Residentes de Huntington Beach y Los Alamitos unen fuerzas en pos de la ley de estado santuario

En Oakview, la única comunidad latina en la ciudad de Huntington Beach del condado de Orange, colaborar con la policía se ha vuelto una decisión difícil.

“Muchos de nuestros residentes tienen temor de que al comunicarse con la policía, ellos le vayan a estar dando la información a ICE y tienen miedo que los deporten”, dice Victor Valladares.

La comunidad de una media milla cuadrada esta poblada por gente de los estados mexicanos de Morelos y Puebla, y personas centroamericanas.

El temor se debe a que el año pasado la ciudad de Huntington Beach – al igual que varias otras del condado de Orange y de todo California – se opusieron y demandaron para no acatar la ley de estado santuario (SB54) que restringe la colaboración entre policías locales y la migra.

La municipalidad argumentó que la ley Santuario interfiere con su autoridad para hacer cumplir las leyes y ordenanzas locales.

En septiembre, el juez de la corte superior del condado de Orange, James Crandall, falló que California no puede obligar a la ciudad de Huntington Beach a cumplir con la ley Santuario, y determinó además que la legislación era anticonstitucional.

Argumentó que las ciudades chárters que han creado sus propios estatutos tienen un alto grado de autonomía.

Al conocerse la decisión, el Departamento de Policía de Huntington Beach emitió un comunicado indicando que continuarían cooperando con el ICE en asuntos que conciernan a la seguridad pública dentro de los parámetros de la ley.

“Hay momentos cuando es apropiado para nosotros como agencia del orden comunicarse con ICE para fortalecer la seguridad pública. Nuestra meta es ejercer el criterio y tener la opción de comunicarnos con otras agencias del orden, y la SB54 limita esa discreción”, señalaron.

Miedo en la comunidad

Es por eso que demandantes como Valladores, y el Rev. Sam Pullen de la iglesia Community Congregational United Church of Christ de Los Alamitos – la primera municipalidad que se opuso abiertamente a la ley de estado santuario – unieron fuerzas con activistas y presentaron ayer una apelación para revertir la decisión de la corte local.

Valladares dijo que la idea de la querella es forzar a la ciudad de Huntington Beach a que “obedezca la ley estatal”.

Sameer Ahmed, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que presentó el reclamo legal, dijo que éste pretende “luchar contra la decisión de la ciudad bajo las políticas antiinmigrantes de sus políticos y hacer valer la ley de Valores de California de inclusión y proteger a nuestros residentes”.

“Esperamos que esta importante ley estatal sea respetada no solo en Huntington Beach, sino en todo el estado”, puntualizó.

El otro demandante, el Rev. Samuel Pullen, dijo que “desde el principio, ha estado claro que los políticos que están tratando de destruir la ley de estado santuario están motivados por impresionar a Trump y tratar de dividir a nuestras comunidades”.

“No teníamos un problema con la inmigración ilegal en nuestras comunidad. Lo que teníamos es autoridades que emiten odio…y eso ha traído mucho miedo, división, entre vecinos, entre la gente en las escuelas. Los niños han visto un incremento en ataques basados en la raza”, describió el Rev. Pullen. “Eso necesita terminar ya”.