Víctimas enseñan en México cómo buscar desaparecidos y… ¡dos gobiernos les hacen caso!

MEXICO – Cuando desapareció la joven Cinthya Mabel Pantoja, el 22 de abril de 2012 en la carretera del poblado Barretal, en el estado de Tamaulipas, lo que se hacía para buscar a los desaparecidos durante las primeras 72 horas era contundente: nada.

En los ministerios públicos, los investigadores alegaban que las mujeres se iban con el novio o que los hombres andaban de parranda, una cultura que siguió aún por varios años , en parte por complicidad o intimidación de grupos criminales, pero también por negligencia y desconocimiento hasta hace unos días.

El gobierno de Tamaulipas implementó el pasado 28 de septiembre el Protocolo de Búsqueda Inmediata que le obliga a crear un área especializada para actuar en los primeros tres días de la desaparición de una persona.

No es una idea nueva sino importada del vecino Nuevo León. Tampoco es un protocolo creado por las autoridades sino por la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) que encabeza Consuelo Morales, una monja y activista que ha dedicado su vida al tema.

“Es una oportunidad compartir este camino (el protocolo) que hemos hecho organizaciones pequeñas, no porque seamos las buenas de la película, las mejores o las más grandes, ni porque seamos expertos, sino que nos hemos dejado llevar por el dolor que representa que le arrebaten un ser amado a un padre, una madre, un hermano o un amigo“, comentó.

El Protocolo de Búsqueda Inmediata se implementó por primera vez en Nuevo León en 2013, cuando la procuraduría de justicia local tenía registro de 992 personas desaparecidas; un año después, según CADHAC, del total de 1602 personas desaparecidas de las que se presentó denuncia se habían localizado a 1407, esto es un 88%.

“Es un modelo que ha funcionado y por ello resulta imperativo que continúe en operación más allá de los cambios sexenales y ojalá se implementara no solo en Nuevo León y Tamaulipas sino en todo el país”, observó Morales.

El protocolo de actuación ordena la creación de un Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata cuya labor inicia con la recepción de la denuncia, la solicitud de fotografías a los familiares, visita al lugar en donde se privó de la libertad a la persona desaparecida para recabar toda la evidencia posible, si es el caso.

Informa a los medios de información masiva para que éstos colaboren en difundir los rasgos y características, señas particulares y fotografías; solicita la colaboración de las Procuradurías de Justicia y otras autoridades, locales y federales, para la localización de la persona desaparecida otorgando la información con la que se cuente.

Verifica si la persona se encuentra en alguna Institución pública o privada como, por ejemplo, Servicio Médico Forense, cárceles, centros de rehabilitación, de detención; hospitales, clínicas y psiquiátricos. Todo antes de 72 horas; después, el caso pasa al ministerio público.

Ninguno de estos pasos se hicieron ni en el caso de Cinthya Mabel, por cuya información se ofrece por  alrededor de 30,000 dólares, ni los miles que siguieron, según Giovani Barrios presidente de Justicia por Tamaulipas, la organización civil que detalla las cifras de este delito en crecimiento.

De 2016 a 2017, dijo el presidente de la organización, pasó de 600 casos a 2,000 y en lo que va de 2018, suman ya 700 hasta principios de septiembre.

“La falta de investigación de los casos ha generado que nunca se sepa por qué desaparecen aunque en muchos casos se hable de crimen organizado“,

El procurador tamaulipeco, Irving Barrios, confió en que el protocolo ayudará a frenar estas cifras.  “Si existen modelos que han funcionado hay que implementarlos”.