Amenazan de muerte al Sheriff de Los Ángeles por su postura proinmigrante

La postura del Sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, en favor de los inmigrantes no solamente desató la ira de quienes se oponen a la Ley Santuario de California (SB54), sino que le han valido amenazas en su contra.

“No lo hemos tomado en serio, pero había dos correos electrónicos que eran bastante específicos y no los podíamos ignorar”, dijo Villanueva a La Opinión tras una reunión comunitaria con activistas latinos en Plaza México de Lynwood. “No hay detenidos, pero se están investigando [las amenazas de muerte]”.

No reveló cuál era su contenido específico.

Los intentos de intimidación al Sheriff surgieron desde que asumió el cargo, en sustitución de Jim McDonnell, a quien derrotó en la elección de noviembre de 2018.

En su campaña, Villanueva prometió limitar la colaboración de su departamento con autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo las normas de la Ley Santuario de California.

¿Teme usted por su vida?

“Bah, eso es algo que se espera; siempre va a haber un loco dondequiera que no está de acuerdo con lo que uno haga”, dijo a la Opinión. “No voy a preocuparme porque estoy haciendo lo que se supone que debo hacer”.

“En la seguridad pública no importa tu condición migratoria; ello no solo es un derecho humano sino también un derecho civil; todas nuestras comunidades importan; todos somos merecedores de la seguridad pública”, dijo. “Pero hay gente que está empujando fuerte por mi posición de remover a los agentes de ICE de las cárceles, pero seguimos haciendo el traslado de quienes han cometido delitos graves, han sido convictos y sentenciados y son una amenaza pública”.

Añadió que frente a este reto, “se tiene la percepción de que estamos dejando salir libres a todos y ellos piensan que estamos interfiriendo en su trabajo, pero yo le digo que nosotros no vamos a usar nuestros limitados recursos para hacer el trabajo de ellos; nosotros estamos aplicando la ley [SB] 54 que permite el traslado de los criminales violentos, pero no a los no violentos; ese es el balance que la legislatura hizo en 2017 entre la seguridad pública y el pueblo; nosotros no estamos aquí para aplicar las leyes de ICE”.

ICE en las cárceles

Bajo la administración de los Sheriff Lee Baca y McDonnell, los agentes federales de inmigración entrevistaban a los reos sospechosos de ser indocumentados.

De hecho, entre 2016-2017, el Departamento transfirió a más de 2,100 reclusos de las cárceles de Los Ángeles para ser deportados. Muchos de ellos fueron personas convictas de ofensas no violentas o delitos menores.

En la actualidad, bajo el mandato de Villanueva, el LASD ha reducido de 151 a 101 el número de cargos por delitos menores que podrían concluir en la entrega de un individuo para su deportación.

Por ejemplo, ha eliminado el cargo por vandalismo.

“Cuando le rogamos a la exsupervisora Gloria Molina que cancelaran el programa 287g que tenían con ICE nos dijo que éramos una bola de escandalosos; después quisimos tener una conversación con McDonnell para que respetara la ley SB54 e hizo caso omiso”, indicó Juan Josee Gutiérrez, director ejecutivo de la organización proinmigrante Vamos Unidos USA. “Pero con los nuevos líderes en el gobierno del condado y las protecciones a la comunidad, los que apoyamos al sheriff Villanueva estamos con él y vamos a trabajar para protegerlo”.

Una esposa teme por su marido

Vivian Villanueva, esposa de Sheriff y quien también sirvió en las fuerzas del orden público por 24 años, expresó que las advertencias “sí asustan”.

“Las amenazas han sido parte de nuestra carrera, pero las oraciones de la familia y de nuestra comunidad han sido de mucha ayuda”, dijo ella. “Yo vi los mensajes, y ahora sí me da mucho miedo”.

¿Qué decían los mensajes?

“No puedo decirlo; son amenazas graves, pero el apoyo de la comunidad nos hace fuertes de que vale la pena el esfuerzo”, dijo la exagente del Sheriff quien nació y creció en el Este de Los Ángeles. “La última amenaza llegó en enero, pero yo confío en que la Virgen de Guadalupe nos va a proteger”.’

Añadió que a su esposo “porque es un hombre noble” lo quiere mucho y lo protege la comunidad de los agentes, así como la propia comunidad hispana. “El, cada vez que va a dar una entrevista a quienes están a favor de ICE, se pone un rosario en la bolsa del pantalón para que le llegue la oración y la bendición de Dios”.

Pablo Alvarado, director ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) dijo que a él no le preocupaban las amenazas contra el Sheriff.

“Le diría bienvenido al club [de los amenazados]; y al contrario, eso le debe dar a él más ahínco y energía para seguir haciendo lo que está haciendo”, dijo. “Eso significa que está haciendo lo correcto, y señal de que a los opositores ya no tienen argumentos lógicos ni justos para oponerse a las reformas en el Departamento del Sheriff, aunque obviamente tiene que tomar todas las medidas de precaución que considere necesarias”.

Protección a “extranjeros ilegales”

Lori Haley, portavoz de ICE, dio a conocer a La Opinión que, en respuesta a pronunciamientos públicos recientes, Thomas P. Giles, director interino de la Oficina de Campo del Remoción de Los Ángeles, declaró que “el Sheriff
Villanueva brindaría refugio a los extranjeros criminales que evadían la justicia en su jurisdicción solo semanas después de que se acusara a un extranjero criminal por el asesinato del policía Ronil Singh, en el norte de California, (lo que) muestra un conjunto preocupante de prioridades”.

“No se equivoquen, estas restricciones fomentan la actividad de extranjeros criminales dentro de las fronteras del condado de Los Ángeles y solo protegen a los extranjeros ilegales con tratos en el sistema de justicia penal”, expresó Giles.

“A pesar del aumento de los peligros causados por esta política, las Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) de ICE en Los Ángeles continuarán realizando operaciones de cumplimiento a gran escala para mejorar la seguridad pública en el condado” de Los Ángeles.

En efecto, agentes de inmigración realizaron al menos tres redadas de largo alcance en 2018, cuando arrestaron a más de 200 personas en febrero; otras 162 en junio y 150 más en septiembre, considerados como “amenaza a la seguridad pública”, incluyendo a quienes reingresaron ilegalmente a Estados Unidos, criminales que cumplieron una condena o presuntos miembros de pandillas.