Activistas celebran fallo de juez sobre TPS, pero piden solución permanente del Congreso

La Administración ha dejado entrever que apelará el fallo, prolongando aún más la batalla por la legalización de los "tepesianos"

Foto de archivo de activistas, organizaciones y otros líderes pidiendo al gobierno de Trump que se extienda el programa TPS.

Foto de archivo de activistas, organizaciones y otros líderes pidiendo al gobierno de Trump que se extienda el programa TPS. Crédito: Aurelia Ventura | La Opinión

WASHINGTON — La comunidad “tepesiana” logró un breve respiro de la amenaza de la deportación por el freno temporal de la cancelación del TPS, pero el Congreso tiene la tarea pendiente de aprobar una legalización permanente para estos inmigrantes, afirmaron este jueves activistas.

Un juez federal en San Francisco (California), Edward Chen, falló ayer a favor de 14 demandantes que impugnaron la decisión de la Administración Trump de desmantelar el programa de “Estatus de Protección Temporal” (TPS), que durante décadas ha protegido de la deportación a decenas de miles de inmigrantes indocumentados de Africa, Asia y Centroamérica.

Chen ordenó que la Administración Trump mantenga en pie el TPS, que da a sus beneficiarios estadía legal y permisos de trabajo, mientras se resuelve el litigio en los tribunales.

En este caso, el fallo de Chen, que abarca a unos 300,000 inmigrantes de los primeros cuatro países afectados por la cancelación del TPS -Sudán, El Salvador, Haití y Nicaragua-, fue en respuesta a una demanda que entablaron en marzo pasado varios grupos defensores de los inmigrantes en nombre de nueve “tepesianos”, y cinco de sus hijos nacidos en EEUU.

Un portavoz del Departamento de Justicia, Devin O´Malley dijo anoche que el gobierno luchará contra lo que considera como una “usurpación” de los poderes del Ejecutivo para aplicar las leyes de inmigración.

“El Departamento de Justicia completamente rechaza la noción de que la Casa Blanca o el Departamento de Seguridad Nacional hicieron algo indebido. Continuaremos luchando por la integridad de nuestras leyes de inmigración y nuestra seguridad nacional”, afirmó O´Malley.

Durante una conferencia telefónica hoy con periodistas, activistas y abogados implicados en el litigio celebraron el singular fallo, pero enfatizaron que la verdadera batalla se librará en el Congreso, donde hay cinco legislaciones relacionadas con una solución para los “tepesianos”.

“Esta es una decisión extraordinaria, porque es la primera vez en la historia de un estatuto del TPS en el que hay una orden judicial para frenar la cancelación” del programa humanitario y “es enormemente importante” para estas familias, explicó Emi MacLean, co-directora legal de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

Según MacLean, Chen cuestionó que la Administración Trump haya “cambiado las reglas del juego sin explicación alguna”, violando la ley en base a motivaciones de racismo y discriminación contra estos inmigrantes.

MacLean explicó que Honduras y Nepal no fueron incluidos en el fallo porque la cancelación de su TPS surgió después de que la demanda fue entablada el pasado 12 de marzo contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

“Estamos considerando todas las opciones legales disponibles”, afirmó a este diario la abogada.

En su dictamen de 43 páginas, Chen dijo que sin este alivio judicial, los beneficiarios del TPS y sus hijos “indiscutiblemente sufrirán un daño irreparable y gran adversidad” ante la amenaza de la deportación.

Los padres de niños nacidos en EEUU, en particular, se verían obligados a escoger entre llevárselos y apartarlos de la única comunidad que conocen, o dejarlos con otros familiares. En cualquiera de los dos escenarios, habría separación familiar, señaló el juez.

Por otra parte, el gobierno no logró establecer que habría un “verdadero daño” si mantiene en pie el TPS mientras se resuelve el litigio y, por el contrario, los demandantes y partidarios “establecieron sin duda que las economías locales y nacional se verán perjudicadas si centenares de miles de beneficiarios del TPS son desarraigados y deportados”, enfatizó Chen.

La próxima vista judicial sobre el caso está programada para el próximo 26 de octubre, en la que la Administración tendrá que explicar sus próximos pasos.

Para los activistas de grupos como NDLON y la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) del sur de California, aunque la decisión de Chen es un parche temporal, al menos sirve para reinvidicar la lucha de los “tepesianos” por permanecer en EEUU, donde llevan décadas contribuyendo a la economía del país.

Por separado, la principal demandante en el litigio, la joven salvadoreña, Crista Ramos, dijo anoche en una declaración escrita que ella y su familia celebran porque el fallo de Chen les da un respiro y evita, por ahora, la posible deportación de su madre a El Salvador.

“Seguiremos luchando por un estatus permanente para los beneficiarios del TPS”, prometió Ramos, de 14 años y nacida en EEUU.

En la actualidad, ninguno de los cinco proyectos de ley sobre la mesa para proteger a los tepesianos –tres en la Cámara de Representantes y dos en el Senado- ha tenido siquiera una audiencia.

En ese sentido, Frank Sharry, director ejecutivo de “America’s Voice”, dijo en un comunicado que el fallo pone “un alto temporal a la crueldad y al cinismo de este aspecto de la agenda de deportación masiva de Trump, Stephen Miller, Jeff Sessions y Kirstjen Nielsen”.

Sharry puso en duda que en el marco de la prolongada batalla legal por el TPS, el litigio obtenga una “decisión justa e imparcial” si llegue hasta el Tribunal Supremo, por lo que “la única solución real está en el Congreso”.

Sharry cifró sus esperanzas en que los demócratas recuperen al menos una de las dos cámaras del Congreos en los comicios del próximo 6 de noviembre para lograr una solución permanente para los “tepesianos”.

El legislador republicano por Colorado, Mike Coffman, instó a sus colegas en el Congreso que deseen proteger a las familias amparadas al TPS a que “trabajen por una solución legislative que provea una vía hacia la residencia permanente”.

Coffan señaló que representa un distrito con alta concentración de salvadoreños, que llevan casi dos décadas criando hijos y nietos, o aportando a la economía mediante la compra de casas y el establecimiento de pequeños negocios.

“Han formado parte del tejido de nuestra comunidad y no deberían ser obligados a abandonar” el país, puntualizó Coffman, copatrocinador de dos de los proyectos de ley pendientes.

Coffman sigue esperando respuesta a una carta que envió el pasado 26 de septiembre a Nielsen en la que solicitó una reunión para discutir una posible extensión del TPS.

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