Agencias federales quedaron a oscuras sobre política de separación de familias, dice GAO
El informe confirma el caos que ocasionó la política de "tolerancia cero" en la frontera sur, que provocó un alza significativa en la separación de familias. Unos 250 niños permanecen a la espera de la reunificación familiar, según ACLU.
Activistas esperan que los familiares deportados puedan reunirse con sus hijos. (Archivo) Crédito: Archivo/EFE
WASHINGTON— La sorpresiva puesta en marcha de la política de “tolerancia cero” en la frontera sur tomó por sorpresa a los departamentos de Seguridad Nacional y de Salud y Recursos Humanos, que actuaron con lentitud y torpeza a la separación de familias, según confirmó este miércoles un informe de la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO).
La entidad, que es el brazo investigador del Congreso, dijo en un informe de 40 páginas que la política de “tolerancia cero”, anunciada en abril pasado el fiscal general, Jeff Sessions, para criminalizar los cruces fronterizos, contribuyó a un drástico aumento en la separación de familias en la zona.
Unaccompanied Children: Agency Efforts to Reunify Children Separated from Parents at the Border https://t.co/zX6lbUJT2P
— U.S. GAO (@USGAO) October 24, 2018
Como los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Salud y Recursos Humanos (HHS), no recibieron previo aviso de esa política, no pudieron elaborar un plan eficaz para el aumento de familias separadas y el envío de menores a albergues operados por el gobierno, dijo el documento.
Tampoco tuvieron un plan en marcha para cuando el juez federal Dana Sabraw ordenó, el pasado 26 de junio, la reunificación de padres con sus hijos menores de edad, agregó el informe.
La GAO delineó las trabas burocráticas, la falta de coordinación y caótica comunicación entre las distintas agencias federales encargadas de la detención y procesamiento de inmigrantes indocumentados en la frontera.
Según la GAO, en noviembre de 2017 funcionarios de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del HHS recibieron instrucciones de que el gobierno no tenía planes de separar a las familias y, por lo tanto, no debían tener un plan de contingencia.
Sin embargo, las autoridades habían registrado un aumento drástico en la separación de padres y niños en la frontera sur. Para agosto de 2017, por ejemplo, el número de inmigrantes separados de sus hijos había aumentado en un 3,6%, en contraste con el 0,3% en noviembre de 2016.
Tal fue el caos y la falta de coordinación que la ORR, que normalmente tiene bajo su custodia a niños no acompañados centroamericanos –en su mayoría adolescentes- tuvo que improvisar espacios en sus albergues para el creciente número de niños menores de cinco años que tuvo que acoger.
En uno de los albergues, por ejemplo, salones que antes servían de aulas para jóvenes tuvieron que “hacer espacio para cunas, pequeños muebles y juguetes adecuados para niños pequeños”, dijo la GAO.
Otro problema fue que antes de abril pasado, en todo caso, estas agencias no tenían una forma consecuente para documentar en sus bases de datos el número de padres y niños separados en la frontera y, aunque posteriormente mejoraron sus métodos, es imposible precisar si estos cambios contribuirán a agilizar la reunificación familiar, dijo la GAO.
En total, el gobierno identificó a 2,654 menores de edad sujetos a la posible reunificación con sus padres, y para el pasado 10 de septiembre, 437 aún estaban bajo custodia federal, indicó el informe, que fue solicitado por el congresista demócrata de Nueva Jersey, Frank Pallone.
“Este inquietante informe de la GAO muestra las consecuencias trágicas de poner en marcha una política cruel y equivocada sin ninguna preparación o previo aviso a las agencias encargadas de implementarla”, se quejó Pallone en una declaración escrita.
Un informe más actualizado de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), cuya demanda logró la reunificación familiar, indicó recientemente que el número de niños bajo custodia de ORR totaliza 250.
El juez Sabraw dio un plazo hasta el pasado 26 de julio para la reunificación familiar, pero la Administración ha justificado la detención de menores argumentando que no pudo establecer el parentesco de algunos, o que algunos padres ya fueron deportados o tienen antecedentes penales.
We are in the courts, streets, and Congress to hold the Trump administration accountable for the damage it has done to immigrant families. pic.twitter.com/i4LeZiDuOZ
— ACLU (@ACLU) October 24, 2018
Aunque los informes de GAO suelen incluir recomendaciones, en esta ocasión la entidad explicó que no las formuló porque ya había recomendado que el DHS y el HHS mejoraran sus métodos para transferir a menores a la custodia de la ORR. El informe refleja los “comentarios técnicos” que aportaron ambas agencias.
Una portavoz del DHS, Katie Waldman, dijo en un comunicado que la Administración ha agilizado la reunificación familiar de miles de niños y ha evitado la de otros si considera que ésos corren peligro.
Waldman también dejó en claro que, siguiendo las instrucciones que dio Sessions en abril pasado, la Administración seguirá enjuiciando a quienes crucen ilegalmente la frontera, y no descartó que haya más separaciones de familias si los adultos tienen antecedentes criminales.
La GAO divulgó su análisis en unos momentos en que la Administración Trump sopesa recrudecer la vigilancia fronteriza mientras una caravana con hasta 7,000 migrantes centroamericanos se aproxima a la frontera sur de EEUU.
