Condado de Los Ángeles tendrá 10 abogados de migración en su oficina de defensores públicos
Quintuplican su unidad de migración para apoyar a los indocumentados y residentes legales con casos criminales
El defensor público Gilbert Mares ayuda a Heriberto Berta Soria a limpiar su récord criminal. Crédito: Aurelia Ventura | La Opinión
Varias organizaciones proinmigrantes lograron que el condado de Los Ángeles aprobará la contratación de cuatro abogados de migración para sumar un total de 10 expertos en el tema migratorio en su oficina de defensores públicos.
“En junio, conseguimos que dentro del presupuesto 2018-19 se autorizara la contratación de cuatro abogados de migración junto a los dos que ya se tenían para sumar seis; pero ahora conseguimos que en el presupuesto suplementario que se va a votar en octubre, se aprobaran otros cuatro más. Así que ahora tenemos 10”, dijo Mariana Magaña, cabildera de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
“Necesitamos abogados que estén familiarizados con la ley criminal y de migración, que atiendan a los inmigrantes indocumentados y residentes legales que enfrenten algún proceso criminal”, dijo.
Y agregó que se trata de un buen paso. “Todavía hay más por hacer, pero mientras tanto debemos decir que las supervisoras Hilda Solís y Sheila Kuehl han sido unas campeonas porque lucharon por este proyecto”, resaltó.
Las organizaciones proinmigrantes exigían un mínimo de 15 abogados de migración en la oficina de defensoría pública que cuenta con 700 abogados de oficio, y antes de julio, con solo dos especializados en migración.
En mayo, el reporte “Defend L.A.: Transforming Public Defense in the Era of Mass Deportation de la Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal) puso al descubierto la grave carencia de abogados en migración en la oficina de Defensoría Pública más grande del país.
Según explicó entonces Andrés Kwon, abogado de ACLU SoCal y autor del estudio, el problema al no disponer de abogados familiarizados con las complejas leyes de migración, es que un defensor público puede – sin darse cuenta – colocar a su cliente en peligro de deportación.
“Aún las ofensas criminales menores pueden conducir a la deportación si no son manejadas con propiedad”, subrayó.
Incluso mencionó que faltas como el robo de artículos sin mucho valor en las tiendas, y orinar en público, pueden llevar a la deportación si los inmigrantes no cuentan con la asistencia legal de un abogado en migración.
La ACLU SoCal aplaudió el voto de la Junta de Supervisores.
“Desafortunadamente la Oficina del Defensor Público ha estado escasa de recursos para proporcionar a los clientes que no son ciudadanos con la representación legal de calidad requerida”, dijo Kwon.
“Agradecemos a la Junta de Supervisores por cumplir completamente con nuestra petición para contratar más expertos en migración, en momentos en los que el gobierno federal ataca despiadadamente a nuestras familias y comunidades inmigrantes”, indicó.
“El Condado y la Oficina del Defensor Público están trabajando proactivamente para asegurar que todos, independientemente de su estatus migratorio, tengan acceso a una representación legal de alta calidad”, dijo la supervisora Hilda Solís.
“Me enorgullece haber dirigido la discusión para asegurar que los defensores públicos ofrezcan una defensa criminal culturalmente competente que no cause consecuencias negativas para los inmigrantes, esta población única y vulnerable”, señaló.
