Estudiante de Los Ángeles demanda a DHS por arrestarla y negarle el DACA en represalia a su activismo

Es la primera demanda de este tipo presentada en una corte federal; Claudia Rueda aún vive con terror de que vuelvan a arrestarla

Claudia Rueda, de 23 años y estudiante de Cal State Lo Angeles, present una demanda contra DHS ayer en Los Ángeles, alegando que el gobierno federal le niega la oportunidad de presentar solicitud de DACA.  (Aurelia Ventura/La Opinion)
Claudia Rueda, de 23 años y estudiante de Cal State Lo Angeles, present una demanda contra DHS ayer en Los Ángeles, alegando que el gobierno federal le niega la oportunidad de presentar solicitud de DACA. (Aurelia Ventura/La Opinion)
Foto: Aurelia Ventura / Impremedia/La Opinion

Claudia Rueda, una activista proinmigrante y estudiante de la Universidad Estatal de California, Los Ángeles (Cal State L.A.), entabló una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por represalias, al arrestarla después de su campaña contra la detención de su madre, y por negarle la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“El Departamento de Seguridad Nacional me ha hecho un blanco. Quieren deportarme y silenciarme por mi activismo político, pero no me voy a rendir ante sus tácticas de miedo y represalias en mi contra”, dijo la joven durante una conferencia de prensa afuera del edificio federal en el centro de Los Ángeles.

El 18 de mayo de 2017, agentes de la Patrulla Fronteriza – sin identificarse – arrestaron en Boyle Heights a la estudiante de 23 años cuando en pijamas, salió a mover su carro para permitir el paso a la barredora de calles.

“Por semanas no me dijeron por qué me habían detenido. Esto es lo que yo llamo abuso de poder”, expresó Claudia.

Aboga por madre detenida

La joven no tenía récord criminal, ni ninguna orden de deportación previa que hubieran dado pie para su arresto, pero sí se había distinguido por presionar fuerte y públicamente por la liberación de su madre.

Claudia Rueda junto a sus abogados, Mónica Langaricia y John Ulin. (Aurelia Ventura/La Opinion)

Semanas antes de su arresto, su progenitora había sido detenida en una redada en Boyle Heights conducida por la Patrulla Fronteriza en coordinación con el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

A Claudia, los agentes de la Patrulla Fronteriza la mantuvieron bajo custodia en el Centro de Detención de la Mesa de Otay en San Diego, y la pusieron en proceso de deportación. La estudiante pasó detenida tres semanas. Al salir en libertad, solicitó el DACA, pero le fue negado sin explicación alguna.

La estudiante consideró que ella es parte de un patrón de represalias contra los activistas proinmigrantes en toda la nación. “En el último año, más de una docena de activistas han sido blanco (de represalias). El DHS ha usado su poder para intimidar y reprimir a las comunidades inmigrantes”, indicó.

Agregó que las continuas represalias del DHS han afectado su salud mental. “Fui diagnosticada con trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad. He perdido mucho peso. Después de salir de la detención, sufrí desmayos, procesaba la información muy lentamente, no podía concentrarme y tuve que dejar la escuela por un tiempo”, dijo.

Añadió que todavía cuando camina y maneja, siente que la siguen.

Admitió que ha sido muy doloroso lidiar con las represalias del DHS en su contra. “En el último año, he vivido con este trauma y este miedo, pero no me voy a dar por vencida, ni me voy a quedar callada. Voy a seguir luchando porque el DHS va a seguir criminalizando a mi comunidad y a los activistas”,  enfatizó.

Claudia cursa la carrera de Estudios Latinoamericanos en Cal State L.A. y espera graduarse el próximo año. Su sueño es convertirse en una terapista en trabajo social.

Sigue la lucha

Mónica Langarica, abogada de migración, dijo que Claudia sigue peleando en la corte para permanecer en el país. “No tenemos respuesta a la pregunta de si va a poder quedarse en esta comunidad que tanto la quiere”, afirmó.

 

Numerosas personas estuvieron en la conferencia de prensa apoyando a Claudia Rueda. (Aurelia Ventura/La Opinion)

 

“Ella metió a tiempo su aplicación de DACA, antes de que Trump terminara este programa. Cumplía con todos los requisitos. Se lo negaron con una sola frase que decía, ‘no ha establecido que merece el DACA’”, explicó la jurista.

Su defensora explicó que la solicitud para el DACA era muy completa, ya que incluyó cartas de la senadora Kamala Harris, del alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, de sus profesores en Cal State Los Ángeles, así como un historial de educación ejemplar.

“Aún así le negaron la aplicación sin seguir su propio proceso. Sin equivocarme, esto se entiende como una represalia contra Claudia por su historial de activismo, por haber liberado a su mamá, y lleva el mensaje a la comunidad para que no hablen contra las políticas de migración”, consideró.

Que le den DACA

El abogado principal de la demanda federal, John C. Ulin – de la firma Arnold & Porter -, dijo que la querella fue archivada en la corte federal de Los Ángeles con la intención de eliminar la negativa de DACA para Claudia, y que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reconsidere su solicitud y se la aprueben.

“O que nos digan qué le hace falta, lo cual no van a poder, porque no hay razón para negársela. Es claro que ella está calificada para recibir el DACA. Al negársela, van en contra de sus propias reglas, sobre todo porque no explican por qué no quieren dársela”, indicó.

“Es completamente ilegal que no le den oportunidad de defenderse contra los argumentos de no darle DACA”, remarcó el abogado.

Y dijo que esperan tener una audiencia para que un juez determine comenzar de nuevo con el proceso de DACA, y que encuentre que el gobierno violó sus derechos cuando a Claudia prácticamente la secuestraron sin darle ninguna explicación y la retuvieron por tres semanas sin informarle de sus cargos.

“Creo que la respuesta del gobierno a esta demanda será pelearla hasta el final; aún así, vayamos a una apelación. Pero nuestra obligación es desafiar al DHS cada vez que violen sus propios procedimientos, y así lo vamos hacer hasta que tengamos una nueva administración, que respete la ley y los derechos de la gente”, expresó Ulin.