crimen de Estado que continuó más allá del 2 de octubre, mediante detenciones arbitrarias y tortura”.

En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), Rochín presentó la resolución que tomó la CEAV y explicó que para llegar a ella colaboraron tanto la UNAM como algunos sobrevivientes de Tlatelolco.

El Movimiento del 68 es un “parteaguas” en la historia de la defensa y protección de los derechos humanos y su reparación colectiva “pretende detonar los procesos de verdad, justicia y memoria, dijo Rochín.

La CEAV busca con este acto “dar un reconocimiento a las víctimas y trabajar en un proceso que reivindique su lucha y su dignidad”, apuntó Rochín.

Sostuvo que con la reparación, el Estado “hace un reconocimiento oficial de los hechos condenando así las violaciones a los derechos humanos y sentando las bases de medidas de no repetición”.

“Las violaciones a los derechos humanos son inobjetables y abundan las evidencias que demuestran que las instituciones del Estado fueron utilizadas para ese efecto, por lo que se constituyó un crimen de Estado”, apuntó

Aclaró que la resolución no constituye en sí una reparación por los hechos, aunque reveló que muchas de las víctimas han pedido para ello que el Presidente de la República le ofrezca disculpas públicas.

Las medidas de satisfacción colectiva de la CEAV se enfocan a temas de memoria, mediante una intervención en la que se plasmarán 400 pares de huellas en un patio del CCUT, y de búsqueda de la verdad, a través de la digitalización y publicidad de archivos sobre los hechos de 1968.

Con este proyecto, el piso del patio central del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, se volverá a hacer con cemento y se imprimirán 400 pares de huellas que “representan el punto más alto en las versiones sobre el número estimado de estudiantes asesinados en la masacre”.

La Comisión destacó que la resolución incorpora el reconocimiento de que estas medidas “no condicionan ni extinguen” el derecho de las víctimas a la reparación del daño a título individual y el derecho de la sociedad a conocer la verdad sobre el Movimiento de 1968

Los activistas aseguran que los muertos por el ataque contra los estudiantes dejó al menos 400 muertos, pero el gobierno mexicano solo ha reconocido 30 decesos.

En la presentación la resolución, Jaime Rochín consideró que la masacre del 68, de hace 50 años, y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, de hace 4, tienen paralelismos.

“Tanto en Tlatelolco, como en otros hechos, la verdad y la justicia siguen esperando su momento; el que este llegue es una responsabilidad de Estado”, sentenció.

En tanto, Mario Patrón, director del Centro Prodh, destacó que la resolución de la CEAV invoca la justicia transicional.
Aunque el oficio con el cual se decretan las medidas de satisfacción colectivas está fechado el 25 de mayo, fue hasta ayer que se hizo público, en un evento al que no acudió ni un representante de las víctimas del 68.

Con información de Agencias

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