Familia de Santa Ana es desalojada tras 26 años de vivir en la misma casa

Hace más de dos décadas, Reyna Mendoza comenzó a alquilar una casa de cuatro recámaras sobre la Calle Cuarta, casi esquina con la Calle Lacy en Santa Ana.

En la entrada plantó un arbolito que fue creciendo junto a sus tres hijas que ahora tienen 26, 21 y 20 años.

No obstante, este año, con la muerte del dueño de la casa, la vida de Mendoza también cambió drásticamente.

“Sus hijos heredaron la propiedad y la pusieron a la venta de inmediato. No se me informó nada y un día solo mire un letrero (de venta) en la casa”, dijo Mendoza.

Al enterarse que la casa estaba a la venta, la mujer de 45 años intentó poner una oferta para comprarla.

“Pero no nos tomaron en cuenta. Ya había otras ofertas”, dijo Mendoza, quien aseguró que solo recibió una notificación de 60 días para dejar la propiedad, la cual se vence este 31 de octubre.

“Yo rentaba dos recámaras para ayudarme con la renta y me siento muy mal porque los señores que son de la tercera edad se tuvieron que ir”, contó Mendoza, quien es activista comunitaria y trabaja en ventas.

Sus hijas también han sido afectadas severamente, dijo la madre. “Una de ellas estaba llorando en su cuarto. Dijo que estaba recordando memorias de cuando era niña y yo solo le digo que todo es para bien, que por algo pasan las cosas”.

El costo de alquiler por los cielos

Mendoza dijo que al vivir por tantos años en la misma localidad, desconocía el costo actual de una casa de ese tamaño.

“Yo pagaba 1,600 dólares de renta y nunca hubo contrato. Solo de palabra nos comunicábamos con el [exdueño]”, dijo Mendoza. “Ahora que busco, las rentas van de 3,000 dólares a 4,000 dólares y hasta las mascotas son afectadas porque cobran renta por cada una”, aseguró la dueña de dos perritos.

Activistas que acompañaron a Mendoza el martes por la mañana en una conferencia de prensa afuera de la casa, culparon el alto precio de alquiler de las casas en el aburguesamiento no controlado.

“En Santa Ana hay 350,000 habitantes que somos inquilinos y más de 5,900 niños que están en situación de calle (sin hogar) en el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana”, dijo Idalia Ríos, activista con  Vecindario Lacy en Acción (VELA) y la Coalición Inquilinos Unidos por Santa Ana.

Ella dijo que están haciendo un llamado al Ayuntamiento de Santa Ana y a los políticos estatales para que apoyen un tipo de renta controlada, la cual no existe en la ciudad.

“Del 2014 al 2015 se reportaron más de 500 desalojos con el Sheriff, que ahí es donde ya llegan a corte”, dijo Ríos, asegurando que todavía falta contar a todos los inquilinos que son desalojados y no pelean sus casos.

“Las rentas en Santa Ana están muy caras y me están obligando a irme y yo no me quiero ir”, dijo Mendoza entre lágrimas  durante la conferencia de prensa. “Lo bueno que yo tengo mis hijas grandes, pero este no es solo mi caso, es el de muchas familias”.

Se deben pasar medidas justas

Mendoza dijo estar consciente que no puede hacer nada para quedarse en la vivienda, ya que la decisión del nuevo dueño esta tomada.

“Creo que hasta van a demoler la casa para construir una nueva porque ellos son de esos que compran y venden”, dijo Mendoza refiriéndose al desarrollador que adquirió la propiedad.

Debido a su bajo salario, Mendoza dijo que esta considerando mudarse a Corona o Irvine. Sus hijas la ayudan, pero no mucho porque estudian y trabajan.

“Ya saqué algunas cosas y las guardé en un [contenedor rentado]. Todavía no se a dónde me voy a ir, pero aunque me vaya de Santa Ana por ahora, regresaré porque yo soy Santaanera”, recalcó.

Ríos dijo que lo justo sería que la ciudad implemente medidas de protección para los inquilinos y así evitar los desalojos inmediatos.

“Pedimos que nos den una ordenanza de causa justa [para el desalojo] como incumplimiento de contrato, el uso de sustancias tóxicas o destrucción del inmueble. No solo por gusto”, dijo Ríos. “En lo que no estamos de acuerdo es en un programa de mediación donde el dueño tiene que enfrentarse al inquilino porque ¿quién cree que va a ganar?”

Apenas el 15 de octubre un grupo de inquilinos a favor del control de renta en Santa Ana quedó corto por 500 firmas para poner una propuesta en la boleta electoral de 2020 que limitaría el aumento de los alquileres. En total se necesitaban 9,854 firmas válidas..

Anteriormente no cumplieron con la fecha límite en el verano para calificar para la boleta del 6 de noviembre.

No obstante, los inquilinos y activistas dicen que su única oportunidad es apoyar la Propuesta 10 en la boleta electoral de noviembre, la cual proveería un control de alquiler a nivel estatal si fuera aprobada.