Amnistía Internacional lidera campaña para frenar la detención de niños y familias

La Administración Trump ha hecho caso omiso a los reclamos para poner fin a la detención de las familias inmigrantes y, por el contrario, ha recrudecido las restricciones para el asilo, desatando así una prolongada lucha en los tribunales.
Amnistía Internacional lidera campaña para frenar la detención de niños y familias
Un dibujo de "Mario", un niño guatemalteco que lleva 119 detenido junto con su madre en Dilley (Texas) forma parte de campaña de Amnistía Internacional USA contra detención de familias. Foto: suministrada
Foto: Amnistía Internacional USA

WASHINGTON— Mientras miles de estadounidenses se preparan para conmemorar el “Día de Acción de Gracias”,  niños migrantes como “Mario” permanecen encerrados en un centro de detención para familias en Dilley (Texas) y sin un destino claro, por lo que Amnistía Internacional USA ha una campaña digital para exigir su puesta en libertad.

En el ” Día Universal del Niño”, el grupo humanitario ha querido destacar hoy la urgencia de que la Administración Trump no solo ponga en libertad a las familias migrantes sino que cese la práctica de su detención indefinida.

Ayer lunes, un juez federal en San Francisco (California), Jon Tigar, bloqueó temporalmente las restricciones de asilo que impuso la Administración Trump el pasado 9 de noviembre para solicitantes de asilo en la frontera sur.

La Administración Trump ha insistido desde siempre en que el Congreso debe eliminar “las lagunas legales” que, a su juicio, alientan la inmigración ilegal en EEUU, además de que defiende las condiciones en los centros de detención para familias y su combate contra los cruces ilegales en la frontera sur.

Hasta ahora, el sistema judicial ha servido de contrapeso a las acciones de la Administración que, según los activistas, contravienen las leyes federales, la Constitución, y los convenios internacionales.

Pero hoy mismo, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, condenó el dictamen del juez Tigar, a quien calificó como uno de varios “jueces activistas que imponen sus preferencias por políticas de fronteras abiertas”.

“Esta decisión abrirá las compuertas, invitando a un sinnúmero de extranjeros ilegales a que inunden el país a costas del dinero de los contribuyentes estadounidenses”, dijo Sanders, repitiendo los argumentos de la Administración y grupos ultraconservadores de que los inmigrantes indocumentados con una “carga pública” y una amenaza para la seguridad nacional.

Amnistía Internacional USA ha liderado una campaña de presión para lograr la puesta en libertad de familias en el centro de detención en DIlley que, con 2,400 camas, es el más extenso en Estados Unidos.

De aproximadamente un centenar de familias reunificadas y enviadas a Dilley, 37 han afrontado una detención de al menos cinco meses.

El viernes pasado, 29 familias salieron en libertad, tras una decisión que ha puesto bajo los reflectores lo que Amnistía Internacional califica como una política de “hostilidad” hacia los solicitantes asilo.

Sin embargo, ocho familias centroamericanas, incluyendo “Mario” y su madre, “Andrea”,  continúan bajo encierro de forma indefinida desde que cruzaron ilegalmente la frontera el pasado 8 de mayo.

El encierro de “Andrea” y “Mario”

Mientras otros niños de su edad piensan en las vacaciones o en la temporada de compras navideñas, “Mario” lo único que pregunta, casi a diario,  es cuándo saldrá del encierro, y confunde cada sobre o correspondencia que recibe “Andrea” con un aviso de su pronta salida.

Los pocos juguetes que tiene en el centro le aburren, la comida de siempre lo tiene “harto” y le ha quitado el apetito, y en las clases de inglés –hacinado con otros niños y jóvenes- tampoco le va mejor: según “Andrea”, el niño apenas ha podido aprender los números, y le preocupa que sea un problema de aprendizaje por la ansiedad que siente en condiciones de encierro.

La frustración lo asaltó con dureza el viernes pasado, cuando tuvo que despedirse de otros niños y familias que fueron puestas en libertad tras ser reunificadas por orden judicial.

“¿Cuándo nos vamos?”, es su pregunta todo el día, todos los días, y la respuesta de “Andrea” es siempre la misma: “no lo sé”.

Esa es la situación que, en entrevista telefónica desde Texas con este diario, describió hoy Katy Murdza, coordinadora del “Proyecto Pro Bono en Dilley”, que da representación legal gratuita a muchas familias detenidas en ese centro.

“Nuestro otro gran objetivo es poner fin a la detención de familias. La Administración ahora dice que está manteniendo juntas a las familias, pero es que tampoco deberían estar encerradas, y los niños en particular no pertenecen en un lugar como ése”, argumentó Murdza.

“Acá vemos el daño físico y emocional que sufren los niños, acá no hay especialistas, como un cardiólogo, o un ginecólogo para las mujeres embarazadas, y les dicen que tienen que esperar hasta salir en libertad. A veces oímos a padres que temen que sus niños tienen algún problema respiratorio grave, y solo les dan algún remedio como Vicks VapoRub”, señaló.

Murdza condenó la política de “tolerancia cero” en la frontera sur, que aceleró la detención prolongada de familias y, recientemente, ha incrementado las trabas en el proceso de asilo.

“Cualquier padre o madre haría lo que fuese necesario para proteger a sus niños, y si emprenden ese difícil viaje a EEUU es porque sienten que no tienen opciones, que su país ya no es un lugar seguro para sus hijos.  La detención no es eficaz; es costosa y traumática para estas familias, y el gobierno debería permitirles llegar a su destino final, presentar su caso ante un juez y seguir su proceso de asilo”, subrayó Murdza.

“Andrea” y “Mario” huyeron del acoso y violencia que afrontaron en Guatemala por ser miembros de la comunidad indígena Q´eqchi, y jamás pensaron que al llegar a EEUU serían separados durante 73 días.

“Andrea” fue transferida a tres centros de detención en el suroeste mientras que “Mario” fue enviado a Nueva York, antes de que finalmente fuesen reunificados y enviados a Dilley el pasado 25 de julio.

Juntos ya han pasado 118 días bajo encierro, es decir, 2,832 horas de espera a una resolución de su caso.

La mayoría de las familias en Dilley provienen de los países del “Triángulo del Norte” –Guatemala, El Salvador y Honduras-, considerada una de las zonas más violentas del mundo.

En declaraciones a este diario, Rebecca Ma, subdirectora de la campaña, señaló que la detención de familias “es cruel e irresponsable, y traiciona a las familias que huyen de la violencia y persecución y que simplemente piden protección”.

“Las familias que buscan asilo deben ser puestas en libertad, con opciones distintas a la detención, y deben tener una oportunidad justa y humana para defender sus casos”, señaló.

El Congreso también debe frenar los planes de la Administración Trump de expandir los centros de detención, y rechazar cualquier solicitud de incrementar los fondos para esas instalaciones, enfatizó.

Por su parte, Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional USA,  afirmó que es inaceptable que en el “Día Universal del Niño”,  los niños migrantes vivan en condiciones de encierro prolongado en Estados Unidos y con temor de lo que pueda ocurrirles.

“Lo que el gobierno de EEUU está haciendo es abominable. Bien podría poner en libertad a estas familias mientras solicitan asilo… Estados Unidos ha fracasado en la protección de los derechos de los niños al negarse a hacer lo correcto mientras persigue crueles políticas de odio y satanización” de los inmigrantes, argumentó Huang.

Huang, madre de dos adolescentes, visitó el pasado 26 de octubre un centro para niños no acompañados en Tornillo (Texas), que en la actualidad aloja a más de 1,100 jóvenes entre 13 y 17 años.

La campaña de Aministía Internacional USA cuenta con el co-patrocinio de los grupos “Proyecto Pro Bono de Dilley”, el “American Immigration Council”,  y la “Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU” (AILA).