Tribunal Supremo acepta revisar caso de testimonio obligatorio de secretario de Comercio sobre Censo

El caso ante el Tribunal Supremo es sobre si el secretario de Comercio, Wilbur Ross, debe o no dar testimonio bajo juramento sobre las razones para incluir la pregunta de ciudadanía en el Censo de 2020.

El temor a responder cierta pregunta puede afectar el conteo.

El temor a responder cierta pregunta puede afectar el conteo. Crédito: Spencer Platt/Getty Images

WASHINGTON—El Tribunal Supremo aceptó este viernes escuchar un caso contra el secretario de Comercio, Wilbur Ross, para obligarlo a dar testimonio sobre la polémica inclusión de una pregunta sobre la ciudadanía en el Censo de 2020, un asunto que ha enfrentado a la Administración con varios gobiernos estatales y grupos cívicos en todo el país.

Un juez de distrito de Nueva York, Jesse Furman, emitió un dictamen reciente que autoriza una declaración bajo juramento de Ross sobre las deliberaciones de la Administración para la inclusión de una pregunta sobre la ciudadanía en el censo decenial de 2020.

Su dictamen respondió a una demanda de 17 estados y el Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense, que intentan bloquear esa pregunta en los formularios del censo en 2020.  California entabló su propia demanda contra la Administración por el mismo asunto.

Al aceptar a trámite el caso de revisión, el Tribunal Supremo programó una audiencia oral para el 19 de febrero de 2019, lo que en teoría ayudará en sendos juicios contra la Administración en Maryland y California, a principios de año.

Los resultados del censo determinan la demarcación de distritos electorales, el número de escaños en la Cámara de Representantes, y el desembolso de miles de millones de dólares en fondos federales para programas sociales.

Activistas de grupos cívicos y defensores de los inmigrantes aseguran que la inclusión de la pregunta sobre la ciudadanía –anunciada por Ross en marzo pasado- solo intenta desalentar la participación de los inmigrantes, lo que a su vez, provocaría un conteo bajo e impreciso sobre estas comunidades.

El efecto sería mayor en estados con alta concentración de inmigrantes.

La Administración ha argumentado que la pregunta sobre la ciudadanía es necesaria para hacer cumplir el “Acta del Derecho al Voto” de 1965, y considera innecesario que Ross tenga que dar una declaración bajo juramento.

Pero documentos presentados en  el juicio en Nueva York apuntan a que Ross mintió sobre sus contactos con el Departamento de Justicia para la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía, que ocurrieron mucho antes de que la agencia la solicitara en diciembre pasado.

Por ello, los demandantes quieren que Ross rinda testimonio bajo juramento sobre sus cambiantes explicaciones.

Se calcula que hay 43 millones de extranjeros en Estados Unidos, incluyendo a once millones de inmigrantes indocumentados.

Con mayor frecuencia, hay hogares con estatus migratorios mixtos, incluyendo a ciudadanos naturalizados, personas con permisos temporales, e inmigrantes “sin papeles”, y la inclusión de la pregunta sobre la ciudadanía podría desalentar la participación en esos hogares por temor a la deportación de familiares.

Dale Ho, director del Proyecto de Derecho al Voto de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), señaló en un comunicado que la Administración Trump está “aterrorizada de tener que explicar oficialmente por qué añadió una pregunta sobre la ciudadanía, y ha intentado en repetidas ocasiones escudar al secretario de Comercio, Wilbur Ross, de contestar preguntas bajo juramento”.

La ACLU interpuso una demanda para frenar el nuevo plan del Censo 2020.

“Se debe considerar toda la evidencia relevante. Está claro que la administración añadió la pregunta de la ciudadanía para intimidar a comunidades inmigrantes, no para hacer cumplir el Acta de Derecho al Voto”, puntualizó.

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